"Sistema de pago de favores": las redes judiciales y políticas del conservador más poderoso de Chile

—Llama la atención que una persona de regiones, sin ligazones familiares con el Poder Judicial, acceda a este cargo.

—Ése es un punto a favor de quienes nos hemos dedicado a una función tras una trayectoria y a quienes se nos reconoce de alguna manera el trabajo profesional, con suerte, claro está, pero también por méritos.

En septiembre de 2008, Kamel Saquel Zaror, conservador de Bienes Raíces de Santiago, fue entrevistado por su alma mater, la Universidad de Concepción. Ya llevaba una década en el cargo.

—Me vanaglorio con gusto de mi procedencia académica —subrayó en aquella oportunidad.

Hoy, tras 25 años en el poder, sus conexiones judiciales y políticas afloran a borbotones. Dentro de sus filas se cuentan hijos, hijas, sobrinos y cuñados de notarios, parlamentarios y ministros de la Corte Suprema.

La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó la plantilla de funcionarios del conservador de Santiago, el que Saquel conforma junto a Luis Maldonado Crocqueville y Carlos Miranda Jiménez. Sin duda, los tres asientos más codiciados de todo el sistema auxiliar de justicia.

Se trata de un empleo privilegiado cuyas remuneraciones nunca han sido transparentadas (aunque se habla que bordea los $150 millones mensuales). Y sus patrimonios son reflejo de aquello: Saquel, en el cargo desde 1998, declara acciones por $370 millones y 123 bienes inmuebles. Maldonado, por su parte, tras 25 años como conservador, declara 31 bienes inmuebles y participación en inmobiliarias, agrícolas y hasta una sociedad de inversión valorada en 1.400 millones de pesos.

Maldonado y su redil

Entre Saquel, conservador del Registro de Prohibiciones e Interdicciones de Enajenar; y Maldonado, conservador del Registro de Propiedad y Comercio, mantienen una amplia red de conexiones -judiciales y políticas- a través de sus funcionarios. Miranda, en tanto, como conservador de Hipotecas y Gravámenes, también ha hecho lo suyo, aunque en menor medida. Asumió el cargo a fines del año pasado.

Maldonado, para empezar, es hermano de la exfiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Crocqueville.

En su redil figura Margarita Bustos Munizaga, quien se desempeña como encargada de estudio de propiedades y, a su vez, es hijastra de Mario Carroza Espinosa, ministro de la Corte Suprema.

A ella se suma Claudia Lavanderos García, jefa de recursos humanos del Registro de Propiedad y Comercio, con un doble parentesco: por una parte, es esposa de Raúl Leiva Carvajal, diputado del Partido Socialista; y también es cuñada de Francisco Leiva Carvajal, notario de Santiago y conservador suplente del Registro de Hipotecas. Llegó al cargo bajo la suplencia de este último, previo a la llegada definitiva de Miranda, pero se ha mantenido en el cargo.

Roberto Bennett Cortés, gerente de servicio al cliente del CBS de Santiago, es hijo de Roberto Bennett Urzúa, notario y conservador de Peumo.

Las conexiones de Saquel

Saquel está casado con Inés Martínez Henríquez, exministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En su corral asoma José Cortés Abaroa, jefe de emisión de gravámenes y prohibiciones, quién está casado con la jueza Jacqueline Benquis Monares. Además es yerno de José Benquis Camhi, exministro de la Corte Suprema.

A él le siguen Roberto Medina Arévalo, formador del índice de prohibición del CBR, hijo de Jorge Medina Cuevas, exministro de la Corte Suprema; así como Alberto Ballesteros Barrientos, emisor de certificados de gravámenes y prohibiciones, hijo del expresidente del máximo tribunal del país, Rubén Ballesteros Cárcamo.

Sus incorporaciones más recientes, hace menos de un año, fueron Francisca Swett Salas, hija del notario de Quilpué, Carlos Swett Muñoz; además de Manuel José Ossandón Lira, hijo del senador RN del mismo nombre, como funcionario de alzamiento de prohibiciones.

La tía de este último, la diputada RN Ximena Ossandón, tuvo una intervención directa en la dinámica interna del CBRS. Para la elección de líderes sindicales del Sindicato N°1, realizada en marzo pasado, la parlamentaria grabó un vídeo en apoyo a Sylvia Figueroa, considerada la candidata de Maldonado y Saquel.

Otro fichaje registrado este 2023 ocurrió en el área de Carlos Miranda: se trata de Alicia Araneda Espinoza, exministra de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que hoy se desempeña como jefa de recursos humanos del Registro de Hipotecas. Se incorporó tras jubilarse del Poder Judicial.

