Era parte de una organización criminal que operaba en la ciudad de Cali, Colombia. Dentro de la orgánica, según el proceso penal llevado en su país, cumplía el rol de sicario. Matar a sangre fría. Por esas cosas de la vida se encontraría en nuestro país y hoy la justicia cafetera busca extraditarlo. Su nombre es Jorge Iván Zamora Vásquez.
¿Sus delitos? Muchos. Fue hallado culpable de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado tentado, desaparición forzada, utilización ilegal de uniformes e insignias, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Debido a lo anterior, es requerido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, para dar cumplimiento a la sentencia, de primer grado, que el pasado 11 de noviembre lo condenó a 45 años de cárcel y a una multa de 2.718 salarios mínimos legales.
El proceso de Jorge Iván Zamora Vásquez se inició en 2017, cuando se presentó el escrito de acusación en su contra. Las siguientes etapas vinieron en mayo de 2018 con la audiencia de formulación de dicha acusación y el inicio del juicio oral. ¿Pero cómo se explica que este peligroso homicida goce, momentáneamente, de impunidad?
“En el decurso del proceso, el acusado deprecó solicitud de libertad por vencimiento de términos conforme lo dispone el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, petición que fue avalada por el Juzgado 6º Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali, el día 31 de diciembre de 2021”, señala el documento. Es decir, quedó libre.
Tras aquel hecho, y luego de evacuarse los actos procesales, el juez Hugo Rodriguez Escamilla procedió a anunciar “sentido de fallo de naturaleza condenatoria en el foro virtual llevado a cabo el pasado 2 de febrero de los corrientes, motivo por el cual, profirió la respectiva orden de captura en contra del acusado Jorge Iván Zamora Vásquez”, agrega la solicitud.
Pero Zamora ya no estaba en Colombia. Frente a esta situación, la delegada del ente acusador “en apoyo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales logró establecer posible ubicación del acusado referido en líneas anteriores en territorio extranjero (República de Chile)”.
“Los Kioscos”
En la sentencia de Zamora, acompañada al proceso que busca su extradición, se da cuenta que luego del desmantelamiento de importantes organizaciones criminales, como “Los Rastrojos”, “Los Urabeños” y “El Clan Usuga”, estos dos últimos nombres con los que se conoce al peligroso “Clan del Golfo”, se tomó conocimiento de la existencia de una nueva estructura criminal denominada “Los Kioskos”.
Dicha banda -detalla el documento- era liderada por Mauricio García Aullón, alías “El Indio”, y Miguel García Aullón, conocido como el “Cucho”, y operaba en los barrios de Floralia, Las Américas, Comfenalco, Los Guaduales, Paso del Comercio, entre del país cafetero.
Como toda banda dedicada al crimen organizado, la de “Los Kioskos” contaba con una estructura muy definida. Había roles de “supervisión de los expendios”, de “distribución”, y “control territorial desde el año 2011”. Para lograr dicho objetivo se valía de un importante contingente de hombres y mujeres. Aproximadamente entre 30 y 40 personas.
Estaba el “Menor”, el “Ivanlig”, el “Indio” y “Lucía”, por mencionar algunos, quienes “articulan la producción, distribución y expendio de estupefacientes, tales como cocaína, bazuco, marihuana, ribotril y cocaína de colores, que se lleva a cabo principalmente en los escenarios deportivos de esos barrios de la ciudad”, señala la sentencia.
Los resultados de la investigación, realizada con métodos intrusivos como interceptación de comunicaciones, manejo de fuentes formales e informales, agentes encubiertos, etc., permitió conocer a otros integrantes de la banda e identificar a otros. Por ejemplo, se dio cuenta que “Ivanlig” correspondía a Jorge Iván Zamora Vásquez.
Ivanlig
Su rol específico dentro de la orgánica era el de “sicario”. La condena da cuenta que se pudo establecer su “participación en diferentes homicidios selectivos, siendo además el encargado de brindar seguridad a mano armada a los expendios que operan en la referida comuna de esta ciudad, lográndose obtener diferentes elementos materiales probatorio y evidencia física que señalaban su participación en diferentes atentados contra la vida”.
En los alegatos de conclusión, realizados de forma virtual el pasado 2 de febrero de 2022, la representante de la acusación, Shirley Orozco Buitrago, señaló que se comprobó que Zamora Vásquez “perteneció a una organización criminal con vocación de permanencia en el tiempo, dedicada a la venta de sustancias de estupefacientes y a la ejecución de homicidios selectivos previa la utilización de armas de fuego por el control del territorio”.
Además, la persecutora también pudo comprobar su responsabilidad en “el desaparecimiento de personas el propósito de mantener la zona de injerencia en el Jarillón del río Cali y sus límites con el río Cauca, en el barrio Floralia de La Comuna 6 de esta ciudad”, indica el documento. Asimismo, se probó su participación en la desaparición forzada de un menor de edad apodado “Orejas” y en tres homicidios consumados y uno en carácter de tentado.
