El presidente Gabriel Boric estaría preparándose para firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
Se trata del primer pacto ambiental de la región, uno donde Chile actuó como principal impulsor, especialmente con Sebastián Piñera I en el poder (2010 – 2014), aunque la idea fue desechada en su segundo mandato.
La noticia la compartió el mismo Boric en una pauta junto a la prensa extranjera en el Palacio de La Moneda, pero sin mayores detalles.
Aunque algunos medios han asegurado que la idea se volvería una realidad esta semana, el Mandatario se comprometió ante los medios extranjeros a hacerlo antes de la próxima COP27.
La cita se realizará a fines de 2022 en la turística ciudad de Sharm al Sheij, en Egipto.
BioBioChile consultó al Ministerio del Medio Ambiente pidiendo más detalles al respecto, pero la cartera declinó referirse al tema, indicando que habrá una postura oficial “próximamente”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
En concreto, el texto tiene como principal objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Al mismo tiempo, persigue la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Sumado a eso, el Acuerdo de Escazú es inédito a nivel mundial ya que en su artículo 9 establece que cada firmante garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
No obstante, Piñera II finalmente decidió darle la espalda a la idea porque era inconveniente para los intereses nacionales.
En septiembre de 2020, su gestión emitió una declaración de cuatro puntos para explicar su determinación.
Según dijeron, el acuerdo introducía principios no definidos que condicionarían nuestra legislación ambiental.
En segundo lugar, firmar el texto podía implicar cambios inciertos en nuestra legislación, “dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica”.
A eso sumaron el argumento que Escazú introducía “obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento”.
Finalmente, el último punto aludía a que el acuerdo expondría a Chile a “controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas”.
El Acuerdo de Escazú fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y desde un principio contó con el apoyo de la Cepal.
Hasta la fecha acumula 24 firmas, pero solo 12 ratificaciones (aunque le bastaban 11 para entrar en vigencia): Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