Ilustración: Mistral Torres

Conflicto de interés

Algunas incorporaciones pueden llegar a significar conflictos potenciales. Como en el caso de Diego Ulloa Morgado, hijo del ministro Antonio Ulloa Márquez, quien se desempeñó como estudiante del Registro de Propiedad.

De acuerdo a fuentes de BBCL Investiga, trabajó allí cuando su padre era el encargado de fiscalizar el funcionamiento del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en su condición de ministro visitador. Consultados por esta situación, desde el conservador explicaron que el ministro del tribunal de alzada capitalino -ante tal conflicto- corrigió la situación y abandonó su condición de fiscalizador.

Oscar Gajardo, abogado socio del estudio de Roberto Zúñiga & Cía, es categórico a la hora de señalar la relevancia de todas estas conexiones. “En el CBR se entreteje un sistema de pago de favores y redes de poder que es muy insano para el sistema judicial chileno”, cuya “política sistemática impide que los trabajadores del CBR tengan un trato igualitario ante la ley. Su empleador pareciera intocable”, apunta.

En particular, lo dice a propósito de una demanda de tutela laboral de una funcionaria despedida, de iniciales M.J.G.S., a quien representa ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Según explicó, se le despidió por “problemas económicos” y otros “argumentos tan absurdos como la guerra en Ucrania”, pese a que “desde su despido en el CBR ya se han contratado a cerca de 40 personas”.

Su defensa plantea que estas mismas redes judiciales no le han permitido acceder a un juicio justo, con una demora de 14 meses cuando un proceso de ese tipo regularmente tarda unos seis meses. La audiencia preparatoria fue el 15 de diciembre y la audiencia de juicio se fijó para el 14 de julio de 2023. Sin embargo, el día anterior -pasadas las 22 horas- se informó vía web la reprogramación de dicha audiencia para febrero de 2024.

“En mis 35 años de carrera, jamás había visto una irregularidad tal, que significara hacer esperar a un trabajador 14 meses para su juicio por resoluciones dictadas a medianoche, lo que claramente sugiere influencias indebidas”, aseguró.

Asimismo, también apuntó sus dardos contra la diputada Ossandón por su rol, en el contexto de una pugna en que la directiva renunció y dejó acéfalo el sindicato en señal de desaprobación al despido de su cliente: “No hay que olvidar que su sobrino Manuel José Ossandón (hijo del senador) fue contratado y reemplazó a mi cliente”, subrayó.

“Son demasiadas coincidencias y todas las señales apuntan a que la relación entre el Poder Judicial, el CBR y el poder político es, al menos, cuestionable”, acusó Gajardo.

“Tienen que dictarse normas de transparencia”

Consultados por BBCL Investiga, Saquel y Maldonado declinaron responder directamente, pero delegaron la vocería a Carlos Miranda, en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, y su más reciente compañero en el conservador capitalino, tras asumir en el Registro de Hipotecas hace un año.

En cuanto a los conflictos de interés que se podrían generar en estas situaciones, Miranda explicó que se están tomando medidas para los efectos de evitar una eventual inhabilidad o una eventual situación poco clara. Por una parte, mencionó el artículo 159 número 11, en el actual proyecto constitucional, así como el proyecto de modernización del sistema de notarios y conservadores que se encuentra en el Congreso.

“En la Asociación de Notarios estamos plenamente de acuerdo en que tienen que dictarse normas de transparencia que sean lo más claras, que vayan en beneficio de la meritocracia”, afirmó.

Por ahora, la propuesta de reforma de los notarios y conservadores inhabilita a quienes asuman estos cargos la contratación de parientes y también a ministros de corte. “La asociación va a apoyar todo lo que tenga que ver con la modernización del sistema y transparencia del sistema notarial y conservador. Pero que siempre se cumpla con la ley y también con la Constitución”, remarcó.

En su opinión, “en toda institución, las Fuerzas Armadas, el sistema médico, siempre hay parientes. En todo ámbito siempre se puede dar. Acá estamos estableciendo una serie de procedimientos para la contratación, estamos elaborando un protocolo de contratación de funcionarios que sea transparente y con justos requisitos para todos”.

Respecto a las acusaciones de injerencia en un proceso de tutela laboral, Miranda descartó dicha situación y aludió a que las demoras simplemente se deben al colapso de los tribunales laborales. Por el contrario, aseguró que está la voluntad de cerrar lo más pronto posible ese capítulo.