La Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas falencias en la fiscalización que realizan organismos estatales de las actividades acuícolas de salmonicultura, lo que no está en armonía con el principio preventivo en materia ambiental, e impide resguardar apropiadamente la calidad de las aguas y los recursos ambientales.
En el informe se da cuenta del análisis que realizó la CGR a las actividades de fiscalización y control que efectúa el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con la operación de las actividades acuícolas de salmonicultura así como la participación de los organismos competentes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
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Durante la investigación, se encontró que el Sernapesca no cuenta con un procedimiento que evalúe las actividades de acuicultura para asegurar que el titular localice sus balsas jaulas dentro del área concesionada. Tampoco contaba con un registro unificado y de respaldos de las actividades de fiscalización efectuadas en centros de cultivos de salmónidos durante 2019.
Por otra parte, la Subpesca no acreditó la realización de una evaluación formal y completa, con objeto de modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, que se localizan dentro del perímetro de un parque nacional. Asimismo, se advirtió que desde la emisión del dictamen N° 38.429, de 2013, hasta el envío del correspondiente informe técnico por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al Ministerio de Defensa Nacional, para la desafectación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, en el caso del Parque Alberto de Agostini, transcurrieron más de 5 años.
En la Superintendencia del Medio Ambiente se constató que este organismo no atendió oportunamente las denuncias del Sernapesca respecto de 10 centros de cultivos que estaban fuera de la concesión otorgada. Al respecto, la CGR solicitó a dicha entidad comunicar y respaldar las acciones ejercidas producto de la revisión y análisis de la ubicación de los centros en cuestión en el plazo de 60 hábiles contado desde la recepción del informe final.
Finalmente, en el Servicio de Evaluación Ambiental se comprobó la ausencia de criterios objetivos y uniformes para asegurar que los proyectos acuícolas próximos a áreas protegidas se evalúen de conformidad con la normativa correspondiente. Asimismo, se evidenció la ausencia de un criterio uniforme respecto de los antecedentes requeridos sobre este punto en los ICSARA que fueron emitidos.
