La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtió graves incumplimientos del Estado de Chile del histórico fallo por el caso de Martina Vera Rojas, una niña de Arica, a la que isapre Masvida se negó a costear su hospitalización domiciliaria.

Recordemos que en noviembre de 2021, el tribunal internacional, en un fallo histórico, responsabilizó al Estado por no haber garantizado que su isapre le costeara el tratamiento que la mantiene con vida.

Se trata de una larga batalla judicial por más de una década, luego la isapre decidiera -de manera unilateral- terminar con la hospitalización domiciliaria de Martina, quien padece Síndrome de Leigh, en base a una circular que existía en esa época de la Superintendencia de Salud.

Ante la encrucijada, la familia presentó una denuncia ante la Superintendencia de Salud, que no tomó ninguna medida concreta. En paralelo, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, que falló a favor de la familia.

Pero, la Sala Constitucional de la Corte Suprema falló en contra de Martina y su familia, ordenando su desconexión, por lo que como última medida, realizaron una acción de cautela internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este último organismo, no sólo determinó que la decisión de isapre MasVida fue tomada sobre la base de una disposición reglamentaria “contraria a los derechos humanos, particularmente respecto de la obligación de regulación de los servicios de salud prestados por particulares”, sino que además, el Estado fue declarado responsable por el incumplimiento de su obligación de prevenir la violación de derechos humanos, y de sus obligaciones de desarrollo progresivo a la salud y la seguridad social.

No obstante, pese a que han pasado casi dos años, aún no se ha cumplido la sentencia internacional por parte de Chile, según determinó la Corte IDH. Algo que se torna más grave, considerando que su papá quedó sin trabajo.

Solo la isapre ha cumplido con su obligación de prestar los servicios, ya que providencialmente, el padre de Martina, Ramiro Vera, contrató un seguro gracias al que aún está recibiendo tratamiento, ya que con ese dinero está costeando el pago a la aseguradora de salud.

No obstante, Martina tiene asegurada la isapre solo hasta noviembre, debido a que en esa fecha se termina el contrato. Por lo tanto, también es una carrera contra el tiempo, a lo que se suma la condición de la adolescente de 17 años, que está en riesgo vital.

Corte IDH determinó graves incumplimientos de Chile en caso de Martina

Así lo destaca el propio organismo de Derechos Humanos, que enfatiza que el Estado debe comprometerse a “garantizar la vigencia del tratamiento médico de Martina Vera Rojas, en las condiciones que se encuentra actualmente”.

“La medida ordenada en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia está dirigida a asegurar que, en condiciones particulares, Martina no se quede sin el tratamiento médico que requiere y que lo reciba de forma ininterrumpida”, señala la resolución.

Asimismo, “aquellos tratamientos que pudiera necesitar en el futuro con motivo de su enfermedad, en caso de fallecimiento de sus padres, o porque se vean imposibilitados de cotizar el plan de salud de la Isapre, o pagar el deducible de cobertura del CAEC, por motivos de enfermedad, vejez o condiciones salariales”.

Al respecto, la Corte advierte “Chile deberá tomar en cuenta la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra Martina como niña con discapacidad, que requiere del régimen de hospitalización domiciliaria y de tratamiento médico permanente”.

Así, alerta que Chile tiene que trabajar en esto de forma prioritaria. “La Corte considera indispensable que el Estado avance de forma prioritaria en la elaboración y suscripción del contrato”, apunta.

Por lo mismo, insiste en que “el Estado debe continuar adoptando las medidas necesarias, con la mayor celeridad posible, para garantizar su tratamiento”.

De hecho, resalta “la delicada situación de salud de Martina y las importantes afectaciones que podría sufrir de no contar con el tratamiento médico en las condiciones en que se encuentra actualmente, así como aquellos tratamientos que pudiera requerir a futuro con motivo de su enfermedad”.

Para ello, nuestro país debe informar de manera constante cada seis semanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien hace un seguimiento de los distintos casos que se ha pronunciado.

Según las representantes de Martina -sus abogadas Magdalena Garcés, Karinna Fernández y Boris Paredes; además del Instituto O´Neill de la Universidad de Georgetown (EEUU)-, han solicitado reuniones con las autoridades, en especial, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

Pero, hasta la fecha, no han sido recibidos por las altas autoridades de la Cancillería, ni por el director de Fonasa.

Y tampoco han dado cumplimiento a las terapias psicológicas que tenían que recibir los padres, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esa línea, las juristas cuestionan no solo el incumplimiento de una sentencia internacional, sino también la contienda permanente en la que se encuentra la familia y las autoridades que no los han recibido a pesar de los requerimientos.

Ramiro Vera, padre de Martina: “No se ve ganas de garantizar la salud a otras personas”

Ramiro Vera, padre de Martina, lamentó que hasta la fecha el Estado no haya cumplido con la sentencia internacional, acusando poco interés por un tema de Derechos Humanos.

“Me llama la atención el poco compromiso y seriedad de no respetar un fallo internacional. Estoy cesante, las condiciones cambiaron y ahora necesito que el Estado se haga responsable y aún no ha hecho nada”, critica.

