Desierta. Así quedó la licitación que buscaba auditar el proceso de implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), y que vino a reemplazar al Servicio Nacional de Menores (Sename) en 2021. Mirada externa que, por ahora, deberá esperar.

El concurso, publicado el pasado 31 de agosto, quedó vacante luego que ninguna de las tres empresas que participaron de él cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Dicha situación hoy cobra especial relevancia luego del proceso de invalidación de licitaciones sobre intervenciones ambulatorias de reparación y las críticas que han surgido desde los mismos gremios de la institución.

Sin ir más lejos, el pasado martes 6 de diciembre la Asociación de Funcionarios del Servicio Mejor Niñez (Anfusepna) hizo entrega de una carta a la directora nacional, Gabriela Muñoz, en la que señalaron que “desde la implementación de este nuevo servicio, como asociación gremial Anfusepna, hemos venido planteando diferentes problemáticas que afectan gravemente la labor diaria que realizan los funcionarios y funcionarias en las distintas reparticiones del Servicio Mejor Niñez”.

En la misiva plasmaron que “podemos desprender múltiples falencias que a la fecha no han sido abordadas por las autoridades del servicio, o que si bien se pudiesen haber abordado, esto no ha dado soluciones reales y perdurables que den cuenta de un trabajo planificado y centrado en políticas públicas claras que den respuesta a los objetivos del servicio en cuanto a la atención que se le ha encomendado por ley” (vea carta).

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, creado al alero de la ley Nº 21.302, es la institución que reemplazó al Servicio Nacional de Menores (Sename) el 1 de octubre de 2021. Su objetivo es garantizar la “protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos”, según detalla las bases de licitación.

Fue en el marco de la implementación de este nuevo servicio que se hizo necesario “realizar una auditoría al proceso de implementación cuyo periodo se extiende (…) entre el 01 de febrero y el 30 de septiembre de 2021”, indica el documento. La vigencia de la contratación sería de cuatro meses y el presupuesto referencial alcanzaría los 85 millones de pesos.

Antecedentes

Para dar cumplimiento a su misión, Mejor Niñez asegura la “provisión y ejecución de programas especializados en todas las regiones del país, por sí o a través de colaboradores acreditados que reciben aportes financieros del Estado”. Además de esto es clave la coordinación permanente y de forma intersectorial con los tribunales de justicia, las Oficinas Locales de la Niñez, los colaboradores acreditados y una serie de ministerios que intervienen en la materia.

Las vías de ingreso a los programas de Mejor Niñez son a través de los Tribunales de Familia y otros juzgados con competencia en familia; Oficinas Locales de la Niñez, una vez entrada en vigencia la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez; programas de la red Mejor Niñez -algunos pueden derivar NNA-; demandas espontáneas -NNA o familias que acudan voluntariamente a alguno de los programas-; y por actores locales, es decir, NNA derivados desde instancias municipales, colegios, Carabineros, sistema de salud, etc.

La ley 21.302, que dio vida a Mejor Niñez, tiene una serie de cambios respecto de las “funciones que tenía el Servicio Nacional de Menores en materia de protección, razón por la cual la ley otorga un plazo de dieciocho meses, es decir, hasta el 5 de julio de 2022, para dictar los reglamentos que establecen las nuevas formas técnicas y administrativas establecidas en la ley”, indican las bases.

La estructura institucional del Servicio está a cargo del director o directora nacional, el que es elegido a través de Alta Dirección Pública (ADP) y dura cinco años en el cargo, el que puede renovarse por una sola vez. Además cuenta con un subdirector o subdirectora nacional y direcciones regionales en cada región del país, los que también son elegidos mediante ADP.

Licitación

En concreto, los objetivos específicos de la licitación apuntaban a “evaluar las etapas que forman parte del proceso de implementación, tales como diseño, planificación, desarrollo e implementación, respecto de cada una de las materias definidas en el numeral 4.2 de las presentes bases técnicas” (vea resolución).

