Las sospechas de sabotaje informático de Cruzat y Said sobre el algoritmo del Poder Judicial

Manuel Cruzat Infante y Jorge Said Yarur, conocidos empresarios de la plaza, se sintieron pasados a llevar en causas relacionadas a procesos de quiebra. El primero de ellos, tras no hallar explicación lógica a sus reveses judiciales, comenzó a indagar.

Tras preguntar, solicitar información, rebuscar y cuestionarse los procesos, llegó a una conclusión: sospecha que hubo “mano negra”. O, dicho de otra forma, que ocurrió un sabotaje informático para alterar el algoritmo del Poder Judicial.

En específico, apuntan al sistema de distribución de causas, que opera para designar un tribunal entre jueces de igual competencia. En particular, Cruzat asegura que la designación para la quiebra de Curauma S.A y también la Insolvencia Transnacional de Latam no cumplieron los protocolos previstos.

Y sospecha de tres coincidencias: ambos son casos de alta connotación pública; fueron vistos por el mismo tribunal; y con los mismos abogados, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro & Cía. Ambos juristas representaron los intereses de LATAM y, en la quiebra de Cuarauma representaron los intereses de Euroamérica Seguros de Vida.

Cruzat plantea que el sistema de distribución de causas, en la quiebra de Curauma S.A. y en la designación del tribunal para la Insolvencia Transnacional de LATAM, no cumplió con los protocolos previstos, puesto que ambas recayeron en el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que -según los criterios fijados por el Poder Judicial- deberían haber sido revisadas por el 6° Juzgado Civil y 15° Juzgado Civil respectivamente.

Así lo explica Cruzat en una querella por delitos informáticos presentada en noviembre pasado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, a la cual se plegó posteriormente Said, ambas patrocinadas por el exfiscal nacional Sabas Chahuán y la abogada Jesica Torres.

Las dos presentaciones enfatizan el mismo punto: la posibilidad de que ambas causas independientes derivaran al mismo tribunal es de 1,75 en 1.000; es decir, el equivalente a obtener una sola carta específica en una baraja de 571 cartas que no se repiten. Aquello los llevó a pedir información respecto de la forma en que se llegaron a distribuir estas causas ante el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Y, buscando respuestas, se encontraron con algunas sorpresas.

Sospecha tras sospecha

Todo partió en diciembre de 2013, hace casi 10 años, cuando inició la quiebra de Curauma S.A., firma controlada por Cruzat. Desde el inicio, sus asesores apuntan a movimientos extraños. Si bien se inició el convenio judicial en Valparaíso, finalmente un tercero solicitó la quiebra en Santiago, por lo que terminó asignada en el juzgado capitalino.

En dicho tribunal se designó a César Millán Nicolet como síndico de quiebras, quien no vivía en Chile y, cuando inició sus acciones entregó los terrenos más valiosos de Curauma a Euroamerica, con quienes tenían una disputa por dichos predios.

Según acusa Cruzat, ni siquiera esperó a la primera Junta de Acreedores, por lo que el síndico posteriormente terminó sancionado por actuar temerario.

A ello suma otro episodio, en 2015, como parte del litigio con Euroamerica, donde la ministra de la Corte de Santiago, Cecilia González Diez, declaró una inhabilidad. Sin embargo, en la audiencia conoció del caso de todas formas.

Jesica Torres, la abogada de los denunciantes, enfatiza a BBCL Investiga que “este tema es tremendamente importante y grave. Merece un estudio y una investigación exhaustiva. Ponen en jaque la funcionalidad y el cumplimiento de los estándares mínimos de justicia que toda democracia debe tener, como es el garantizar que todos los ciudadanos tendrán derecho a un juez imparcial y justo y no a uno escogido a dedo, no a uno que pueda incluso ser comprado”.

En específico, subraya que “tiene que haber una investigación para que esto se aclare. No puede ser que en este país se permita que las personas puedan escoger el tribunal que más le convenga, por razones, insisto, ya sea de amiguismo o razones puramente corruptas. Cualquiera sea la causa, el hecho en sí es grave y las autoridades están llamadas a investigar profundamente y colaborar con esta investigación y esclarecerla a fondo”.

Said al ataque

Tras la arremetida de Cruzat, y los antecedentes que presentó, Said también se plegó a la querella. En su presentación, como accionista minoritario de LATAM (0,21%), relata que llegó a tener más de 1,1 millones de acciones.