“No se ve ganas de garantizar la salud a otras personas. Tenemos que seguir reclamando, seguir presentando documentación y eso agota. A mí ya me tiene bastante confundido toda esta situación. Pensé que íbamos a estar un poco más tranquilos, pero ya no sé qué va a pasar, el estrés mío ya está full”, reconoce a BioBioChile.

“También la Corte consideró un tratamiento psicológico psiquiátrico según la necesidad para los padres, para nosotros, pero hasta ahora tampoco se han comunicado”, dijo.

“Espero que estas palabras, de una u otra forma, lleguen a las autoridades y que de una vez por todas se dejen de estar peleando y se comprometan con lo más sagrado, la salud”, señaló esperanzado.

“Esto ha sido especialmente complejo para las familias como para nosotras como representantes en relación con que se supone que estamos enfrentando un gobierno feminista, en particular con un discurso fuerte en materia de familias cuidadoras”, resalta la abogada Karinna Fernández a BioBioChile.

“Y además, estamos frente al cumplimiento de una sentencia, no estamos frente a una discusión de intereses, sino que frente a una sentencia ya establecida por la Corte”, indica.

“Entonces esto ha demostrado que estamos frente a una contienda permanente de una niña y su familia cuidadora frente a un Estado”, resalta la jurista experta en DDHH, tomando en cuenta además que desde que tenía 5 años, el caso de Martina ha estado en litigio en la Corte IDH.

“Están absolutamente abandonados por el Estado”

Si bien el Estado ha ofrecido como cumplimiento un contrato de Fonasa con la empresa que está brindando la hospitalización domiciliaria, no han llegado a acuerdo, ya que aún no ha sido posible sentarse con las autoridades a debatir el caso, indican.

Pero también, porque sus representantes piden que se asegure la situación actual y futura de Martina, en el hipotético caso que la isapre sufra algún tipo de cambio.

“Es una familia que se siente abandonada por el Estado en el norte de Chile, en una ciudad fronteriza, una familia cuidadora que se siente absolutamente abandonada a pesar de haber obtenido el resguardo de un organismo internacional y de una sentencia que confirmó la violación de sus derechos humanos”, fustiga Fernández.

“Pero finalmente, más allá de cualquier contienda y del dolor que eso genera, lo cierto es que estamos frente a una situación de riesgo para la vida de Martina, donde el Estado no ha actuado en ningún punto de manera oficiosa”, lamenta.

En ese sentido, Silvia Serrano, del Instituto O’Neill, recalca que “la Corte en su sentencia ordenó probablemente la medida de reparación más importante del caso, que fue exigirle al Estado que adoptara un acto jurídico que anticipara la posibilidad de que Martina pudiera quedarse sin tratamiento o su tratamiento pudiera verse afectado por una eventual imposibilidad de su padre de seguir cotizando el seguro catastrófico de la isapre”.

“Por largos meses insistimos en que el Estado no había dado cumplimiento a esa medida. Y en ese contexto de incumplimiento, en mayo de este año ocurrió justamente el hecho que la Corte buscaba anticipar, que el padre de Martina se quedó sin trabajo y, por lo tanto, con unas implicaciones muy directas en su posibilidad de continuar cotizando a la isapre”, relató a BioBioChile.

“Lamentablemente, justamente se cumplen tres meses desde que solicitamos las medidas provisionales y a pesar de la inminencia de que Martina deje de estar cubierta por la isapre, todavía estamos en idas y vueltas con el Estado sobre el cumplimiento de esta medida”, cuestiona Serrano.

En paralelo, la abogada de Derechos Humanos valora el hecho que la Corte IDH tendrá un escrutinio mayor para verificar que Chile cumpla con la medida de reparación, para lo cual el Estado tendrá que estar informando del caso cada seis semanas.

“Esperamos que esta resolución sea un llamado de atención para que el Estado finalmente adopte las medidas inmediatas para asegurar que Martina tenga garantizado el tratamiento, tal como lo ordenó la Corte”, sentencia Silvia Serrano.

Cancillería: “El Estado sigue atento para cumplir y asegurar el tratamiento de Martina”

Consultados al respecto, desde Cancillería señalaron a BioBioChile que “el Estado ha suscrito dos documentos distintos (año 2022 y 2023) para asegurar la continuidad del tratamiento de Martina Vera cuando ello sea requerido”.

En ese sentido, indicaron que actualmente se están discutiendo los términos contractuales para mantener el sistema de hospitalización domiciliaria de Martina en idénticas condiciones a las actuales y se citó a reunión a las representantes para ver de qué forma se implementan las demás medidas de tratamiento de salud que requieren tanto ella como sus padres

“Durante el período de supervisión de la sentencia, el Estado ha estado en permanente contacto con la Corte y las representantes, informando de todas las acciones que han permitido cumplir la mayoría de las medidas de reparación, con la excepción de las dos pendientes ya señaladas”, enfatizan.

“Se han sostenido audiencias de trabajo con la Corte IDH y las representantes, y el Estado sigue atento a llevar adelante las demás acciones que sean necesarias para cumplir y asegurar el tratamiento de Martina”, apuntan.

Cabe destacar que el Estado se ha reunido con la familia de Martina Verra (el año 2022 en Cancillería) y lo hará cada vez que ellos lo deseen, tal como se hace en todos los casos. “Chile siempre ha acatado lo dictaminado por la Corte IDH y en este caso así también ha sido”, sentencian.