Reunión terminada, llega el momento de ingresar a la sala “Mujer Maravilla” para limpiar los apuntes dejados en la pared de vidrio. Ella revisa el espacio, averigua si está todo bien, recolecta los vasos utilizados y luego parte para su próxima tarea. Como cualquier superheroína, Daniela Testa es dedicada y valiente. Hace cinco años trabaja como ayudante de servicios generales y recepcionista en la oficina de Falabella Corporativo, en el centro de Santiago.

A los 36 años, la joven de sonrisa tímida tiene Síndrome de Down y es una de las beneficiadas por la Ley de Inclusión Laboral. Vigente desde 2018, la ley obliga a las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores a contratar al 1% a sus planillas con personas con discapacidad (PcD). “Me encanta mi avance acá en el trabajo”, celebra Testa.

Aunque la legislación haya entrado en vigor hace cinco años, uno de sus desafíos es la poca información para certificar su real implementación. Un estudio realizado por la Fundación ConTrabajo en el inicio de este año reveló complicaciones con la generación de datos por parte del gobierno porque no existe informaciones actualizadas y reales que determinen el cumplimiento de la ley en el sector privado. Una de las razones es la falta de un sistema integrado entre las diferentes instituciones del Estado, como el Servicio de Impuestos Interno, la Administradora de Fondos de Cesantía, la Dirección del Trabajo, entre otras, que posibiliten identificar informaciones sobre requisitos de contratación bajo la Ley N°21.015, como el número de empresas que tengan 100 o más funcionarios.

El estudio también señaló que hasta el mes de febrero de este año se habían registrado 111.101 contratos, de los cuales 58.568 (53%) estaban finalizados. De esa forma, por cada contrato vigente, 1,1 contratos se encontraban terminados.

Para Felipe Muñoz, coordinador de la Oficina de Discapacitad de Ovalle, la cuota de 1% es insuficiente para la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda de trabajo estable en Chile. “Somos más de 1 millón de personas a nivel nacional. En Europa, ya van en un 5% y nosotros, como país, deberíamos aspirar a eso”, afirma.

De acuerdo con el director nacional de Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad), Daniel Concha, es necesario un cambio cultural en el mundo laboral. “Que las políticas institucionales, desde los objetivos estratégicos de las empresas, consideren la gestión de la diversidad y que dichos planes de acción sean monitoreados. El proceso de inclusión no debe depender solo de una persona que al interior de la empresa está concientizada con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, sino que debe ser parte de la cultura organizacional”, recalca Concha.

La Región Metropolitana de Santiago es la que registra la mayor cifra de trabajadores con discapacidad que tiene el contrato vigente (48,2%) seguida por las regiones del Biobío (8,5%) y de Valparaíso (7,9%). La que presenta menos trabajadores con contrato es Arica y Parinacota (0,74%)

Empresas prefieren no cumplir la ley

Actualmente, en caso de que una empresa con más de 100 trabajadores no contrate a un funcionario con discapacidad, ella deberá pagar una multa de 40 UTM ($2.530.520 pesos chilenos). Para las empresas que tienen más de 200 trabajadores, el valor es de 60 UTM ($3.795.780 pesos chilenos).

Según Felipe Muñoz, muchas empresas prefieren pagar la multa porque sale más barato que contratar y hacer inversiones para que una persona con discapacidad tenga condiciones de trabajar. 

“Las empresas tienen que conocer mejor la ley. Ellas se asustan muchas veces, hay muchos mitos sobre las personas con discapacidad, pero no es así. Muchos sí, pueden trabajar”, agrega Muñoz.

Pasión más allá de la oficina

Por la mañana, Dani Zapata se dedica a su trabajo como analista de desarrollo organizacional en el corporativo de Bupa. A las cuatro de la tarde, sale la ingeniera de recursos humanos y entra la atleta y su oficina pasa a ser el Centro de Entrenamiento Olímpico, donde se prepara para disputar los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, en noviembre.

Dani clasificó para disputar el badminton y entrena todos los días entre tres y cuatro horas. “Quiero probar competir en un deporte individual. Quiero darme esa oportunidad de intentar y creo que me puede ir bien. Mi meta en los Parapanamericanos es estar dentro de las cuatro primeras posiciones y en los juegos de 2027 tener medalla. Alguna medalla para Chile, no me importa cuál”, afirma.

La relación de la chilena con el deporte es algo antiguo. Hace años, Dani juega básquetbol en silla de ruedas e integra el equipo Valkirias, de Minas Gerais, en Brasil, por lo cual ya salió campeona del torneo nacional. “Partí jugando solamente con hombres. Éramos cuatro mujeres hasta que se formó la selección femenina. He sido la primera mujer en jugar fuera de Chile”, recuerda. Según la atleta, ella tuvo bastante dificultad en el inicio de carrera por ser mujer, tuvo muchos rechazos y el basquetbolista Francisco Ramírez siempre la apoyó a no desistir.

Desde que nació, Dani tiene lipomeningocele, que es un tumor de grasa en la columna vertebral, y que puede generar otros tipos de problemas. Ella tuvo que operarse varias veces y, cuando tenía 15 años, descubrió que tenía un tumor en la medula. En esa época, la silla de ruedas se volvió su grande compañera, además de su medio de locomoverse por Santiago y otras ciudades del mundo. “Fue difícil acostumbrarme a la silla de ruedas en el inicio, sobre todo por los otros que o te discriminan, o te miran de manera piadosa”, revela.

Actualmente, ella vive en el centro de la capital chilena y no tiene dificultades para locomoverse hasta la oficina de Bupa, ubicada en Las Condes. “Me ha tocado vivir tanto en el centro como en Quilicura, donde los paraderos no son a la misma altura, muchas veces pasan micros chicas.” Dani trabaja en la empresa desde 2020 y este es su primer empleo tras la promulgación de la Ley de Inclusión Laboral.

Dani cree que la ley avanza lento, pero avanza. “Es importante que las personas vivan el proceso que están viviendo, sea cual sea la etapa de la discapacidad. Pero también es fundamental que ellas conozcan la ley y sus derechos”, reitera optimista la joven de 35 años, quien está siempre lista para nuevos desafíos, sea en las canchas o el mundo laboral.

Del 1% al 2%

A pesar de los desafíos enfrentados por la Ley de Inclusión Laboral, iniciativas han buscado perfeccionarla o incentivar su aplicación. En los últimos años, por ejemplo, Senadis ha desarrollado un proyecto de capacitación para empresas e instituciones.

“A través del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral, hemos entregado cursos formativos gratuitos a 802 instituciones públicas y privadas del país que deben cumplir con la Ley N° 21.015, permitiéndoles fortalecer competencias en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Se certificó a 1.132 personas que terminaron los cursos y 2.862 organizaciones participaron de acciones de promoción del enfoque de derechos”, dice Daniel Concha.

Ya en el Congreso, un proyecto de ley busca realizar adecuaciones al Código del Trabajo con el objetivo de aumentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ingresado a la Cámara Alta en 2019, actualmente se encuentra en la en análisis por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

El proyecto quiere aumentar desde el 1% al 2% el porcentaje de contratación obligatoria de personas con discapacidad o de aquellas personas que reciben pensión por invalidez en empresas con 100 o más trabajadores. Esta modificación pretende garantizar un cumplimiento efectivo de la Ley de Inclusión Laboral.