Se trata de una historia de larga data, que el pasado 30 de agosto tuvo un giro en 180 grados. La disputa dejó en el ojo del huracán a la Dirección General de Aguas (DGA) y la Asociación de Canalistas del canal Zañartu, presidida por Patricio Sabag, hermano del diputado DC Jorge Sabag e hijo del histórico exparlamentario de la falange, Hosain Sabag.
El conflicto inició en mayo de 2019, cuando Colbún denunció ante la DGA que la mencionada agrupación estaba extrayendo más agua que los 22,6 m3/s (metros cúbicos por segundo) que le correspondían. En dicha instancia, la DGA no acogió la denuncia.
La empresa de generación eléctrica decidió apelar ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que en febrero de 2021 ordenó hacer “un nuevo y verdadero pronunciamiento sobre el fondo de todas las materias ventiladas en el procedimiento administrativo”.
Para septiembre de ese mismo año, la DGA cumplió lo requerido, evaluó la situación y cambió de criterio respecto a 2019: acogió la denuncia, multó con 500 UTM a los canalistas del canal Zañartu y reportó los antecedentes a fiscalía para que indagara el eventual delito de usurpación de aguas.
Tras ese revés, los canalistas acudieron a la Suprema, pero el recurso fue declarado inadmisible. En tanto, en diciembre 2022, la DGA rechazó el recurso de reconsideración que habían ingresado. De esa forma, hasta ahí, el asunto parecía zanjado tanto por la vía judicial como administrativa.
¿Prevaricación o amedrentamiento?
Sin embargo, el 14 de junio pasado, los canalistas jugaron una carta inesperada: interpusieron una querella criminal por el delito de prevaricación contra los tres altos funcionarios de la DGA que formaron parte de las resoluciones que les habían sido desfavorables.
Entre ellos, Carmen Herrera Indo, jefa del Departamento de Fiscalización; y Andrés Esparza Vidal, exdirector regional de aguas del Bío Bío, por la decisión de 2021.
También sumaron a Óscar Recabarren Santibáñez, jefe (s) de la División Legal, por la determinación que desestimó el recurso de reconsideración en 2022.
Como parte de los intentos por revertir la situación, en febrero pasado también acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para ejercer un reclamo contra la última decisión administrativa tomada por la DGA, que rechazó el recurso de reconsideración de diciembre 2022.
El caso fue expuesto el martes pasado ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde Juan Francisco Saldías, representante de la Junta de Vigilancia Río Diguillín, apuntó a que se trata de un claro acto de intimidación a los funcionarios.
Todo ello -acusan- habría llevado a la DGA a un cambio de opinión radical, y que administrativamente fue “maquillado” como un simple complemento a la resolución del año pasado.
La voltereta de la DGA
Así se llega a la última movida del 30 de agosto recién pasado, en que la DGA, aumentó de 22,6 m3/s a 33 m3/s los caudales que puede administrar la Asociación de Canalistas del canal Zañartu desde el río Laja.
“Frente a este inaceptable amedrentamiento a los funcionarios y, por otro lado, la influencia, manifestamos nuestro profundo rechazo a que, de oficio, y sin mediar la debida bilateralidad, la DGA aumente en forma arbitraria de 22,6 a 33 m3/s los caudales que supuestamente puede administrar la Asociación de Canalistas del canal Zañartu desde el río Laja”, subrayó Saldías ante la instancia parlamentaria.
Consultados por BBCL Investiga, la institución se defendió: “La DGA no ha revertido la decisión, sino que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu ingresó nuevos antecedentes al cumplir con la entrega de su registro de comunero actualizado antes del 31 de diciembre de cada año y por ello se emitió una nueva resolución”.
Asimismo, subrayaron que son “un organismo técnico que no actúa bajo presiones” y descartaron profundizar en el tema “considerando que es un proceso judicial en curso”.
Precisamente por este último punto es que las partes perjudicadas aseguran que la resolución de la DGA es derechamente ilegal, puesto que la normativa señala que cuando un asunto se encuentra judicializado “la administración -es decir, la DGA en este caso- deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”.
Sin embargo, en este caso, mientras la situación se encuentra siendo revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago desde febrero pasado, también la DGA decidió recibir nuevos antecedentes en marzo 2023 y, en base a estos, tomar la polémica resolución de agosto pasado.
“Daño enorme”
Se trata de un caudal de 10 metros cúbicos por segundo adicionales, que -en la práctica- son 11 mil nuevas hectáreas que se pueden regar.
El diputado de la región de Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), incluso fue más allá y da luces de las verdaderas intenciones de los beneficiados. “Digamos las cosas como son. Estas personas no quieren más agua para generar más alimento, porque no tienen más tierra que regar. La quieren para generar electricidad. Estos derechos dan para regar casi 11 mil hectáreas más, y en ese sector ellos no tienen esa cantidad de hectáreas”, afirmó.
En la comisión, el parlamentario también desclasificó una conversación privada que tuvo recientemente con el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera (IND).
—Yo hablé con el subsecretario. Él se jactó de haber resuelto un problema que se venía resolviendo hace tanto tiempo. Me dijo: “Bueno, nosotros en unos meses le resolvimos el problema al canal Zañartu”. Como diciendo: “Me insistieron tanto, que lo hice”. Y yo le dije: “Si, pero generaste un problema enorme”. Y cuando le empecé a explicar las consecuencias de la decisión como que se sorprendió.
La situación afecta tanto a la región de Ñuble como la del Bío Bío. “El daño de esto es enorme”, advirtió Sauerbaum.
Eso sí, de acuerdo a la propia resolución de la DGA, los canalistas de Zañartu no podrán hacer usufructo inmediato del agua que les fue concedida, puesto que “para extraer el caudal reconocido, es necesario que las obras hidráulicas pertinentes cuenten con la autorización previa del Servicio”.
De todas formas, para cuando ello ocurra, los afectados avizoran una situación preocupante.
A punto de desparecer
Héctor Sanhueza, de la Asociación de Canalistas del Laja, una de las 17 que extrae agua desde el río Laja, plantea que no hay forma de que esto no afecte a la agricultura. “La ubicación estratégica del canal Zañartu, de estar en primeras aguas, le da la posibilidad física de afectar al resto y no ser afectado él por el manejo que hagamos las demás organizaciones”.
José Sanzana, representante Cámara de Comercio y Turismo del Salto del Laja, explicó que las consecuencias van más allá de la agricultura y de quienes requieren el agua para regar sus plantaciones. “En el Salto del Laja pasan solamente 7 metros cúbicos de agua. Imagínense lo que significa que te saquen 11 m3/s aguas arriba. Técnicamente desaparecemos, esa es la gravedad de esta resolución. Es una resolución que afecta a toda una cuenca. Se hace irracional este manejo”, acusó.
Por su parte, el abogado Carlos Ciappa, asesor de la Asociación de Canalistas del Laja, acusa que “lo grave es que la resolución que dictó la Dirección General de Aguas no tiene ninguna motivación. Y se dicta estando la causa en conocimiento por parte de tribunales. Cosa que es de una ilegalidad flagrante, porque hay norma que establece que la administración no puede inmiscuirse en temas que están siendo conocidos por tribunales”.
Contactados por BBCL Investiga, no se refirió al tema el abogado de los canalistas del canal Zañartu, Carlos Quezada. Tampoco estuvo disponible el diputado Jorge Sabag.
Ante la falta de respuestas, la Comisión de Agricultura de la Cámara acordó citar al director de la DGA, Rodrigo Sanhueza, para que explique la polémica resolución este lunes 2 de octubre, a las 15:00 horas.