Hasta las 16:00 horas de este lunes. Ese es el plazo fatal que la jueza Geni Morales Espinoza impuso a TVN, para que la estación estatal le revele cuál de sus fuentes le filtró antecedentes secretos del denominado caso Pacogate.
La decisión se da luego de que el pasado 28 de septiembre el programa Informe Especial exhibiera información reservada contenida en la carpeta investigativa del Ministerio Público, que apuntaba al origen del mega-fraude en Carabineros.
Precisamente, la divulgación de datos sensibles de la causa, en medio de un juicio que ya se prolonga por siete meses, derivó en la determinación de la presidenta del Cuarto Tribunal de Juicio Oral de oficiar a la señal pública.
A través del documento de cuatro carillas (y en un desconocimiento a la Ley de Prensa), la magistrada ordenó al jefe del Área de Reportajes de TVN proporcionar los detalles que derivaron en la publicación de la investigación periodística.
Así, la jueza Morales instruyó al canal precisar al tribunal “cómo y cuándo obtuvo acceso a la evidencia probatoria contenida en la carpeta investigativa (…) debiendo informar la fuente y el origen de tal información”.
A reglón seguido, solicitó detallar si los periodistas que trabajaron en la investigación mantienen mayores evidencias y antecedentes a los exhibidos en el reportaje.
“La respuesta a las consultas será emitida dentro de dos días hábiles, la que deberá estar en poder del tribunal a más tardar el 3 de octubre de 2022, a las 16:00 horas”, reza el escrito firmado por Morales el pasado 29 de septiembre. Es decir, apenas 24 horas después de la emisión de Informe Especial.
¿Qué dice la Ley de Prensa?
Pese a la orden de la magistrada, su oficio contrasta con lo que establece expresamente la Ley de Prensa (19.733).
En efecto, el artículo séptimo del cuerpo legal dispone claramente que los directores, editores de medios de comunicación, periodistas, estudiantes de periodismo y corresponsales extranjeros tienen el “derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.
Y más aún. A juicio del abogado penalista Nelson Salas Stevens, en esta situación particular “los periodistas tienen buenos argumentos legales para negarse a entregar la información”.
“El tribunal cuando solicita esta información en el oficio no lo hace bajo apercibimiento de desacato. O sea, si los periodistas no entregan la información no están cometiendo ningún delito por desobedecer una resolución judicial”, explica.
De acuerdo al jurista, en este caso “existe una colisión de normas”. “Por un lado una norma que establece que no debía transmitirse información que sí se difundió y por otro está la Ley de Prensa que establece en su esencia a la prensa como el cuarto poder. Esto para que la prensa pueda acceder a cierta información de carácter sensible y las fuentes de información queden resguardadas”, profundiza.
Otros oficios
Mediante el mismo archivo, la magistrada también ofició al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Esto último, para que den a conocer cuándo se concretaron las entrevistas del fiscal a cargo de la causa, Eugenio Campos, y del consejero del CDE, Daniel Martorell, respectivamente.
La determinación de Morales cobra relevancia, puesto que en la etapa procesal actual existe prohibición a los intervinientes de informar respecto de la causa.
Fuentes conocedoras del caso indicaron a este medio que el tribunal dispondrá de la realización de una audiencia donde se discutirá si los antecedentes expuestos en el reportaje de televisión afectan o no el desarrollo del juicio oral.
Lo anterior podría significar la exclusión de las pruebas exhibidas en el artículo periodístico o incluso, en el peor de los casos, la realización de un nuevo juicio.
Hasta el cierre de esta edición, desde el Poder Judicial indicaron que evalúan emitir un pronunciamiento formal respecto del oficio.
Consultado TVN, no emitió un pronunciamiento oficial, aunque fuentes al interior de la estación indicaron que responderán al oficio “de acuerdo a la Ley de Prensa”.