La mañana de este viernes, el Gobierno de Chile firmó el Acuerdo de Escazú.
Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que busca proteger a activistas medioambientales.
Es, además, jurídicamente vinculante.
Según explicaron desde la administración de Gabriel Boric, el Acuerdo de Escazú “en ningún caso pone en riesgo la soberanía de los Estados”.
“Reconociendo incluso explícitamente dentro de sus principios la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y la igualdad soberana de los Estados”, añadieron en una declaración.
“Ser parte de este acuerdo envía una fuerte señal, incluidos a los inversionistas extranjeros, en la senda de una recuperación sostenible en el contexto de la crisis sanitaria y refuerza el compromiso de Chile con la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, aseguraron.
A juicio de La Moneda, el enfoque del tratado es el de fortalecimiento de capacidades y cooperación, “lo que permitirá mejorar el desempeño nacional y a la vez contribuir al de otros países”.
Su texto fue acordado el 4 de marzo del 2018. Entre el 27 de septiembre de ese año al 26 de septiembre del 2020 alcanzó la suscripción de 24 países y finalmente 12 ratificaciones entre los 33 países de la región.
¿Qué pasa ahora? Un proyecto parte al Congreso Nacional, el primero de esta gestión, el que debe ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como el Senado para que el Acuerdo de Escazú se ratifique y entre en vigencia en nuestro país.
Gobierno celebra firma e insta al Congreso a tramitar con rapidez
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró la firma del tratado.
“Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano”, recordó la titular de la cartera.
“Reconoce una relación explícita y necesaria entre medio ambiente y Derechos Humanos”, complementó.
En tanto, la canciller Antonia Urrejola afirmó que con Escazú “reforzaremos los vínculos de política exterior con la sociedad civil. Escazú tiene un especial foco precisamente en personas y grupos en situación de vulnerabilidad y es el primer tratado del mundo que se refiere específicamente a defensores ambientales, para garantizar su protección”.
Lo anterior está consagrado en el artículo 9 del documento.
A modo de finalizar su intervención, Urrejola llamó al Congreso a tramitar de manera rápida el tratado y puso a disposición de los legisladores los equipos del ministerio.
Por su parte, el presidente Gabriel Boric confirmó que este será el primer proyecto de ley que su gobierno enviará al Congreso.
“Esto es relevante no solo porque somos un Gobierno que cumple sus compromisos, sino porque también da cuenta del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática”, señaló el Mandatario.
“Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo”, sentención.
A modo de finalizar su intervención, Boric también instó al Congreso a tramitar esto con rapidez porque “la vida no puede esperar”.
Chile impulsa Acuerdo de Escazú, luego lo rechaza y finalmente lo firma
Aunque bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera Chile fue el principal impulsor de la iniciativa, el mismo expresidente rechazó firmarlo durante su segundo mandato.
¿Por qué? Su gobierno determinó que el Acuerdo de Escazú no era conveniente para los intereses nacionales.
Según dijeron, este condicionaría nuestra legislación ambiental, generaba “incertidumbre jurídica”, introducía “obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas” y podría exponer a Chile a “controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas”.
Sumado a eso, los detractores ponen su mira en el artículo 11 del documento.
Bajo el título de “cooperación”, este obliga a las partes a prestar “especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”.
Es decir, de ratificarse el acuerdo, creen que Bolivia nuevamente puede llevar a Chile a cortes internacionales buscando una salida soberana al mar.
Al haber alcanzado las 11 ratificaciones requeridas, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 para el Día de la Tierra, con el apoyo de la Cepal.