El impacto que tiene el océano en Chile, con sus 6.435 kilómetros de borde costero, mantiene vivo el empuje del país para que se concrete el tratado internacional en defensa de la biodiversidad marina en alta mar, cuyas negociaciones podrían culminar el año que viene.

“Es hora de actuar”, aseveró el embajador Waldemar Coutts, director de medio ambiente y asuntos oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quien trabaja para que el país cumpla con sus compromisos ambientales y de conservación en distintos foros internacionales.

“Tengo la convicción de que un acuerdo de estas características no sólo es importante para Chile y la región latinoamericana, sino para el mundo, puesto que es de conocimiento general la importancia que tiene el océano para la sobrevivencia de la humanidad, y es esto lo que nos estamos jugando si no entendemos que ya no tenemos tiempo para seguir discutiendo”, explicó.

La alta mar (término que corresponde a las zonas oceánicas que no están bajo la jurisdicción de ningún estado) queda fuera de las zonas económicas exclusivas de los países y cubre casi dos tercios (64 %) de los océanos del planeta. Actualmente, sólo alrededor del 1% de estas aguas cuentan con protección, según datos de la ONG The Pew Charitable Trusts.

Las conversaciones por un tratado de alta mar para proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés) se remontan a una Asamblea General de las Naciones Unidas de 2004, y entre 2018 y 2019 tuvieron lugar tres conferencias intergubernamentales con el fin de alcanzar un acuerdo final.

¿Etapa final de las negociaciones?

Existe un borrador de trabajo sobre el texto del tratado, pero la pandemia aplazó el encuentro en 2020 y también en este año, por lo que se espera que la cuarta reunión (la cual se prevé que sea la última) se celebre a inicios de 2022.

“Por el contenido y alcance del acuerdo, era y sigue siendo difícil que pueda ser adoptado en cuatro conferencias. Debemos tener presente que las materias contenidas en el paquete de acuerdos de esta negociación, por sí solas podrían generar cuatro acuerdos”, dijo Coutts.

“Me refiero a herramientas de gestión basadas en zonas geográficas, recursos genéticos marinos, evaluación del impacto ambiental y creación de capacidades y transferencia de tecnología marina. Sin embargo, debemos mantener el momento político, y en este sentido las ONG y la sociedad civil están haciendo un trabajo importante para apoyar a las negociaciones”, agregó.

El embajador fue tajante al asegurar que es necesario lograr un tratado que permita materializar “un equilibrio verdadero entre conservación y uso sostenible del océano, y que garantice un océano saludable para el futuro”.

“Los tiempos actuales nos exigen tratados modernos y eficaces, con estructuras institucionales funcionales y ajustadas a la urgencia climática y ambiental. Sobre todo, su cumplimiento con responsabilidad es fundamental porque necesitamos un tratado que dé cuenta de su implementación por parte de los Estados que formen parte de este”, explicó.

Así, subrayó la importancia de que se pueda contar con un comité técnico de cumplimiento, una estructura global adecuada, una conferencia de las partes, una secretaria funcional, y comités científicos, entre otros.

“Necesitamos un tratado cuyas disposiciones se apliquen apenas entre en vigencia”, enfatizó.

Protección del 30% de la superficie terrestre y marítima

La protección de la alta mar se considera también fundamental para alcanzar los objetivos de proteger al menos el 30 % de la superficie terrestre y marítima del planeta para 2030 a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, por sus siglas en inglés) de la ONU.

Según The Pew Charitable Trusts, dado que sólo el 1% de la alta mar está protegida, sería prácticamente imposible alcanzar el objetivo de proteger el 30 % de los océanos del mundo sin incluir la alta mar.

Coutts contó que para Chile existe un “claro vínculo” entre el futuro tratado de alta mar para proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales y el objetivo del 30% de protección al 2030.

“Chile se compromete a adoptar la meta de proteger el 30 % del océano para el 2030, pero considerando que la negociación de BBNJ es fundamental para poder establecer una red de áreas marinas integrales, intersectoriales, plena y altamente protegidas en la alta mar, que permitan alcanzar esa meta de protección”, concluyó.