Especialistas calificaron como “grave” el informe de la Contraloría General de la República sobre la Dirección General de Aguas (DGA), donde se indica que el organismo no adoptó medidas para prevenir ni evitar el agotamiento del recurso entre enero de 2016 y junio de 2020.
La CGR apuntó a la falta de planificación en el desarrollo del recurso; la inexistencia de programas de monitoreo para áreas restringidas y de una red de estaciones de control; y la escasez de infraestructura para conocer los niveles de los pozos.
Esto último ocurre en 49 de 101 áreas de restricción de acuíferos, y en 29 de 78 zonas de prohibición de acuíferos.
Ante el categórico informe del ente contralo, la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, sostuvo que “es bastante grave en relación a la preservación del recurso”.
Asimismo, aseguró que el contexto de crisis hídrica agrava esta situación. “Ha sido bastante dramática en los últimos años. (…) No se entiende muy bien el cómo llegamos a este punto de vacío en el cumplimiento de las funciones de la DGA”, indicó.
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Faltas de DGA: la dependencia de Obras Públicas (MOP)
Este análisis fue compartido por Álvaro Andrade, abogado especialista en temas hídricos del estudio Ecija Otero, quien cuestionó que la Dirección General de Aguas siga dependiendo del Ministerio de Obras Públicas.
De acuerdo a su visión, esta cartera “no cuenta con grandes presupuestos y cuenta siempre con un capital humano muy disminuido para cumplir con sus atribuciones”.
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Finalmente, María Luisa Baltra, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, expresó que las modificaciones al Código de Aguas no bastarán si la DGA se mantiene como actualmente opera.
“Hay un proyecto sobre una Subsecretaría de Recursos Hídricos, pero eso puede ser a nivel de programa y planes. En el fondo, el trabajo efectivo que tiene que hacer la organización es lo que está fallando”, manifestó.
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Cabe recordar que la Contraloría instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el período revisado.