El Ministerio Público solicitó una pena de 5 años y un día de cárcel para el funcionario de Carabineros que, en el marco de un procedimiento policial en 2020, hirió a bala a dos menores de una residencia colaboradora del extinto Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talcahuano.
Dos años y medio después de ocurridos los hechos, el órgano persecutor cerró la investigación y presentó ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano la acusación en la que le imputan al efectivo policial el delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de dos menores de edad.
En el escrito -ingresado por Nelson Vigueras Camaño, fiscal preferente para causas de Derechos Humanos en la región del Bío Bío- el Ministerio Público reconstruye paso a paso el actuar del funcionario, quien -según el persecutor- “abusó de sus funciones” para cometer los ilícitos.
En bicicleta al Sename
La tarde del 18 de noviembre de ese año, el Centro Residencial Carlos Macera de Talcahuano, que dependía de la Fundación Ciudad del Niño, se transformó en el foco de la noticia a nivel nacional: dos jóvenes habían terminado baleados en medio de confusos incidentes al interior del recinto.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en el expediente judicial, todo comenzó a eso de las 16:15 horas, cuando el entonces sargento segundo de la policía uniformada, John Mograve Villegas, atendió un llamado desde la Central de Comunicaciones (Cenco).
En principio no parecía un procedimiento de mayor relevancia. Desde la residencia se solicitaba la presencia policial para ayudar al personal de SAMU en la contención de un menor descompensado que, según se lee en la acusación, padecía “discapacidad intelectual y agitación sicomotora”.
Enfiló de inmediato al lugar. Lo hizo a bordo de una bicicleta institucional y acompañado de una colega que al igual que él pertenecía a la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Talcahuano.
Advertencia
Pasadas las 16:30 horas, el uniformado y su compañera de funciones arribaron al hogar. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de inmediato el carabinero de entonces 39 años “se involucró en un entrevero verbal” con un menor de edad.
Según el documento, Mograve les hizo saber a los presentes que “no le importaba si eran ‘cabros chicos"” y que “si lo golpeaban, él a su vez los golpearía”.
El sargento cumplió su advertencia. Así queda de manifiesto en la presentación que el Ministerio Público hizo ante la justicia:
“Seguidamente, el imputado Mograve Villegas se trenzó a golpes de puño con el adolescente F.A.E.C. (de entonces 17 años) cayendo ambos al suelo y rodando conjuntamente por una pendiente existente en el lugar, tras lo cual otros menores de edad residentes del referido Hogar le siguieron, lanzándole piedras y palos, ante lo cual el imputado corre por el interior del recinto antes singularizado y realiza un disparo al aire con su arma de servicio”.
Disparo en las piernas
No iba a ser la única vez que esa tarde el sargento Mograve utilizaría la Taurus calibre 9 milímetros institucional que tenía a su cargo.
Después de ese primer incidente, el uniformado se trasladó hasta otro sector del inmueble, siendo seguido por algunos de los menores usuarios del sistema de protección estatal. Entre ellos un menor de 14 años de iniciales F.A.J.S. y el adolescente que anteriormente había participado del conato. Ambos terminarían heridos a bala.
“En tal escenario, el imputado, abusando de sus funciones, infringiendo la normativa sobre Principios y Normas de uso de la Fuerza, en particular tratándose de víctimas menores de edad bajo protección del Estado de Chile en residencia de organismo dependiente de la red del Sename (…) aplicó apremios ilegítimos en contra de los dos menores víctimas utilizando nuevamente su arma de servicio”, sostiene el fiscal Vigueras.
¿El resultado? El adolescente F.A.E.C. (mismo de la pelea a golpes) terminó con una herida a bala en su muslo, que de no ser por la intervención médica oportuna le podría haber costado la pierna. Por su parte, el menor de 14 años de iniciales F.A.J.S. fue impactado por una bala justo por debajo de su rodilla derecha.
5 años y un día
Luego de casi dos años y medio de investigación, decenas de entrevistas a testigos y toma de declaraciones, el Ministerio Público llegó a la convicción de que los hechos ocurridos aquella tarde de noviembre en la residencia Carlos Macera son constitutivos de dos delitos de “apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de personas menores de edad”. Uno con resultado de lesiones graves y otro con resultado de lesiones menos graves.
En efecto, el organismo solicitó al tribunal que se le imponga al acusado una pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias legales y costas de la causa.
Para ello, ofreció como prueba a testimonial para el juicio a 74 testigos. Entre ellos varios funcionarios de la policía y a las dos víctimas del ilícito. Además de ello, incluyó decenas de pruebas periciales, documentales y materiales.
A favor del acusado, señaló la propia fiscalía, concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior. La audiencia de preparación de juicio oral está fijada para el 9 de junio de 2023.
En la misma causa, el mismo efectivo policial ostentaba la calidad de víctima del delito de maltrato de obra contra Carabineros. Sin embargo, el Ministerio Público informó la decisión de no perseverar en esa arista. Esto último, “por cuanto durante la la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación respecto del delito”.