A Zamora Vásquez hay una serie de elementos que lo vinculan a los hechos por los que fue condenado. Testimonios y pruebas físicas dan cuenta de su participación en la banda de “Los Kioscos” y de sus actuaciones criminales. Sin ir más lejos, uno de los testigos del juicio lo apuntó como un “integrante más de la organización criminal, siendo su rol específico la del sicariato”.
Frontera porosa
¿Por qué este sujeto podría estar en el país? La porosidad de la frontera y la poca información que se tiene de los ciudadanos extranjeros que ingresan al país de forma ilegal es una opción. Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, señala que “en general la migración mueve a personas que tienen toda la voluntad para regirse por las leyes de los países donde van, esa es la regla general, en Chile no es distinto, pero la migración sí es una oportunidad para las bandas transnacionales”.
Esto último, dice, apunta a dos sentidos. El primero de ellos porque la migración permite, de alguna manera, “disfrazar movimientos de personas, de movimientos de integrantes de esas bandas como parte de los procesos migratorios regulares, y lo que hacen con eso es instalar gente. Hay que pensar esto como con la mentalidad de un empresario”. El segundo, porque el fenómeno ofrece “oportunidades para ciertos delitos transnacionales”.
Sobre el presunto paradero de Zamora Vásquez en el país, Carvacho dice que “Chile es un país atractivo para la migración en general. Eso es lo que hace atractivo que aprovechándose de esa migración, en general, líderes, sicarios, integrantes de bandas se instalen en este país, porque de alguna manera pueden ocultar su identidad dentro de una masa grande de connacionales que van al mismo país con buenas intenciones”.
La entrada al sistema penal de ciudadanos extranjeros también es un problema. ¿La razón? La poca información que se dispone de ellos y el burocrático intercambio de antecedentes entre países. El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, señala que “de acuerdo a esta precaria información que dispone el sistema penitenciario, de saber la historia criminal de ciertas personas en su países de origen, que se genere una Interpol similar en materia carcelaria”.
Además, señala: “Siento que acá en Chile se están dando condiciones que a ellos (crimen organizado) les favorecen para poder ampliar su actividad criminal y claramente que es una tremenda deficiencia que en Chile puedan ingresar y salir personas porque tenemos una frontera que está poco controlada”.
A nivel de Ministerio Público también es un problema. Sergio Soto, fiscal adjunto jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, señala que se pueden clasificar en dos grandes áreas las dificultades que presentan las investigaciones en las que aparecen imputadas personas de nacionalidad extranjera.
La primera de ellas es cuando son detenidos en flagrancia cometiendo un delito. “El principal inconveniente que hemos levantado en las fiscalías de primeras diligencias interregional es que no podemos corroborar dentro de los plazos de flagrancia la efectiva identidad de la persona que ha sido detenida, cuando esta no mantiene algún tipo de documento, de pasaporte, por ejemplo, que permita corroborar la identidad que él nos proporciona”, dice el persecutor.
Asimismo, y de la mano con lo anterior, señala que “para todos los efectos legales en los momentos que es formalizado este imputado es tratado como una persona que no tiene antecedentes penales, es decir, tiene una irreprochable conducta anterior, por lo mismo la posibilidad de pedir medidas de cautelares de mayor intensidad decrecen ya que no sabemos el historial penal de esta persona, que pudiese tener, por ejemplo, en el extranjero”.
La segunda gran área, explica, son los extranjeros que no son detenidos en flagrancia, situación que es “más compleja”, reconoce. “En las investigaciones que pretenden identificar al autor de un delito es muy difícil asociarlo a una persona de nacionalidad extranjera, porque, por ejemplo, no tenemos el registro de sus huellas dactilares, de manera tal que si existiese esa evidencia en un determinado procedimiento no podríamos efectuar un cotejo”, dice el fiscal Occidente.
¿Por qué elegir Chile? Sergio Soto afirma que son diversos los factores. No obstante, reconoce que “dentro de ellos principalmente está la facilidad que existe para ingresar a nuestro país por pasos no habilitados. Segundo, y también en lo que dice relación con el ingreso, que en los casos que estas personas ingresan por lugares establecidos existe también dificultad para conocer el historial criminal de estas personas que ingresan a nuestro país, y además de establecer la fidelidad, la seriedad, o la legitimidad de la documentación que ellos presentan al momento de hacer ingreso a nuestro territorio”.
A nivel político el tema también fue abordado. El diputado Tomás De Rementería (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados, señaló que “tenemos un grave problema de información que tienen otros países”. En la misma línea, sostuvo que “no tenemos información, estamos trabajando totalmente a ciegas, y tenemos una frontera gigante que la resguardan pocos efectivos”.
La nota de la Embajada de Colombia solicitando la detención provisional con fines de extradición de Zamora Vásquez, remitida a la Corte Suprema a través del oficio N° 4554 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, está en trámite. Desde el máximo tribunal ya se ofició a Interpol Chile y a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI.
Bajo este contexto, esta última informó que “revisados el Archivo Nacional de Viajes (…) desde el año 2017 a la fecha, la persona antes Individualizada. No registra Movimientos Migratorios” (vea documento). Asimismo, la justicia chilena solicitó, antes de resolver la extradición, antecedentes de las leyes penales que se le aplicaron a Zamora Vásquez en Colombia.