Con el visado del informe de una comisión mixta, el Senado aprobó y despachó una modificación de la Ley de Pesca con lo que se elevan controles y se fijan sanciones ante escapes de salmones desde centros de cultivo.
La idea inició su tramitación el jueves 11 de enero de 2018 y quedó en condiciones de ser ley después de cinco años de debate.
De ocurrir, las multas son por ejemplar escapado, por incumplimiento de medidas de seguridad y por la responsabilidad de los titulares de los centros de cultivos.
De acuerdo al senador Iván Moreira (UDI), integrante de la mixta, si se detectan infracciones de seguridad con salmones en jaula la multa será el precio del valor cosecha de la mitad de los salmones.
Si hay escape, en tanto, eso será el monto del valor de cosecha de todo lo no recapturado, más la prohibición de funcionamiento de uno a cuatro años.
“No hay soluciones ideales, pero creo que este proyecto presenta mejoras importantes”, indicó.
Nuevas normas para lidiar con los escapes de salmones
En definitiva, la norma regula la información sobre el uso de antibióticos, sanciona la ruptura maliciosa o sustracción de especies y prohíbe la liberación de salmones desde los centros de cultivo.
Eso sí, permite a los pescadores artesanales – debidamente inscritos – la captura de especies que se hayan escapado de centros de cultivos, siempre y cuando el responsable de la unidad afectada haya solicitado la prestación de esos servicios.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) – uno de los autores de la moción cuando era diputado – recordó que “han pasado cinco años desde que se encendieron las alarmas legales y ambientales con salmones escapados, que se convierten en depredadores, y cuando los pescadores artesanales los capturaban podían ser penalizados… por eso hicimos este proyecto”.
De todos modos, Moreira deslizó que todavía hay temas pendientes, como la preocupación de los pescadores deportivos y la definición, con mayor claridad, de los límites de la pesca accidental.
Oceana festeja
Desde la organización de conservación marina Oceana celebraron la aprobación de la idea.
“Se trata de un paso importante para la regulación de una industria que se negó sistemáticamente a la transparencia y a asumir las responsabilidades ambientales producto de los escapes”, zanjaron.
Según aseguraron, desde 2014 que empezaron a pedir todos los años a Sernapesca la información sobre uso de antimicrobianos y producción por empresa, encontrándose siempre con la oposición de la mayoría de las salmoneras.
“Argumentaban que la entrega de estos datos afectaba sus derechos económicos y comerciales. La negativa daba paso a largos procesos judiciales que duraban hasta cuatro años, para que finalmente las salmoneras fueran obligadas a liberar la información, cuando esta ya había perdido gran parte de su valor”, comentaron.