Dicho numeral da cuenta de la “estructura nacional y regional del Servicio Mejor Niñez y personas”, “bienes y servicios – empresas consultoras – infraestructura e inmuebles”, “traspaso de sistemas de información y organismos colaboradores”, la “evaluación de procesos y procedimientos necesarios para la implementación y funcionamiento del servicio”, y la “formulación y ejecución presupuestaria”.

Además de esto, la licitación buscaba “generar informes preliminares por las distintas materias examinadas” y contar con un “informe final dirigido a la dirección del Servicio que dé cuenta de los resultados alcanzados, desviaciones, observaciones y recomendaciones en el corto, mediano y largo plazo”.

Al concurso llegaron tres proveedores: RSM Chile Auditores y Consultores SpA, Publictrail Investment Ltda., y Fortunato y Asociados Ltda. De estas, las dos primeras no pasaron el examen de la admisibilidad administrativa al presentar problemas en la garantía de seriedad de la oferta. Solo pasó a la siguiente fase Fortunato y Asociados Ltda., la que luego de analizada su oferta no cumplió con el puntaje necesario (vea documento).

Respuestas y cuestionamientos

La resolución que declaró desierto el concurso, firmado por la directora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Gabriela Muñoz Navarro, tiene fecha 24 de octubre de 2022. Es decir, han pasado 50 días (hasta hoy) y el proceso no se ha vuelto a subir a la plataforma Mercado Público.

Expertos en la materia, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, comentaron que no hay plazo específico en la ley de Compras Públicas para cargar nuevamente la licitación. Lo lógico, apuntan, sería esperar más de 10 días hábiles, esto porque si los oferentes que quedaron fuera del concurso no quedaron conformes con la decisión pueden recurrir al Tribunal de Contratación Pública (TCP).

Gabriela Muñoz, directora nacional de Mejor Niñez, en tanto, señaló que “actualmente estamos trabajando en unas nuevas bases de licitación que permitirán en los próximos días iniciar un nuevo proceso”. Además, al ser consultada sobre la evaluación del organismo, dijo que “la entrada en vigencia e implementación de cualquier Servicio nunca está exenta de dificultades porque implica conformar y ajustar simultáneamente orgánicas nacionales y regionales, las funciones, roles, los procesos, equipos, las definiciones estratégicas, modelos de gestión, entre otros”.

Por esta razón, agregó, “identificamos la necesidad de contar con un análisis y mirada externa de nuestro proceso que nos permita identificar cómo se ha desarrollado esta instalación. Nuestro trabajo está enfocado a reparar el daño de niños, niñas y adolescentes por lo que los ajustes que se necesiten son fundamentales y tienen que ser oportunos para atender y responder las necesidades de nuestros sujetos de acción”.

Si existe alguna autocrítica, la directora nacional sostuvo que “por el momento los tiempos definidos por Ley (un año) para la implementación y entrada en vigencia de un Servicio que requiere transformaciones profundas, han sido insuficientes en relación al desafío que implica; instalar un Servicio nuevo, ser continuadores legales del Servicio anterior y adicionalmente, diseñar e implementar todas las nuevas herramientas que nos otorga la ley para comenzar a transformar la historia y los estándares que requiere la protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias en Chile”.

María Paz Díaz, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio Mejor Niñez (Anfusepna), que agrupa aproximadamente a 700 socios y socias, criticó que “nuestras residencias no están a la altura de lo que se requiere, como se señala en un nombre tan rimbombante como es protección especializada”. Esto, agrega, porque como ministerio (Desarrollo Social) “no se han creado las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud, Educación, y con todos los entes que requieren nuestros niños para salir adelante”.

Asimismo, dio cuenta que “nosotros no solamente tenemos niños que están con un tema de protección, tenemos niños con alto nivel de consumo de drogas, con altos índices de salud mental. El Estado no se hace cargo de esto y nos tenemos que hacer cargo nosotros sin el apoyo de nadie, porque son nuestros trabajadores los que están haciendo día a día, poniéndole el hombro para sacar adelante a los niños que nosotros tenemos a cargo”. Respecto a la evaluación de la implementación de Mejor Niñez, Díaz la calificó como “tremendamente negativa”. “Desde el primer día nos percatamos de que aquí era ensayo y error”, sentenció.