Contraloría instruye sumario en Migraciones por demora en tramitación de residencias para extranjeros

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó la apertura de un sumario administrativo al interior del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), tras concluir una auditoría al proceso de solicitudes de residencias temporales y definitivas que tramita el organismo, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022. La muestra abarca en su mayoría la administración Piñera y dos meses del actual Ejecutivo.

En concreto, el ente fiscalizador levantó una serie de observaciones que dan cuenta de importantes falencias al interior del SERMIG. Una de ellas, por ejemplo, es que para aquellas solicitudes de residencias temporales y definitivas realizadas entre los años 2019 y mayo de 2022, se identificaron “demoras entre 180 y hasta 990 días corridos en las distintas etapas del proceso, tanto aquellas tramitadas en el sistema ‘SIMPLE’ como en el ‘B-3000’”.

Residencias temporales

Como ya se mencionó, los puntos más críticos del Informe de Auditoría Nº 718/2022, del 12 de mayo de 2023, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, apuntan a los plazos de respuesta a los usuarios migrantes que buscan algún tipo de residencia: temporal o definitiva. En ambos casos hay falencias. Por ejemplo, se constató que al 25 de agosto de 2022 hay 11.801 solicitudes de residencias temporales tramitadas bajo el sistema SIMPLE que no han sido gestionadas por el SERMIG con el fin de iniciar la revisión de dichos casos.

Así como hay sin revisar, están las que presentan retrasos. La Contraloría realizó un examen a las diferentes etapas del proceso de otorgamiento de residencias temporales procesadas en “aplicativo” B-3000. Lo anterior, según el texto, desde que ingresa la carta certificada si la solicitud fue por correo, hasta la fecha de referencia última que pone término al proceso.

En la etapa de análisis, se advirtió que “el 13,34% de las solicitudes, que representa a 45.750 casos, de un total de 342.879, mantienen una demora entre 180 y 990 días en ser creadas como solicitud en el sistema”.

A la ya identificada tardanza en la etapa de análisis, también se determinó “demora total del proceso de otorgamiento de residencias temporales”. Esto, examinando el tiempo transcurrido entre el inicio y el fin de la solicitud, independiente del resultado de esta.

De esta forma, el informe menciona que “el 58,43%, correspondiente a 193.933 solicitudes tramitadas en el sistema, de un total de 331.992 solicitudes que iniciaron el proceso en el sistema B-3000 entre los años 2019 y mayo de 2022, tuvieron un plazo de gestión total entre 180 y 990 días”.

Residencias definitivas

En relación a las residencias definitivas, tramitadas bajo la plataforma SIMPLE, la CGR identificó la existencia de 158.883 solicitudes que al 30 de agosto de 2022 “aún no ha sido iniciada su gestión por parte del SERMIG”. A renglón seguido precisa: “Cabe hacer presente que los casos en comento presentan un atraso de a lo menos 3 meses, con un máximo de 26”. Pero, al igual que en las residencias temporales, acá también se develaron dilaciones en el proceso.

Para arribar a estas conclusiones, la Contraloría examinó los periodos de inicio y final de cada una de las “principales etapas de verificación de antecedentes”, las que corresponden a la admisibilidad, el análisis adicional, calificatorio y resolutivo. En la primera instancia el analista verifica que el “postulante presente la totalidad de la documentación fundante de la Solicitud de Permanencia Definitiva”.

En ese punto, del examen realizado por el ente de control, se objetó que “de un total de 186.884 solicitudes que iniciaron y finalizaron la fase entre los años 2019 y mayo de 2022, se advierte que el 99,47%, correspondiente a 185.897 casos demoró entre 180 y hasta 990 días. Además, se comprobó que la mayor concentración corresponde a las solicitudes ingresadas en el año 2020”.

Dentro de la investigación, la CGR también detectó demoras en el proceso de otorgamiento de residencias definitivas en el sistema B-3000. Para entender: según el flujo de tramitación de las residencias definitivas, el analista encargado luego de revisar la documentación del migrante en forma y fondo en el sistema SIMPLE, incorpora los datos en la plataforma B-3000, desde donde se ejecuta una solicitud a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Efectuada aquella diligencia, la policía civil emite un informe llamado POLIN, documento que contiene el registro e información de sanciones administrativas o penales del solicitante. En caso de ser positivo, se da curso a la solicitud, mientras que si es negativo pasa al Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Migraciones para su evaluación. En este punto, se examinaron dos etapas: análisis de ingreso y emisión de resolución.

En la primera instancia es donde “se verifica en el expediente del extranjero las multas que pueda presentar, se solicita el informe POLIN, y se determina si otorga o no la residencia” en base a criterios. “Se observa que el 59,08%, que representa a 178.764 casos, de un total de 302.587 de solicitudes que registran fecha de correo y que fueron creadas como solicitud en el sistema entre los años 2019 y mayo de 2020, demoraron un plazo entre 180 y hasta 990 días. La mayoría de ellas proviene del año 2019”, señala el documento.

En la etapa de emisión de resolución, donde se verifican las multas, la recepción del informe POLIN, y donde se emite el respectivo acto administrativo, la Contraloría concluyó que “el 80,5% equivalente a 195.627 solicitudes, de un total de 243.017 casos analizados que iniciaron la etapa en comento entre los años 2019 y mayo de 2022, demoraron un plazo entre 180 y hasta 990 días, concentrándose en solicitudes registradas en el sistema B-3000 durante enero 2019 y marzo 2020”.

