Dirigentes de la costa valdiviana, en la región de Los Ríos, valoraron las medidas cautelares decretadas por el Tercer Tribunal Ambiental que ordenó paralizar y prohibir la ejecución de obras en cuatro proyectos inmobiliarios.
Se trata de los proyectos Cutipay I, Cutipay II, Pilolcura y Canelales, que mantenían en ejecución las empresas “Sociedad Agrícola Kuriñanco Limitada” y “Sociedad Inversiones e Inmobiliaria Pilolcura Limitada”.
El presidente del Consejo de Desarrollo de la Costa, Rodolfo Mansilla, dijo que es el resultado del trabajo de las organizaciones del sector.
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Si bien existe una querella del Consejo de Defensa del Estado contra los responsables de estos proyectos y un decreto municipal que buscaba detener los trabajos, Masilla dijo que esta ordenanza se ha visto obstruida por la apelación hecha por los abogados de las inmobiliarias.
El vocero de la comunidad mapuche Quinan Chicuy, del sector Los Molinos, Sergio Quinan, calificó las medidas cautelares del Tribunal Ambiental como una buena medida.
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Entre los antecedentes que el Tribunal tuvo en consideración para paralizar y prohibir la ejecución de obras, se encuentran informes de CONAF, SAG, Seremi Vivienda, Sernageomin y la Superintendencia del Medio Ambiente.
Existen resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente que establecen que los proyectos se encontrarían al margen del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al no contar con Resolución de Calificación Ambiental.
El órgano especializado estimó que se configura una situación de riesgo o peligro al medio ambiente o la salud de las personas, cuestión que además resulta particularmente sensible cuando se ha constatado la existencia de comunidades indígenas y pueblos originarios en las cercanías del proyecto.