La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), junto a la Asociación de Municipios Rurales (Amur), pidieron al Gobierno decretar estado de catástrofe en 5 regiones del país, debido a la crisis hídrica que amenaza con el racionamiento de agua.

En ese sentido, el Ministerio de Agricultura anunció que se extenderá por tres meses más la emergencia agrícola en 231 comunas a nivel nacional, entregando mayores recursos al sector.

Estas asociaciones solicitaron al presidente Gabriel Boric hacer uso de sus atribuciones y decretar Estado de Catástrofe tras la crisis hídrica, específicamente en la cuarta, quinta, sexta, séptima y la región Metropolitana.

Estado de Catástrofe tras crisis hídrica

William Arévalo, vicepresidente de la Amuch, y alcalde de Santa Cruz, indicó que la finalidad de esta propuesta es generar soluciones de Estado.

En tanto, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, manifestó la necesidad de entregar soluciones concretas a la ciudadanía, ante un escenario que no es beneficioso.

En la misma línea, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, hizo un llamado a las autoridades de Gobierno a escuchar las demandas de los jefes comunales.

Cabe mencionar que esta comuna de la región de Valparaíso ya cuenta con un racionamiento en la localidad de El Melón.

Extensión de emergencia agrícola en 231 comunas

Bajo este contexto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que extenderán la emergencia agrícola por tres meses más en 231 comunas a nivel nacional, particularmente de la zona central del país, pero que también incluye a algunos municipios de la región de Aysén.

El secretario de Estado declaró además que esta redirección de recursos adicionales, se enfocará en el fortalecimiento de los sistemas de acumulación de agua, y el trabajo en programas que permitan, por ejemplo, el trabajo de riego conjunto de grandes empresas con la pequeña agricultura.

Valenzuela agregó que el Ministerio de Agricultura se encuentra trabajando con Hacienda, para ir implementando mayores recursos al sector, y contribuyendo también a la reactivación económica en programas que incentiven la seguridad hídrica.