Caso Motorola: las advertencias de mayor de Carabineros que ponen en entredicho a Martorell

—Recuerdo haber asistido a unas seis o siete reuniones en las que participaban siempre las mismas personas por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Carabineros (IDI) y de Motorola y en las cuales siempre, por mi parte, recalqué las mismas observaciones.

El mayor de Carabineros Manuel Arenas Yáñez declaró el 21 de septiembre de 2020, en calidad de testigo, en la indagatoria por delitos de corrupción que pesa sobre la extitular de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), Katherine Martorell.

Hoy, su testimonio pone en entredicho la versión entregada por la actual comisionada experta de Renovación Nacional (RN), quien culpó a la institución verde oliva por la mala implementación de las 300 cámaras corporales compradas a Motorola. Las mismas que quedaron en desuso apenas dos años después y por las que el Estado desembolsó casi $400 millones.

“No se pudo cumplir con los plazos por un tema exógeno (de causas externas), que se vinculaba con el poco conocimiento que Carabineros tenía de la tecnología”, dijo la abogada ante el fiscal Francisco Ledezma, en calidad de imputada, según consignó El Mostrador.

Sin embargo, en su alocución, el mayor Arenas aseguró haber advertido a la repartición gubernamental, entonces liderada por Martorell, de los problemas que aquejaban a los dispositivos adquiridos a la transnacional. Por si fuera poco, acusó que sus constantes aprehensiones al proyecto le terminaron costando su cargo como jefe nacional del Centro de Control de Imágenes de la policía uniformada (Cencicar). Fue trasladado a Bajos de Mena en Puente Alto y más tarde a una comisaría en Puerto Montt.

Seguridad y trazabilidad

Manuel Enrique Arenas Yáñez egresó en 2005 de la Escuela de Carabineros. Desde entonces, en su calidad de oficial, tuvo una trayectoria sin mayores sobresaltos: estuvo en comisarías de Rancagua, La Serena, Ovalle, Alto Hospicio e incluso fungió como ayudante de intendente en la región de Coquimbo. Eso hasta que -dada su pericia- se convirtió en mandamás de la Cencicar; unidad encargada de recibir la totalidad de las imágenes de video de las cámaras de Carabineros, donde son procesadas y que -en caso de ser necesario- dan cumplimiento a los requerimientos del Ministerio Público.

Fue precisamente en esas funciones que se enteró de la adquisición de los equipos por parte de Prevención del Delito de la época a Motorola. Según su declaración, el encargo que le encomendaron era simple: debía coordinar una reunión con Cristián Fonseca Sagal, un empleado de dicha repartición gubernamental hoy querellado por la propia Martorell, para verificar aspectos técnicos de los dispositivos.

De acuerdo al testimonio de Arenas, esa primera reunión se llevó a cabo el 16 de abril de 2020 y contó con la participación del propio Fonseca y de un ejecutivo de la empresa fundada en Chicago. El uniformado contó:

—El ingeniero de Motorola realizó una presentación de las características y funcionamiento de las cámaras, momento en el cual por mi parte le realicé una serie de observaciones que se basaban principalmente en temas de seguridad y trazabilidad, observaciones que luego transmití por escrito a mi jefatura a través de documentación electrónica.

Material reservado

Las aprehensiones de Arenas no eran menores. Tal como reveló BBCL Investiga, la puesta en marcha del sistema para administrar las imágenes de las cámaras tuvo de todo.

A modo de ejemplo, durante su implementación y de madrugada, un empleado de Motorola fue sorprendido mirando videos operativos de Carabineros -con carácter secreto- sin explicación.

Todo derivó en la apertura de un sumario interno, puesto que para ese entonces ya se mantenían registros de controles de identidad que -de acuerdo a la ley- no pueden ser observados por terceros ajenos a Carabineros.

