Un grupo de expertos de la ONU instó este lunes a los gobiernos de Chile y Suecia a hacer justicia y eliminar los deshechos tóxicos que se vertieron hace casi 40 años en la comuna de Arica y que han tenido un “impacto devastador” en la salud de miles de personas.
“Deben tomarse medidas urgentes para devolver de forma segura los residuos peligrosos a Suecia para su eliminación adecuada”, señaló la oficina de Derechos Humanos en América del Sur de la ONU.
Más de 20.000 toneladas de deshechos con alto contenido de arsénico y mercurio fueron vertidos entre 1984 y 1985 por la empresa sueca Boliden Mineral AB en el extremo norte del país.
Aborto espontáneo, cáncer, dolor en las articulaciones, dificultades respiratorias, alergias o anemia son varias de las enfermedades que se reportaron por la exposición a estos vertidos, que afectaron a más de 12.000 personas y le provocaron la muerte a muchos, según la institución.
“Se debe proporcionar urgentemente recursos efectivos a los residentes actuales y anteriores de Arica, incluida la atención médica, reubicación y acceso a una vivienda adecuada”, agregaron los expertos.
Los desechos provenían de la planta de arsénico Rönnskär de Boliden, en Suecia, y fueron vendidos a una empresa chilena, Promel, para su procesamiento durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Cuando se efectuó el primer envío, se dijo falsamente a las autoridades chilenas que el desperdicio no era tóxico, según alertó el grupo de expertos, y los vertidos se dejaron sin procesar y sin protección alguna en aquel lugar.
En la década de 1980 se construyeron conjuntos residenciales cercanos al lugar y no fue hasta 2009, después de que organizaciones ambientales presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las autoridades concluyeron que el área debía ser evacuada por su peligrosidad.
En 2013, un grupo de chilenos presentaron más acciones legales, pero la justicia sueca sostuvo que las denuncias tenían un límite de tiempo y se desentendieron de caso.
Los expertos de la ONU aseguraron que la desestimación de la causa “equivale a una denegación de la justicia ambiental” y que Suecia “no actuó de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.
También, criticaron a las autoridades sanitarias de Chile por “posibilitar la importación de desechos tóxicos sin realizar análisis químicos” y por permitir que haya ciudadanos que sigan viviendo cerca de los vertidos, sobretodo gente en situación de pobreza.
“Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de Derechos Humanos de larga data”, concluyeron.
