Mientras la derecha quiere debate y análisis, sobre todo por el "factor Bolivia", la izquierda busca apretar el acelerador y avanzar lo más rápido posible. El Gobierno firmó el tratado en su primera semana en el poder y ahora este debe ser ratificado por el Congreso.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados junto a la canciller Antonia Urrejola discutirán el Acuerdo de Escazú este martes 12 de abril.
Las fuerzas políticas del Congreso reciben la noticia con diferentes preocupaciones.
Desde la UDI, por ejemplo, el diputado e integrante del comité, Cristian Labbé, indicó que en la instancia esperan identificar los puntos más importantes del acuerdo que podrían afectar la soberanía del país.
“Bolivia podría exigir a Chile la entrega o acceso al mar a través de este tratado”, acusó.
“Por ende lo que hay que hacer es discutirlo en profundidad e identificar los puntos que podrían afectar la soberanía nacional y esos puntos ponerlos sobre la mesa y discutirlos con la ministra”, añadió.
Con lo anterior Labbé apunta su mira hacia el artículo 11 del texto que, bajo el título de “cooperación”, obliga a las partes a prestar “especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”.
Sin embargo, desde el Frente Amplio, el diputado Félix González espera que en el encuentro el tratado sea discutido, votado y despachado.
“Para que el miércoles en la Comisión de Medio Ambiente podamos continuar con la tramitación y también votar a favor”, dijo.
Según comentó, se trata de un proyecto que muchas personas han esperado, especialmente organizaciones defensoras del medio ambiente.
¿Qué busca el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y es el único en el mundo que busca proteger a activistas medioambientales.
El tratado fue firmado por el presidente Gabriel Boric a seis días de haber asumido el mandato.
Este busca proteger tres derechos básicos relacionados con materias medioambientales: acceso a la justicia, información y participación pública en los procesos de toma de decisiones.
