El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), defendió la consulta ciudadana que le otorgó un amplio respaldo al proyecto minero Dominga, pese a que la participación no superó el 20% del padrón electoral. Andes Iron, la compañía propietaria del proyecto, dijo que esta votación los compromete a "redoblar" los esfuerzos con el desarrollo sustentable de la iniciativa.
La Municipalidad de La Higuera realizó el sábado 12 de marzo una consulta ciudadana por el proyecto minero portuario Dominga.
En ella participaron 827 personas, de las 4.487 del padrón electoral, lo que representa un 18,4%.
De los votantes, 795 – un 96% de los sufragantes – estuvieron a favor de la construcción del proyecto Dominga.
El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), defendió y destacó la idea.
El jefe comunal resaltó “el impecable proceso” que se llevó a cabo con total transparencia y tranquilidad.
“Esto no es una guerra y simplemente una toma de opinión donde todos somos libres y tenemos derecho a pensar lo que queramos”, comentó.
“Le voy a pedir respeto a aquellas personas que se han dirigido de mala manera, que han querido invalidar esta consulta ciudadana, porque la verdad es que los números que tenemos hoy dicen lo contrario”, añadió.
“Los vecinos de La Higuera se han manifestado de manera democrática y una amplia mayoría lo hizo a favor de la instalación del Proyecto Dominga”, cerró el gremialista.
Consulta por Dominga: “un acto político”, dice ONG FIMA
Sin embargo, la instancia no estuvo exenta de críticas.
El abogado ambientalista Ezio Costa, también director ejecutivo de la ONG FIMA, una de las principales opositoras a la iniciativa, aseguró que la consulta fue realizada como medio de propaganda de adherentes al proyecto.
“La verdad es que es un acto político de parte de la minera y el alcalde de La Higuera”, partió el ambientalista.
“Organizaron esto para generar este tipo de resultado, no es más que una acción de propaganda”, lanzó.
A través de un comunicado, la empresa dueña de Dominga saludó el resultado obtenido.
“Si bien este es un proceso no vinculante, valoramos la alta participación y agradecemos el respaldo de los vecinos de la comuna”, indicaron desde Andes Iron.
“Esto nos compromete a redoblar nuestros esfuerzos con el desarrollo de un proyecto sustentable, que buscará conciliar el cuidado del medio ambiente con las necesidades ciudadanas”, prometieron.
Tranquila y ordenada ha sido hasta ahora la Consulta Ciudadana sobre el proyecto #Dominga, a fin de conocer la opinión de la comunidad en relación a su eventual ejecución en el territorio. Hasta las 18.00 horas estarán abiertas las mesas en el Colegio Pedro Pablo Muñoz 🗳 pic.twitter.com/mcCzSJGSvF
A 16 kilómetros al norponiente de la comuna de La Higuera, Andes Iron, propiedad del “Choclo” Délano (condenado en procedimiento abreviado en 2018 a la pena de libertad vigilada por delitos tributarios en el Caso Penta) quiere extraer cobre y hierro.
Para eso se planea construir una planta, abrir dos rajos, erigir un depósito de estéril y otro de relaves espesados.
A modo de exportar lo extraído la empresa propone instalar un puerto, uniendo ambos sectores con concentraductos y acueductos, específicamente tres tuberías subterráneas de 26 kilómetros de extensión.
El terminal de embarque se ubicaría en Totoralillo norte, cerca del Archipiélago de Humboldt.
Este en un importante corredor de ballenas y hospeda la única colonia residente de delfín nariz de botella de Chile.
Es también el hogar del mamífero marino más pequeño del mundo, el chungungo (Lontra felina) y de otras 68 especies de peces, 180 de macroalgas con invertebrados y 122 de aves. En total, es posible encontrar hasta 560 especies marinas.
Acusación constitucional
El 16 de noviembre, el Senado rechazó la segunda acusación constitucionalcontra el expresidente Sebastián Piñera, acción que justamente estaba relacionada con Dominga.
¿Cómo? Por la compraventa de la empresa entre el exmandatario y su mejor amigo en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
En este se dio a conocer todo, incluso la polémica tercera cláusula para un pago de casi US$10 millones relacionado con que la zona quedara sin protección ambiental, una determinación que pasaba por el Presidente.
Eso sí, los Pandora Papers accedieron al contrato en inglés, que no estaba disponible en 2017, y eso gatilló en la oposición el deseo de destituirlo.