Como un "mal precedente" tildó la empresa WTE Araucanía el rechazo a la planta incineradora de basura que se pretendía instalar en Lautaro. Acusan que en la decisión primaron "convicciones políticas e ideológicas" y que lo ocurrido en la Comisión de Evaluación Ambiental es un "desincentivo a la inversión".
La empresa WTE Araucanía se refirió este viernes al rechazo en la Comisión de Evaluación Ambiental -por seis votos en contra y uno a favor- de la planta de incineración de basura que se pretendía instalar en Lautaro.
Lo anterior, luego que los seremis y el delegado presidencial Raúl Allard votaran en contra de la iniciativa, que sólo obtuvo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental.
El gerente de la empresa, Marc Thiele, lamentó que “el Delegado Presidencial y los Secretarios Regionales Ministeriales de distintas carteras de la región de La Araucanía decidieran en la Comisión de Evaluación votar en contra del Proyecto WTE Araucanía, a pesar de la clara recomendación técnica por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de aprobar íntegramente el Estudio de Impacto Ambiental evaluado”.
Afirmó que la calificación respondió a “convicciones políticas e ideológicas” y que lo ocurrido es un “claro desincentivo a la inversión” y marca “un mal precedente para futuros proyectos” en la región.
“Lamentamos profundamente que las nuevas autoridades regionales no reconozcan el valor y la necesidad de avanzar hacia una gestión de residuos sustentable y real, que, indiscutiblemente, incluye la valorización energética, tal como lo establece la Ley REP (legislación vigente en Chile)”, agregó.
A su juicio, lo anterior lo demuestran países más avanzados en la gestión de residuos, como Alemania, Austria y Suiza, que valorizan aproximadamente un 50% de sus residuos sólidos municipales en plantas WTE.
Recordemos que la instalación de la planta también es rechazada por comunidades indígenas y entre los argumentos expuestos por las autoridades para su rechazo estuvo la vulneración al medioambiente y la violación del Convenio 169 de la OIT.
El proyecto, que incluía una inversión de 80 millones de dólares, era tramitado ambientalmente desde junio de 2017.