Sin embargo, su participación se vio dramáticamente reducida, hasta apenas 300 acciones, luego que Latam decidiera iniciar el proceso de insolvencia en Nueva York, denominado Chapter 11. En Chile, en tanto, la aerolínea puso en marcha su insolvencia transfronteriza en el 2° Juzgado Civil de Santiago, bajo la representación de los mencionados abogados Eyzaguirre y Huerta.

En ese contexto, Said intentó hacerse parte del proceso, pero el tribunal en cuestión rechazó la solicitud para incorporarlo como un tercero independiente. Es decir, los marginaron del proceso, pese a que era un accionista con procesos judiciales pendientes contra Latam. A su parecer, fue una decisión inexplicable.

Decidió apelar, pero su recurso fue declarado inadmisible en la Corte de Santiago, cuya resolución fue suscrita -entre otros- por Inelie Durán Madina, la misma jueza del caso Curauma, cuestionada por Cruzat por su desempeño en dicha quiebra cuando era titular del 2° Juzgado Civil de Santiago. Así, en su segundo intento, también quedó fuera de la causa.

Por esa y otras razones decidió incorporarse a la querella, “pues existen muchas coincidencias en relación con resoluciones dictadas en ambos procesos, incluyendo la participación de similares abogados, en ambas causas, que hacen necesaria una investigación más profunda”, asegura en el líbelo.

Los (des)criterios

Las sospechas se fundan, principalmente, en que los criterios para la asignación de las causas no se cumplieron.

Mediante varias presentaciones, solicitadas por el querellante, el Poder Judicial respondió mediante oficio y aclaró los estándares. Pero no dejó claro cómo es que, en base a ellos, el resultado fue tan distinto en los casos de Curauma y Latam.

Los criterios de asignación son los siguientes:

• Criterio 1: Se filtran los tribunales asociados a una localidad que se encuentren habilitados para recibir la materia correspondiente, en este caso, la quiebra.

• Criterio 2: La causa se asigna al tribunal que posea la menor cantidad de ingresos de dicha materia.

• Criterio 3: En caso de existir más de un tribunal con la misma cantidad mínima, la causa será distribuida al tribunal que posea la menor cantidad de ingresos totales.

En el caso de Curauma, había 19 tribunales candidatos que poseían el menor ingreso de demandas para la materia “Declaración de quiebra”, cada uno de ellos con 5 causas en dicha materia. Es decir, en cada uno de ellos podía ser asignada la causa de forma aleatoria, con una probabilidad 5,26% para cada tribunal.

Ante ese amplio empate, el tribunal con menos causas -de todas las materias- era el 6° Juzgado Civil de Santiago, con 14.027 causas. Pero, según acusa el querellante, este último criterio no se cumplió, pues por alguna razón terminó el caso en el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Para el caso de Latam, la situación es similar. Fue la primera causa que ingresó a Santiago con la materia “Insolvencia Transfronteriza”, por lo tanto, todos los tribunales tenían cero (0) ingresos de esta materia. Por lo tanto, todos los tribunales eran candidatos (30 juzgados posibles).

Y, entre ellos, el que tenía menos causas asignadas era el 15° Juzgado Civil de Santiago, con 8.618 causas. Es decir, también fue mal asignada, pues terminó igualmente en el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Al menos así lo respondió el PJUD en un oficio del 11 de abril de 2022. Sin embargo, en otro oficio posterior, del 23 de mayo de 2022, sobre el criterio 3, respecto de cuál fue el tribunal que poseía la menor cantidad de ingresos, precisan -de forma ambigüa- “que esta circunstancia no corresponde a un criterio que se considere al momento de distribuir una causa”.

Abogados niegan sabotaje informático

Consultados sobre el asunto, desde la Corporación de Asistencia del Poder Judicial (PJUD) declinaron referirse al tema, dado que se trata de una investigación en curso.

En tanto, Cristóbal Eyzaguirre, uno de los abogados aludidos, se defendió de las acusaciones: “Este es un tema viejo. Y que no tiene sentido alguno”, asegura.

A su parecer, “el sistema de distribución no lo puede intervenir nadie” y “si alguien quisiera poder elegir un tribunal, lo haría pensando en que el juez del mismo le podría ser favorable. No por mera coincidencia del número del tribunal”.

En este caso, “los jueces que vieron las dos causas son diferentes. Eso demuestra lo absurdo de lo que plantean. Si alguien buscara un tribunal (lo que no se puede), buscaría al juez. El número del tribunal es lógicamente irrelevante”, subraya.

Para cerrar, Eyzaguirre afirma que “este es un intento desesperado de Cruzat, que lleva en esto años, intentando revertir los efectos de la quiebra de Curauma, que perjudicó a muchos acreedores, incluido el fisco de Chile”.