La Superintendencia de Medio Ambiente (SAM) sancionó con una multa de 225 millones de pesos a la empresa Colbún, tras acreditar la construcción de la termoeléctrica Santa María en Coronel, región del Bío Bío, con equipos y componentes distintos a los autorizados en la resolución de calificación ambiental.

Fue hace dos años y medio que la Corte Suprema ordenó la reapertura de una investigación que la SMA había cerrado sin resultados, a partir de la denuncia de vecinos de la termoeléctrica de Colbún en Coronel.

Como resultado del proceso sancionatorio, el organismo fiscalizador acreditó que la central Santa María fue construida y puesta en funcionamiento, vulnerando los términos de la resolución de calificación ambiental al utilizar por ejemplo una turbina de 370 megawatts, 20 megawatts que los autorizados, lo mismo con transformador y un generador, mientras que la chimenea, que debía ser de 90 metros, finalmente fue construida hasta los 130 metros de altura.

Para la Superintendencia, ese incumplimiento equivale a una infracción leve, sancionando a Colbún con el pago de 225 millones de pesos o 345 Unidades Tributarias Anuales, multa que el abogado de algunos vecinos del sector, Andrés Durán, criticó duramente.

En la investigación se habría acreditado que a pesar de tratarse de una planta distinta a la evaluada y aprobada, la generación de energía por parte de Santa María no se tradujo en impactos al medio ambiente, lo que para el diputado ecologista Félix González, no es argumento que pueda disminuir la responsabilidad de una empresa.

Lo que está evaluando el abogado Durán, ahora, es la posibilidad de pedir que se deje sin efecto la resolución de calificación y la termoeléctrica se sometida a un nuevo estudio de impacto ambiental.

Desde la empresa generadora se indicó a través de una declaración que Colbún aún no ha sido notificada de la resolución y sólo recordando que dos veces la Superintendencia había cerrado la investigación sin multas ni sanciones, y que por lo tanto van a esperar conocer los fundamentos de la resolución para evaluar los vías legales que seguir.