Pero esta organización no se mandaba sola. Su líder, sin ir más lejos, operaba desde territorio peruano. Según la acusación, esta organización es “liderada desde el Perú por el imputado Félix Anner Castillo Rondón, alias ‘Pure Arnel’, quien instruía las órdenes para el tráfico de sustancias ilícitas, la ejecución de homicidios y todo aquello relacionado a los negocios de ‘Los Gallegos’ en Chile”.

Subalternos

En la región de Arica y Parinacota la banda era dirigida por “varias” personas que lograron ser identificadas. Nombres como Yoneiker Paredes Fagundez, apodado “El Enano”, Jorve Galavis García, alías “El Culito”, y Misael Zambrano Jiménez, el “Kiko”, se ubican en las cúpulas altas de la estructura. Este último, sin ir más lejos, asume “el liderazgo de la organización en la ciudad de Arica luego de su restructuración a mediados del año 2022”.

Para llevar la contabilidad de los delitos y las cuantiosas ganancias que estos dejaron, “Los Gallegos” utilizaron “cuadernos y libros contables” que “dan cuenta del plan criminal llevado en curso” en la zona norte. Según estos reportes, los dineros generados superaron los $400 millones entre 2022 y la fecha de las detenciones. Estos eran enviados “principalmente al Perú, para su conversión en soles y dólares, con el fin de ocultar o disimular su naturaleza y origen”.

El nivel de violencia con el que actuaban el clan era uno de sus sellos. El gran número de armas de fuego “automática y semiautomática” eran utilizadas para el enfrentamiento con “bandas rivales o cualquier persona que pudiese desafiarlos”. En esa línea la fiscalía identificó a Jhonatan Mota Carballo, alias “Mota” o “Motica” y a Alexander Gabay Varela, el “Fresa”, quienes cumplían “labores de sicariato y asimismo, eran parte de la venta y comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad de Arica”.

Al comercio de drogas y a la disputa territorial, se suman los secuestros y extorsiones. En este eslabón aparecen César Mora Hernández y Jefferson Marcano Hernández, los que “comandaban los secuestros y extorsiones a mujeres que se dedicaban al comercio sexual y no pagaban las vacunas o impuestos”. A esta labor se agrega el “uso de armas de fuego” y la “colaboración en la venta de drogas”.

Pero también había chilenos que colaboraron con “Los Gallegos”. En total seis. Uno de ellos fue Sebastián González Castillo, ex funcionario de Carabineros de Chile, quien, según el Ministerio Público, era un proveedor para “la obtención de vehículos y armas de fuego”. Uno de los automóviles que suministró este exfuncionario policial, de marca Chevrolet, modelo Captiva, “participó en el secuestro acontecido en el mes de mayo del año 2022”.

“La China”

La fiscalía logró identificar a nueve personas en la “línea operativa de negocios que incluye la comercialización, acopio de drogas, y cobro de impuestos (vacunas)”. Aquí aparecen Julio Mora Hernández, Jefferson Marcano Hernández, Daniel Garrillo Mendoza, alias “Maracucho”, Fernando Marinez de los Santos, Junior Suárez Hernández, Josué Fernández Curiel, el “Caracas”, Wilder Colmenarez Colmenarez, la “Bombona”, Anderson Calle Linares, el “Grande”, y Mervin Fagundez Garrido, el “Flaco”.

Todos estos nombres iban rotando en la medida en que el trabajo del Ministerio Público y las policías lograban resultados. Lo anterior, ya que posterior a las detenciones del año 2022 la organización “comandó un ingreso de nuevos integrantes que sustituyeron y mantuvieron tanto la venta de drogas, como los cobros de vacunas a las mujeres que ejercían el comercio sexual y estaban en manos de ‘Los Gallegos’ en la ciudad de Arica”.

En ese lote de nuevos empresarios del crimen se logró identificar a Yonahairy Jaqueline Navarro, apodada como “La China”. Esta mujer era la encargada, tras la desgracia de sus compañeros, de realizar “enlaces y comunicaciones con miembros que se encontraban en prisión preventiva en distintos penales del país, entre ellos: Alexander Gabay Varela, Misael Zambrano Jiménez y Leafar Arbelaez Torres”, detalla la acusación.

