El Consejo de Defensa del Estado, se mostró conforme por la determinación del Juzgado de Garantía de Mariquina, el que aprobó la suspensión condicional del procedimiento en relación a los funcionarios imputados de la Planta Celco Valdivia, quienes habrían estado involucrados en episodio de contaminación en el Río Cruces ocurrido el 2014.
Desde el estamento, se precisó que el hecho ocurrido en enero de ese año provocó “la muerte de ejemplares de diversas especies de peces en el sector, por lo que deberán cumplir, entre otras obligaciones, el desarrollo de una línea de base conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente”.
A lo anterior, se suma la implementación de “un sistema de vigilancia de licor verde”.
Daniel Medina, abogado del CDE, señaló que los hechos en cuestión fueron investigados por el Ministerio Público desde que ocurrieron, llegándose a la conclusión que ” ellos eran constitutivos del delito contemplado en el artículo 136 de la ley de Pesca y Acuicultura”.
Dicha normativa, castiga a los que “introduzcan en un cuerpo de aguas, como el mar, ríos o lagos, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños”.