—En este sentido, para mí las cámaras de Motorola no tan sólo tenían un problema con la función post recording, sino que en mi opinión, habían problemas más graves como es la función o exigencia técnica de “trazabilidad” y de “encriptación”. Esto último era delicado, ya que nunca se supo si la función de la encriptación de información estaba en la cámara o en el software. Para mí lo relevante era que estuviera en la cámara, ya que si se pierde, nadie puede acceder a las imágenes. Todas estas características técnicas eran exigibles en la licitación —atestiguó Arenas.

Lea la declaración completa:

Molestia en Carabineros

De acuerdo a fuentes de este medio, la declaración de Martorell no cayó bien al interior de las filas de Carabineros y fue motivo de conversaciones en la institución. La molestia radica -según los mismos consultados- precisamente en que los problemas derivados de las cámaras sí fueron advertidos al Ejecutivo de la época.

El caso de Arenas es uno de ellos. Consultado por el fiscal Ledezma, sostuvo que sus objeciones técnicas al proyecto de la subsecretaría fueron transmitidas al Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación es Carabineros de Chile (IDI), aunque sin tener conocimiento si existió una respuesta de esa repartición. Y agregó:

—Recuerdo haber asistido a unas seis o siete reuniones en las que participaban siempre las mismas personas por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del IDI y de Motorola y en las cuales siempre, por mi parte, recalqué las mismas observaciones.

De jefe nacional a Puerto Montt

Según relató Arenas, las aprehensiones que dejó por escrito terminaron costándole el puesto en la Cencicar. De hecho, acusó que fue trasladado por el superior encargado del proyecto a la 66° Comisaría Bajos de Mena en Puente Alto. Hoy cumple funciones en Puerto Montt.

Cercanos a la licitación de la SPD sostienen que todos los inconvenientes expresados por el funcionario de Carabineros fueron subsanados tras la instauración de una mesa de trabajo que incluyó a todas las entidades involucradas.

Pese a ello, en octubre de 2021, cuando la indagatoria del fiscal Ledezma ya estaba en curso, la Contraloría General de la República confirmó anomalías en la adquisición de los dispositivos. En buenas cuentas, el organismo fiscalizador ratificó que no existió evidencia de que “estos equipos hayan cumplido con todos los requisitos exigidos” en el concurso público.

Y peor aún: quienes están al tanto del uso de las cámaras señalan que, tras ser distribuidas en nueve zonas policiales, simplemente quedaron en desuso en septiembre de 2022. Es decir, apenas dos años después de su puesta en marcha.

Según fuentes policiales, todo se debe a principalmente a aspectos de costos y “cumplimiento de expectativas institucionales”. Esto, especialmente si se considera que el concurso público estuvo a cargo de la Subsecretaría de Prevención de Delito “sin participación de Carabineros”, aseveran.

Requerida por este medio, Katherine Martorell declinó emitir un pronunciamiento por estos hechos.

Declaración de Motorola

Desde Motorola, en tanto, emitieron una declaración pública en la que destacan que la compañía “es líder mundial en seguridad pública y empresarial”.

“Su tecnología de cámaras corporales está diseñada para cumplir con el alto estándar de seguridad de nuestros clientes alrededor del mundo, incluidos el Ministerio del Interior de Francia, La Policía y Guardia fronteriza de Rumania y la Policía de Lituania”, enfatizaron.

Respecto del concurso referido, señalaron que “Motorola Solutions fue seleccionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito para suministrar cámaras corporales a Carabineros de Chile a través de un proceso de licitación pública”.

“La empresa cumplió con todos los elementos de su contrato y proporcionó los bienes y servicios solicitados de conformidad con todos los requisitos de la licitación”, recalcaron.

Desde la firma también apuntaron que “el hardware y el software de video incluyen el seguro algoritmo de cifrado, AES-256, utilizado ampliamente en aplicaciones gubernamentales y militares para ayudar a garantizar que el sistema esté a prueba de manipulaciones”.

“Adicionalmente nada se puede ver, modificar o eliminar sin el conocimiento del propietario del sistema y las cámaras no tienen memoria extraíble, lo que evita la recuperación de imágenes de dispositivos perdidos o robados”, sentenciaron.

Lea la declaración completa aquí: