El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autorizó el uso de casi 100 plaguicidas en Chile que están prohibidos en la Unión Europea. De ese total, 40 son “altamente peligrosos” (según la Pesticide Action Network) y otras cuatro contienen químicos restringidos.
La información fue revelada en una extensa auditoría elaborada por la Contraloría, cuyas conclusiones fueron liberadas esta jornada en un documento de 78 páginas al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile.
El informe da cuenta de la falta de antecedentes que el SAG tiene a mano a la hora de dar el visto bueno a un plaguicida. Incluso se cuestiona que no soliciten ayuda a organismos competentes, como los ministerios de Salud o de Medio Ambiente, para conocer el impacto de estas sustancias en humanos, animales y en el entorno.
La investigación del ente fiscalizador tomó como ejemplo el sistema de la Unión Europea. Allí, a diferencia de Chile, se aplica el principio precautorio o de cautela.
En otras palabras, si existen dudas científicas sobre los riesgos que podría provocar un plaguicida, es mejor no aprobarlo hasta tener certeza de sus efectos adversos.
Por el contrario, según detectó la Contraloría, en nuestro país el SAG extiende las autorizaciones basados en el estudio que presenta el titular de la solicitud, sin verificar si existen otros antecedentes que sean contradictorios o si existe incertidumbre científica respecto a los efectos que podría provocar.
Lea aquí el informe
Las conclusiones
Así las cosas, el documento entrega una serie de conclusiones. Una de ellas es que no existe evidencia de que se realice una evaluación de riesgos en el proceso de autorización de los pesticidas. Y tampoco que se ponderen sus impactos acumulativos y sinérgicos en la salud de las personas.
Es decir, no hay respaldo del análisis de los eventuales efectos que se van sumando en el tiempo, ni los generados por la interacción de todas las sustancias presentes en el plaguicida y su consecuente impacto en el medio ambiente y la salud de las personas.
Tampoco se acreditó la existencia de instructivos metodológicos.
Además, se constató que “en la autorización de plaguicidas de uso agrícola, no se consideran las características nacionales, regionales o locales”. Ya sean climáticas, ambientales, o de zonas protegidas, por cuanto “las autorizaciones tienen vigencia nacional sin restricciones”.
Y peor aún, no hay evidencia de que el SAG analice riesgos al largo plazo, entre ellos los cancerígenos o incluso problemas reproductivos.
La respuesta del SAG
En vista de estos antecedentes, la Contraloría requirió formalmente al SAG. A través de un oficio reservado, el servicio manifestó que el modelo de la Unión Europea, uno de los más estrictos del mundo, no se ajusta a la realidad nacional.
Sus fundamentos para autorizar estas sustancias son bajo los lineamentos internacionales de otros países, como Estados Unidos, Canadá y otros en Europa.
Agrega que el dinamismo de la normativa de evaluación de plaguicidas está en un proceso de revisión continua y que por eso, en 2014, modificaron la normativa y sometieron a revisión las autorizaciones otorgadas a uno o mas plaguicidas formulados en base a sustancias que presenten mayor riesgo.
“La realidad de la UE es un ideal a alcanzar en algún momento del desarrollo del país, cuyo sistema y algunos criterios utilizados son importantes y marcan un camino a seguir para el futuro”, señalan.
De acuerdo al informe, la falta de un mecanismo de evaluación de riesgos se debería a su alta complejidad, a la gran cantidad de informacion que se requiere para su realización y a los recursos humanos necesarios para ello.
Consultado por BioBioChile, desde el SAG emitieron un escueto comunicado, donde señalan que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra analizando el informe, “tras lo cual presentará un plan de trabajo de acuerdo a los plazos indicados por este organismo”.
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