Parte de los investigados por fraude al fisco en el caso FAM -arista del denominado “Milicogate”- tendrán la posibilidad de poner freno al proceso judicial en su contra.
Esto, en caso de concretar un acuerdo con la Fiscalía de Aysén que ya solicitó audiencia para discutir la suspensión condicional del procedimiento en contra de los 43 imputados.
Se trata de los implicados -exmilitares y civiles- cuya investigación penal continúa a cargo del Ministerio Público y avanza de forma paralela a la indagatoria que lleva adelante la ministra en visita, Romy Rutherford, quien persigue por esta misma arista a funcionarios activos del Ejército de Chile.
Esto último, luego que la Segunda Sala de la Corte Suprema determinara en octubre de 2021 que la ministra de la Corte Marcial era competente.
La investigación del caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), apunta a la creación de una fórmula en la zona militar de la región de Aysén, donde los uniformados depositaban dinero mensualmente para retirarlo una vez que dejaran la institución.
Básicamente, se descubrió que una serie de militares perdieron los fondos y el Ejército creó una “fórmula solidaria” para resarcir dicha pérdida, dando pie a la configuración del delito de fraude al fisco.
Suspensión condicional
En el marco de la indagatoria y a través de un escrito ingresado esta semana el fiscal adjunto de Aysén, Luis González Aracena, pidió al Juzgado de Garantía de Coyhaique que se dispusiera la realización de una audiencia.
En concreto, la solicitud del persecutor tenía como objeto “proponer condiciones de suspensión condicional del procedimiento respecto de todos los imputados formalizados” en la causa.
Además, se indica que el día de la audiencia se entregarán los fundamentos y condiciones que sustenten la medida.
Por disposición del tribunal coyhaiquino, la discusión se llevará a cabo el próximo 22 de febrero a las 10:00 horas.
De acuerdo con fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la fiscalía ofrecerá a los imputados devolver el dinero obtenido de forma irregular a cambio de no continuar por ahora con la investigación penal en su contra.
En caso de cumplirse los plazos que se definan, los imputados pasarían después de un tiempo a ser sobreseídos del proceso.
En paralelo, el órgano persecutor en Aysén espera formalizar a mediados de marzo a otros nueve implicados en el caso.
En tanto, el resto de los involucrados, todos funcionarios activos de la institución castrense, seguirán a la espera y continuarán siendo indagados por la ministra Rutherford.
Consultados por este medio, desde la Fiscalía de Aysén señalaron que no emitirían declaraciones hasta el día de la realización de la audiencia que definirá el futuro del caso, al menos en la justicia ordinaria.