Más de $379 millones transfirió el Gobierno Regional del Bío Bío a la Fundación Horizonte Ciudadano. Se trata del think tank creado en 2018 por Michelle Bachelet, en el que trabajan una serie de cercanos colaboradores de la exmandataria.
Según información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la aprobación del traspaso -vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)- se concretó el pasado 22 de diciembre de 2022, mediante un convenio firmado por el gobernador Rodrigo Díaz Worner y el representante legal de la institución privada, Pedro Güell.
Díaz era el hombre de confianza de Bachelet en el Bío Bío: bajo su primer mandato, fue gobernador de la provincia de Concepción (2004-2007) y seremi de Gobierno (2007-2008). En su segundo periodo, en tanto, ocupó el puesto de intendente durante los cuatro años de presidencia (2014-2018).
Güell, por su parte, fue uno de los asesores más influyentes durante el segundo mandato de la expresidenta, quien puso su sello en definiciones estratégicas clave, como el recordado discurso del “realismo sin renuncia”.
En la fundación también figuran como directoras Ana Lya Uriarte, exministra Secretaria General de la Presidencia de Boric y que incluso fungió como jefa de gabinete de la exmandataria; además de Haydée Rojas, jefa de prensa de la expresidenta.
El proyecto de la fundación de Bachelet: “Ahora tienen que escucharnos”
De acuerdo a la resolución pactada entre el GORE y la fundación, el financiamiento corresponde al programa denominado Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia.
La idea —sostienen— es incorporar a los NNA de entre quinto básico a cuarto medio “en la preparación de planes de acción para abordar la violencia en la región”.
Para ello, buscan crear “nuevas capacidades en las escuelas para la implementación de las jornadas de trabajo y el registro de la información”. Todo ello, acompañado de un “plan de comunicaciones” para “difundir las acciones y resultados a nivel comunal y regional”.
Dicho programa fue presentado oficialmente en mayo pasado bajo el nombre “Ahora tienen que escucharnos – Ideas para convivir”. Su lanzamiento se concretó en un acto en el Salón Mural del Gobierno Regional del Bío Bío, al que asistieron 150 alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales de las tres provincias de la región.
La actividad fue encabezada por Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social del GORE Bío Bío, y la directora del proyecto, María Estela Ortiz, amiga personal de la exmandataria.
La amiga personal de Bachelet
Según documentación a la que accedió BBCL Investiga, Ortiz —educadora de párvulos y profesora básica de la Universidad de Chile, quien cuenta con una amplia experiencia— percibe un sueldo bruto de $2,5 millones por su rol en este programa.
En la elaboración de la propuesta ingresada al GORE, la fundación aludió a un proyecto anterior de similares características, precisamente realizado entre 2015 y 2017 por el Consejo Nacional de la Infancia (Conain), donde la propia Ortiz ejerció como secretaria ejecutiva.
Durante su paso por dicha entidad fue cuestionada -mediante Contraloría- por recibir más de $3 millones de sobresueldo.
No obstante, desde la fundación defienden su trayectoria como vicepresidenta ejecutiva de la Junji y su rol en el Consejo de la Infancia; además de su desempeño como consultora internacional en temas de primera infancia en el BID y Unicef.
Revisa la declaración de Horizonte Ciudadano:
Sea como sea, el hijo de María Estela Ortiz también está dentro del programa financiado por el GORE. Se trata del guionista Juan José Parada Ortiz. ¿Su función? Asesor de comunicaciones del proyecto. Percibe honorarios brutos por $1,8 millones.
Según fuentes de BioBioChile, el convenio se pagó en una sola cuota, al contrario de lo que se suele hacer con esta clase de proyectos, cuyos pagos se ejecutan de forma parcial y previas rendiciones.
Proyecto en curso de la fundación de Bachelet
Además de María Estela Ortiz y su hijo, el equipo lo completa una serie de profesionales vinculados a Horizonte Ciudadano.
Mónica Soto Pérez, ingeniera comercial -que es también la encargada de gestión y finanzas de la fundación- recibe honorarios brutos de $1 millón como asistente financiera.
Andrés Echeverría Notón, en tanto, ejerce como jefe técnico por $2,2 millones. En la fundación, propiamente tal, funge como encargado de DDHH y Migraciones. Tiene también nexos pasados con Estela Ortiz, pues en su tiempo fue asesor del área intersectorial en el Consejo Nacional de la Infancia (2014-2018).
Carolina Soto, que forma parte de la misma área, cobra $1,8 millones por su rol de coordinación territorial del proyecto.
Rosita Palma Sepúlveda, asimismo, recibe pagos mensuales por $1,95 millones como responsable de la generación de materiales y contenidos.
La fundación asegura que las fechas hasta el momento no han sido modificadas y las acciones comprometidas se realizarán dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, de acuerdo a la planificación original del proyecto, todo indicaba que para mayo y junio debían estar realizados los diálogos con estudiantes. Sin embargo, algunos colegios consultados en el Gran Concepción -que fueron invitados al programa- aún no han sido contactados para convocar a sus alumnos.
Error de cálculo
El 15 de junio pasado, la fundación ingresó una solicitud de modificación de programa. En buenas cuentas, se trataba de un modificación del presupuesto, a modo de incorporar un nuevo profesional de apoyo denominado “asistente administrativo”, para el cual se requería pagar un millón por cinco meses.
También solicitaron un aumento al salario, vía redistribución de fondos, al periodista del programa. En concreto, propusieron un alza de $300 mil brutos para él.
Asimismo, pidieron aumentar el gasto en tickets de avión del staff, que en su mayoría proviene de Santiago, pues necesitan realizar un mayor número de viajes a la región de lo que se había planificado inicialmente.
En particular debido a un evidente error de cálculo: la subrepresentación del universo inicialmente considerado en el proyecto. El número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que tenían previsto aumentó significativamente. Pasó de 30 mil a 113 mil. Es decir, más de un 350% de incremento, lo que -naturalmente- requiere una mayor presencia del equipo técnico en la región.
La fundación lo explicó así: “El 20% de los alumnos, según los datos con los que contábamos el 2022, efectivamente eran 30 mil. Siempre establecimos que esas cifras eran un mínimo de participación, no un tope. Hicimos las modificaciones correspondientes, para asegurar el mayor grado de participación. No hay error de cálculo, solo una definición estratégica de aumentar la cobertura”, aseguran.
De acuerdo a los documentos asociados al proyecto, inicialmente consideraron un universo sumamente inferior a lo que la lógica podría haber indicado. Un error, considerando que existen datos públicos y fidedignos que permiten saber el volumen del grupo etario al que pretenden llegar.
Para subsanar el problema, solicitaron tomar fondos del subítem “Pautas de prensa / eventos lanzamiento y cierre” y así utilizar una porción de estos recursos para financiar parte del presupuesto adicional requerido.
En concreto, como parte de esta redistribución, Horizonte Ciudadano propuso posponer el seminario internacional originalmente planificado como actividad de cierre, reemplazándolo por una ceremonia en la cual se presente exclusivamente el documental del proceso a los actores clave y autoridades locales. En la práctica, no significó aumento de recursos, sólo un cambio en el gasto.
¿Sesgo político?
Requeridos respecto de los nexos, el Gobierno Regional del Bío Bío rechazó “tajantemente toda afirmación que insinúe algún tipo de sesgo político en la adjudicación”.
En ese sentido, aseguran que “toda iniciativa postulada, de forma transversal, merece ser evaluada en su mérito” y “al margen de cualquier sobre interpretación ideológica”.
Así, insisten en que cualquier lectura política desconoce “el trabajo de funcionarios y funcionarias” y abunda en “desinformar a la comunidad”.
Desde la fundación acotan que el proyecto recorrió todos los conductos regulares establecidos y que además cuenta con recomendación técnica del 15 de septiembre del 2022 extendido por la Unidad de Programas de la División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE.
“Entendemos y compartimos el malestar existente con respecto a cómo algunas instituciones han recibido financiamiento público para proyectos que no están relacionados con su experiencia, pero no es nuestro caso, y así lo hemos demostrado con absoluta transparencia”, sentencian.
Revisa la declaración del GORE Bío Bío:
Fundación de Bachelet recibió $379 millones del GORE Bío Bío para proyecto de amiga de la expresidenta
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