—Deja el maletero abierto, pa’ que tiren las cosas pa’ dentro nomás.

Por cohecho y violación de secreto fueron condenados tres carabineros -desvinculados de la institución- quienes recibieron coimas a cambio de otorgar servicios de escolta y entregar información confidencial a terceros. El actuar de los entonces uniformados incluso permitió a buses con migrantes irregulares y a camioneros sin papeles zafar de fiscalizaciones.

De acuerdo a la sentencia de la causa -que se tramitó bajo reserva-, los hechos se remontan a fines de 2022 en la Subcomisaría IAT de Atacama. Una unidad especializada de Carabineros que realiza, entre otras tareas, inspecciones y controles carreteros.

Los involucrados corresponden a los entonces sargentos, César Sáez Opazo y Pablo Jáuregui; además del cabo Juan Ríos Ortiz.

Siga, siga

El primero de los hechos del que se tiene registro sucedió en agosto de ese año, en una estación de servicio emplazada en las cercanías a Copiapó. A Opazo y Ortiz se les ocurrió montar una fiscalización a un bus que transportaba -en su mayoría- pasajeros extranjeros. Pero en vez de requerir los papeles migratorios correspondientes, solicitaron beneficios económicos para ellos mismos.

La indagatoria estableció que el pago se concretó en efectivo y que el desembolso evitó retener el bus involucrado. También impidió cursar las respectivas infracciones.

El mismo modus operandi se repetiría dos meses después con un chofer de la empresa Ramos Cholele. El bus, con destino a Santiago, sencillamente zafó de cualquier inspección migratoria o sanitaria a cambio de dinero sonante y contante.

De acuerdo a la empresa, los pasajeros de la máquina iban con todos los papeles en regla. “La tripulación de bus fue víctima de un supuesto control policial, no habiendo intención por parte de los funcionarios uniformados, de realizar el control a los pasajeros, sino que solo se dedicaron a intimidar al conductor del bus, para coimearlo”, expresaron en una declaración enviada a este medio.

“Se le pidió que controlaran a los pasajeros porque todos estaba legal, pero ellos hicieron caso omiso y amedrentaron al conductor. Escenario que se estaba dando desde mucho antes, debido al descontrol de los buses ilegales, que se prestaron para transportar a los pasajeros extranjeros indocumentados y que no cumplían el protocolo sanitario, en periodo de cuarentena por la pandemia, lo que llevo que hubiera aprovechamiento de parte de las personas deshonestas”, acotaron.

Según explica el fiscal adjunto de Copiapó, Pedro Pablo Orellana, las coimas iban entre los 50 mil y 200 mil pesos.

—Los imputados montaban en la ruta una fiscalización a diversos buses interprovinciales provenientes del norte, donde realizaban controles a personas de nacionalidad extranjera, ocasión en que amenazaban a los conductores y pasajeros con retenerlos o cursarles infracciones, dinámica en que pedían dinero en efectivo para que los buses continuaran su trayecto —detalla.

Los escoltas

Los sobornos requeridos por los uniformados llegaron rápidamente a oídos del Ministerio Público. Fueron los propios choferes los que denunciaron a la dupla de carabineros. Todo redundó en una investigación que incluyó escuchas telefónicas. A través de éstas los investigadores pudieron comprobar otras carteras de negocios ilegales de los implicados.

Según se desprende de la sentencia, Sáez y Ortiz también prestaban servicios de escoltas motorizadas al margen de la ley en favor de camioneros que transitaban con cargas sobredimensionadas. Aquí entran helicópteros, hélices para torres eólicas, materiales de construcción y más mercancías que son transportadas asiduamente por el norte de Chile.

Para ello, los conductores están obligados pedir un permiso especial e incluso dejar una garantía por eventuales daños que puedan derivar de los traslados. El fiscal Orellana sostiene que era precisamente este papeleo el que los camioneros evitaban mediante el acuerdo ilegal con los funcionarios imputados.

“Vaya tranquilo”

De acuerdo al expediente judicial, las escoltas eran coordinadas directamente por el sargento Pablo Jáuregui. Él era el nexo entre camioneros y carabineros.

En una de las escuchas, por ejemplo, Jáuregui le avisa a Sáez que tiene algunos clientes “esperándolo” para que él los escolte. El condenado pone especial énfasis en que los requirentes eran rajaditos. Esto -desde luego- significaba mejores coimas. La conversación termina no sin antes advertirle que cuando reciba el dinero, Sáez tenía que repartirlo mitad y mitad con el funcionario que lo acompañara. Si este último se trataba de un policía nuevo en la unidad, podía reaccionar mal o -peor aún- podía desclasificar las operaciones secretas.

—Por eso, mejor no cagarlo —le hizo saber Jáuregui.

Las escuchas también permitieron descubrir que Sáez entregó información reservada a un civil desconocido, conductor de camión, a fin de que no condujera a exceso de velocidad. Ocurrió en noviembre de 2022. La razón era simple: por el camino que se desplazaba el chofer, los colegas de Sáez estaban pasando partes.

Lo propio hizo Ríos, quien recibió un llamado de un particular que le consultó si habría controles en la ruta. No tenía los papeles al día, por lo que recurrió al uniformado.

—Vaya tranquilo, no hay controles. En caso que lo fiscalicen me llama altiro nomás —le dijo Ríos.

Las coimas

Según comprobó el Ministerio Público, las coimas eran variadas. En una ocasión, uno de los servicios terminó con un pago en alimentos para tomar desayuno. El carabinero le dijo a su contraparte que dejaría el maletero abierto para que “tirara para adentro nomás” la comida.

En una oportunidad diferente, Jáuregui llamó incluso al servicio de guardia de la tenencia de carreteras para avisar que “un amigo de los escoltas” iría a dejarle unos vinos para que los guardara. La indagatoria estableció que las bebidas correspondían precisamente al pago de uno de sus servicios al margen de la ley.

Tras ser descubiertos, los tres imputados fueron condenados en procedimiento abreviado. Sáez y Ríos recibieron cuatro años de presidio en su grado máximo más una multa de 20 UTM cada uno (poco más de 1 millón de pesos por persona). La Justicia los declaró culpables por cohecho reiterado en concurso con el delito de violación de secreto. Jáuregui, en tanto, recibió tres años más una multa en los mismos términos.

Todos los involucrados cumplirán su pena en libertad vigilada.