Tribunal nombra ministro a funcionario despedido por defender narco-imputados en horario laboral

De ser despedido del servicio público por defender a imputados por tráfico de drogas durante su jornada laboral a ministro del Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble. Así podría resumirse el reciente ascenso de Rodrigo Cuevas Cerda al organismo encargado del escrutinio de los procesos eleccionarios.

Según información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el abogado -nombrado en sesión ordinaria del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL)- cuenta con un cuestionado pasado.

Todo se remonta a 2016 cuando Cuevas se desempeñaba como jefe del Consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Bulnes. Fue en el ejercicio de ese cargo que se descubrió que había patrocinado a imputados por delitos contemplados en la Ley 20.000.

Y pese a que por contrato tenía expresamente prohibido actuar como apoderado o patrocinante en este tipo de causas, no fue hasta 2019 que la CAJ decidió tomar acciones. Todo derivó en un sumario administrativo que concluyó en su destitución.

Audiencias en horario laboral

Según se lee en la resolución que selló su salida, el funcionario sirvió como defensor de dos imputados: uno por abigeato y tráfico de drogas en pequeñas cantidades y otro por cultivo y cosecha de especies vegetales productoras de estupefacientes y también por tráfico en pequeñas cantidades.

Y peor aún: todas las actuaciones las realizó en horario laboral. Así consta en las actas de las audiencias en las que participó en 2016 como abogado particular. La primera fue el lunes 16 de mayo de mayo, la segunda el miércoles 19 de octubre y la tercera el miércoles 9 de noviembre.

Todas en horario AM. Todas cuando Cuevas debía estar trabajando en la CAJ, donde percibía una remuneración bruta que sobrepasaba los $1,7 millones, según Transparencia Activa a enero de 2019.

“Los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley”.

Artículo 61 de la Ley 20.000

“Perdón de la causal”

A juicio del Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial, Rodrigo Cuevas Cerda “procedió en pleno conocimiento de estar contraviniendo su contrato de trabajo. En primer término, al asistir a varias audiencias dentro de su jornada laboral, lo que por sí ya es un atentado grave a la probidad, pero agrava más aún sus acciones, la circunstancia de que lo hizo para patrocinar causas que, conforme a su propio contrato de trabajo y el ordenamiento jurídico que le empece, le estaba expresamente prohibido”.

“Por estas consideraciones, el Consejo resolvió por unanimidad de los consejeros presentes (…) sancionar al funcionario Rodrigo Cuevas Cerda, abogado jefe del Consultorio Jurídico de Bulnes, con la destitución, única sanción legal indivisible establecida expresamente en el artículo 61 de la Ley 20.000”, agrega la decisión.

Con todo, su despido derivó en una demanda laboral por parte del abogado. ¿El resultado? La Justicia ordenó a la CAJ pagar una indemnización de $50 millones por vulneración de sus derechos. Y aunque el origen de su despido no estuvo en entredicho en los tribunales, precisamente la inacción de la CAJ una vez conocidos los hechos le significó al organismo perder la demanda.

En buenas cuentas, debido a la demora de casi tres años para concretar su despido, la justicia entendió que había operado el “perdón de la causal”. Una suerte de prescripción laboral que finalmente terminó jugando a favor del funcionario destituido.

Al Tribunal Electoral

Con todo, en mayo de este año, el funcionario asumió en el TER de Ñuble. Lo hizo en calidad de Segundo Miembro Suplente. Según contempla la ley que regula estos tribunales, quienes se desempeñen en este cargo lo harán por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Asimismo, percibirán una remuneración única equivalente a 1 UTM ($63.326, a julio de este año) por cada audiencia a la que concurran, con un máximo de 15 UTM mensuales ($949.890) o 30 UTM cuando se trate del escrutinio general y calificación de las elecciones de alcaldes y concejales ($1.899.780).

Consultado el TER Ñuble, se limitaron a explicar el proceso legal para el nombramiento de sus miembros titulares y suplentes.

Lea la respuesta del TER:

¿Su pasado lo condena?

Requerido por BBCL Investiga, Rodrigo Cuevas califica los hechos como “aislados”. “Trabajé 14, 16 años, con una hoja de vida intachable. Y siempre la he tenido, y siempre he seguido trabajando de la misma forma”, asegura.

“Yo no tengo ninguna situación anómala ni impedimento legal alguno”, explica. “Yo hace muchos años, producto de esta muy mala experiencia que viví como defensor, ya no tomo ningún tipo de causa penal de drogas (…) Lo trabajé dos veces y mira la repercusión hasta ahora por trabajar dos veces (en causas de drogas)”, se lamenta.

Y agrega: “Insisto, no me siento incapacitado legalmente, menos incapacitado moralmente. Yo siempre actué y he actuado derechamente con todo el mundo. Y lo que ocurrió fue hace 6, 7 años. Tuve que pagar el costo, que fue el ser desvinculado de la corporación. Laboralmente yo gané la causa, hace 3, 4 años atrás. Por lo tanto, de ahí mi vida sigue igual. Yo diría que mejor”.

-¿Su pasado lo condena?

“Mi pasado me condena si fuera ladrón, sin vergüenza, no sé… Pero yo soy un abogado que trabaja. No, no podría ser. Si fuera ladrón o sin vergüenza, te creo”.