El Registro Civil identificó al funcionario que sería el “contacto directo” de una mafia dedicada a la venta de horas de atención al interior del organismo público.
Los hechos constan en una querella criminal interpuesta por la institución presidida por Omar Morales, en la que denuncian a “grupos organizados de inescrupulosos” que aprovecharon de montar un negocio ilegal de venta de “números” en la principal sucursal de la institución.
De acuerdo con la acción penal ingresada recientemente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el delito viene perpetrándose desde 2021 cuando se comenzó a implementar el sistema de agendamiento online del Registro Civil.
El objetivo de las bandas -apunta el libelo- es justamente saturar la plataforma institucional, a modo de conseguir todas las reservas disponibles para luego transarlas en el mercado informal.
Colapsar el sistema
Según el escrito, la idea era “generar un mercado ilícito que obliga a las personas que requieran atenciones de urgencia o que no conocen el procedimiento virtual, a pagar por un turno de atención”.
Además de ofrecer los servicios en las afueras de las sucursales, se identificó el uso de redes sociales para ese fin. Incluso, utilizan fotografías del director nacional de la repartición para dar una apariencia “legítima” al aviso.
¿El valor? De acuerdo a la acción judicial, los números eran transados desde los $8 mil y podían elevarse hasta los $100 mil en caso de trámites más específicos.
Enemigo interno
La querella del Registro Civil no sólo detalla la forma en la que operan los grupos dedicados al tráfico de horas, sino que también devela una arista hasta ahora desconocida: la vinculación de un funcionario de la propia institución en estos hechos.
Según consigna el escrito, el involucrado sería Luis Alberto Dinamarca Vallejo, empleado de la Dirección Regional del Registro Civil ubicada precisamente en Huérfanos 1570.
El implicado -que también ahora es blanco de una investigación administrativa interna– desempeñó funciones de “anfitrión” de la casa matriz del Registro Civil.
Según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de BioBioChile, tras la instrucción del sumario, se resolvió suspender de sus funciones a Dinamarca Vallejo.
Al mismo tiempo, a través de la querella, desde el organismo público solicitaron que se le tome declaración en calidad de imputado.
A partir de los hechos descritos, el Registro Civil pidió en la querella que el Ministerio Público despache orden de investigar a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, con la finalidad de establecer si hay más funcionarios públicos implicados.