Eran estos quienes le “instruían a Yonahairy cómo dirigir, tanto la recaudación de vacunas, la venta y distribución de la droga, como a su vez el ingreso de las mismas a los penales, constituyéndose así en un engranaje vital para que la empresa delictual mantuviera su movimiento”. Esta situación deja en evidencia que para el crimen organizado transnacional la privación de libertad no es un impedimento para seguir desarrollando sus ilícitos, algo que ha advertido el exdirector de Gendarmería de Chile, Christian Alveal.

La casa de tortura

Conmoción causó en su momento el hallazgo de cuerpos enterrados bajo tierra en la ciudad de Arica. Y es que tal como lo ha mencionado el fiscal regional Mario Carrera, el actuar de ‘Los Gallegos’ aumentó en 2022 la tasa de homicidios en la región. Para validarse ante sus pares y “con el objeto de exhibir su fuerza y miedo tanto a sus integrantes como a su vez a enemigos, mantenía una casa de tortura en un sitio en altura, ubicado en calle Morrillos”.

Fue en ese lugar donde el 18 de junio de 2022 fue encontrado el cadáver enterrado de José Alejandro Niño Graterol, acción -según el documento- cometida “por miembros de la organización por desobedecer instrucciones”. A Ñiño Graterol se suman los cuerpos encontrados de las “víctimas identificadas presumiblemente como: Orlando Rondón Varela y Brayan Estrada Rondón”. Estos dos fueron encontrados bajo tierra en mayo de 2023, pero asesinados y enterrados en diciembre de 2022.

Explotación sexual

La captación de mujeres para el comercio sexual estaba a cargo de Mervin Fagundez Garrido. Eran principalmente ciudadanas venezolanas engañadas. Tras su detención, la posta la tomó Johan Infante Riquez junto a Beiker González Gutiérrez. Aquellas acciones consistían en “el traslado desde Venezuela, pasando por distintos países, hasta llegar a la ciudad de Tacna, Perú” de las mujeres. Desde ahí eran llevadas por “coyotes” o “trocheros” quienes se encargaban del traslado hacia suelo nacional por pasos no habilitados.

Ya en Chile eran instaladas en residencias con el “único fin de ser explotadas sexualmente y con ello cobrarles un impuesto denominado vacunas”. Fagundez Garrido les “prometía -a las víctimas- en un comienzo un escenario favorable para poder desarrollar un proyecto de vida en Chile, sin embargo, una vez encontrándose dentro de territorio nacional, dichas condiciones cambiaban”. Obligaban a las víctimas a pagar “a lo menos 3.000.000 (millones) de pesos chilenos por el traslado, alimentación y alojamiento”.

La libertad solamente podía llegar cuando se pagara el total de esa deuda. No obstante, de negarse a pagar, “sufrirían daños en su integridad física o en a de algún familiar en su natal Venezuela, encontrándose siempre bajo constantes amenazas”. En la acusación se mencionan dos inmuebles y dos locales nocturnos que eran utilizados para el comercio sexual en la ciudad de Arica. “Estos sitios eran utilizados por la banda criminal como lugar de alojamiento, cobrando una vez por semana una multa o vacuna que ascendía a la suma de $50.000 (cincuenta mil) pesos chilenos”.

La administración de dichos recintos la ejercían imputados que estaban a cargo de “controlar, coordinar y manejar las tarifas de los servicios sexuales”, junto con recibir los pagos de estos mismos. Una de las mujeres a cargo de uno de los inmuebles era Johanna Pérez Canelón, la que “recibía a las mujeres que ejercían el comercio sexual y las publicitaba en páginas web dedicadas a esta línea de servicios. Asimismo, gestionaba los encuentros sexuales entre las mujeres y los clientes”.

También la investigación logró establecer la participación del empresario e imputado Alvaro Muñoz Sotomayor, propietario de los locales comerciales “Ibiza” y “Hollywood”, quien junto a Vanessa Rivera Santis y Rodolfo Moleiro Castillo” recibían a “distintas mujeres extranjeras enviadas por Fagundez Garrido para el ejercicio del comercio sexial dentro de estos lugares, y donde, además, recibirían alojamiento y comida, pagando posteriormente una colisión a la organización ‘Los Gallegos’”.