Extravío, reclamos y deficiencias

Una de las observaciones altamente compleja tiene relación con la “pérdida de información en el sistema B-3000”. Recordemos que en octubre de 2021 este sistema sufrió una caída en sus servicios, afectando la operatividad del mismo y provocando “pérdidas de información”. En ese entonces, el SERMIG habría realizado los procesos de recuperación de información tanto física, como digital, de acuerdo al Informe de Auditoría Nº 23/2021 del 31 de diciembre de 2021.

No obstante, la CGR determinó que “no fue posible concluir que se haya recuperado la totalidad de los datos extraviados de la plataforma B-3000 entre el día 12 de agosto y 25 de octubre del año 2021, así como tampoco saber cuántos fueron los datos que efectivamente se perdieron, lo que trae como consecuencia que existirán migrantes que ingresaron solicitudes entre esas fechas los cuales desconocen que estaría perdida su postulación”.

En su defensa, el SERMIG retrucó, pese a que en ese entonces el sistema estaba bajo la administración de la Subsecretaría de Interior, que ha estado trabajando en la “reconstrucción de información, y que se ha ido implementando en la medida de la detección de las pérdidas a través de una reconstrucción manual en gran medida, además, de aquella información de respaldo con que se contó en ese minuto”.

Pese a lo expuesto, la Contraloría mantuvo su decisión, ya que “efectivamente hubo una pérdida de información que a la fecha no ha podido ser recuperada, por lo que se mantiene lo observado, y en consecuencia el SERMIG deberá continuar con la detección de las pérdidas y la regularización de la información”. Asimismo, será la CGR quien continuará con la tramitación del sumario iniciado por la Subsecretaría de Interior en noviembre de 2021.

Junto a esto hay una serie de otras observaciones catalogadas “complejas”, dentro de las que se se mencionan “la inexistencia de un plan de contingencia nacional”, “ausencia de un procedimiento relativo al otorgamiento y revisión de los permisos de acceso a los sistemas de información”, “inexistencia de política de segregación de funciones en los sistemas”, “cuentas duplicadas en en el sistema Simple”, “debilidades en el desarrollo y mantenimiento en los sistemas informáticos”, entre otras.

Piñera y dos meses Boric

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer (CS), comenta que el informe confirma el “diagnóstico que nosotros tuvimos desde que asumimos en términos del retraso en cuanto a las tramitaciones, la falta de procedimientos, la falta de información verídica hacia nuestros usuarios y algunas negligencias en términos de la gestión de la tramitación de documentos”.

El sociólogo hizo mención a la pérdida de información del sistema B-3000. Al respecto, dijo que “nos parece que es correcto que se investiguen esas situaciones que fueron bastantes graves en el pasado, y que a pesar de que se recuperó la mayoría de la información, es importante investigarlo”. Thayer recalca que las observaciones de la CGR “nos ayudan a fortalecer las capacidades y los procedimientos”.

Sobre esto último, desclasifica que se creó un comité de Seguridad de la Información, además de “manuales de procedimientos que antes no existían”. Asimismo, en términos de tramitación, agrega, que han “reducido un 50% o más los tiempos de tramitación”. “El año 2021, en términos de las residencias definitivas solicitadas ese año, se demoraron 345 días en resolverse. Nosotros redujimos ese tiempo a 173 días”, dice el director nacional.

En torno a las temporales, precisa que “redujimos desde 156 días a 73 días, o sea, es una reducción sustantiva en cuanto a los tiempos de respuesta del servicio y lo hemos hecho fortaleciendo los equipos, generando procedimientos, implementando planes de emergencia y contingencia frente a esta falta de respuesta histórica que había tenido el SERMIG”.

El exjefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), institución reemplazada en abril de 2021 por el Servicio Nacional de Migraciones, de la cual también fue director nacional, Álvaro Bellolio, menciona que “es conocido el explosivo aumento de solicitudes de permanencia definitiva, debido a los 900 mil migrantes que llegaron entre los años 2016 y 2019, a raíz del turismo laboral”.

Junto a lo anterior, plantea que el extinto DEM solo logró “tener presupuesto propio y convertirse en un Servicio Nacional a fines del año 2021, debido a los 8 años de tramitación de la ley y los recursos de los parlamentarios para dilatar la normativa, llegando incluso al Tribunal Constitucional para evitar que los gobiernos pudieran establecer visados a los países o buscando no devolver a extranjeros que ingresaran clandestinamente a Chile”.

Pese al “colapso migratorio”, dice que esto no fue “excusa para que entre los años 2018 a 2021, se entregaran 1.064.181 visas temporales y 277.101 residencias permanentes, con dos procesos de regularización (2018 y 2021). A su vez, en el único presupuesto que pudo ser gestionado por el Servicio de Migraciones, el del año 2022, donde se triplicó el presupuesto y se creó un programa especial, llamado “Cerrando Brechas” y “Visas en el extranjero” por 700 millones, para agilizar los procesos”.

El actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello (UNAB), reconoce que “gran parte de los recursos del Departamento y luego Servicio se utilizaron para materializar las expulsiones de quienes ingresaban clandestinamente o cometían delitos, cuestiones que eran criticadas por activistas que hoy toman las decisiones en materia migratoria por parte del gobierno”.

Sobre los registros del sistema B-3000, observación altamente compleja para la CGR, Bellolio dijo que “este dependía de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior, donde se realizaron varios sumarios y se determinó que tuvo problemas con sus servidores y con sus respaldos, con lo que se realizó un oficio que terminó con la renuncia del director de la división, Carlos Landeros, y dos otras autoridades”.