La amenaza

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota señala en su acusación que “esta organización criminal ejerció el dominio territorial en la ciudad de Arica, generando un monopolio delictual, utilizando el amedrentamiento de las bandas rivales, por medio de delitos violentos, contando con un alto poder de fuego como lo es armamento de uso militar y armas de puño, junto al tráfico de sustancias ilícitas y la trata de personas para fines de explotación sexual”.

De los 22 hechos presentes en la acusación, hay uno que llama la atención. Ocurrió el 3 de agosto del 2022. Ese día, en horas de la mañana, una de las imputadas, Orianny Aguilera Quintana, en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Femenino de Arica, mientras realizaba una videollamada en un teléfono facilitado por Gendarmería de Chile, a raíz de la pandemia por Covid-19 donde no se podían recibir visitas, fue sorprendida por un funcionario de la misma institución enviando una foto hacia un tercero.

“Antes de finalizar su llamada, toma un cuaderno, lo fotografía y envía una foto, observando luego el funcionario de Gendarmería que la imputada Aguilera Quintana elimina la conversación y la fotografía del teléfono celular”, señala la acusación. Al percatarse de este hecho, el gendarme revisa el aparato y pudo “identificar que la fotografía enviada se trataría de un texto escrito en una hoja de cuaderno en donde realizan amenazas a tres funcionarios de Carabineros de Chile”.

Dicha amenaza, según dio cuenta al tribunal de garantía de Arica la fiscalía, señalaba: “Aquí le voy a mandar los nombres de los 3 policías que no están acusando para que Frank los trabaje y declaren a nuestro favor, que los pongan de nuestro lado”. En aquella comunicación destacaban los “nombres, fechas de nacimiento -de los funcionarios policiales- y el nombre del fiscal a cargo de la investigación”.

Baja en homicidios

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señala que “la principal peculiaridad o particularidad del clan Los Gallegos tiene que ver con el uso de la violencia”. Esto, sigue, porque “mediante esta ellos pretenden generar en la comunidad en general, como también por sobre otros grupos criminales, el temor y con ese temor garantizar o terminar garantizando la impunidad de sus acciones”.

Por eso, continúa, este tipo de criminales no “tienen absolutamente ningún empacho en realizar actos de violencia, como uso de armas de fuego, a plena luz del día, incluso en sectores céntricos de la ciudad como lo vinieron haciendo el año recién pasado, y ese efectivamente es el punto central que hace peligroso a este tipo de organizaciones que tiene que ver con el uso de, efectivamente, la violencia”.

Al ser una banda liderada por un individuo desde Perú, el persecutor aclara que “no tenemos antecedentes respecto de quiénes de estos sujetos estaban siendo investigados por la policía de Perú, sin perjuicio de ello, ya tuvimos contacto con diversas autoridades que viajaron desde Lima a interiorizarse (…) en el sentido de tratar de poder ver la factibilidad de vincular a algunos de estos sujetos detenidos acá en Chile a hechos ocurridos con anterioridad en el país vecino”.

Carrera también comenta lo complejo que fueron las cifras de homicidios en su región en 2022. “La llegada de este grupo en particular (…) se vio reflejado en un aumento muy elevado del índice de homicidios que se perpetraron en el territorio de esta región durante el año 2022. De acuerdo al informe, hubo un total de 44 muertes que representan un 17,1 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que como tasa nos pone muy por sobre, más de 10 puntos por sobre la tasa promedio nacional”.

Pese a lo anterior, el trabajo realizado, comenta, ha “incidido en una disminución bastante importante en los delitos de homicidio. Es así que hasta la fecha del presente año llevamos en la región 13 homicidios en la zona urbana, y dos al interior de la cárcel, lo que dista mucho de los cerca de 30 homicidios que llevábamos a igual fecha del año recién pasado, lo que evidentemente da cuenta de que gran parte de las muertes ocurridas el año pasado tenían que ver con la presencia de estos sujetos en las calles de nuestra ciudad”.

La Audiencia de Preparación de Juicio Oral (APJO) para el clan “Los Gallegos” ya tiene fecha. Se realizará el lunes 4 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Arica. Son siete las penas de presidio perpetuo que solicitó la fiscalía contra los líderes de esta organización y entre el resto de los imputados las penas suman más de 200 años de cárcel. Pero no es todo. A este grupo de 44 acusados se va a sumar otro que, según explica el fiscal, tiene que ver “con las detenciones que se practicaron en el último tiempo”. Aún falta para que el próximo grupo llegue al banquillo de los acusados.