Balean a decenas de indígenas cuando erradicaban cultivos de coca como protesta en Colombia

Tenían aproximadamente 10 hectáreas de hoja de coca por delante y miles de indígenas iban con un sólo propósito: erradicarlas todas. Esa fue la decisión que tomaron los 10 pueblos y las 127 autoridades que conforman el Consejo Regional Indígena del departamento del Cauca (CRIC), en Colombia.

Joe Sauca, consejero y representante legal del pueblo Coconuco, afiliado al CRIC, calcula que por lo menos 2.000 indígenas participaron en la erradicación. Esto incluyendo a autoridades, comunidades y lo que ellos llaman ‘guardia’ —un grupo conformado por los mismos indígenas para defender sus territorios con bastones de mando de madera como símbolo de autoridad y sin ningún tipo de armamento—.

Hacia medio día del 22 de abril se escucharon las primeras ráfagas de fusil. “Los grupos ilegales y algunos trabajadores de cocaleros estaban armados y comenzaron a dispararle a los indígenas”, le dijo Sauca a Mongabay Latam. “No puedo decir exactamente el sitio donde fue el primer choque, pero ahí balearon a los primeros cuatro heridos”, añadió.

#Atención en el Cauca
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— CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) April 22, 2021

Los indígenas no dieron su brazo a torcer. Al contrario, siguieron caminando y erradicando. Sauca calcula que arrancaron por lo menos cuatro hectáreas de hoja de coca. Aunque también reconoce que los ataques no cesaron. “Hasta las 17:00, desde el municipio de Suárez se escuchaban disparos de fusiles. Los sonidos llegaban desde el Resguardo La Laguna-Siberia. A esas horas fueron los últimos dos heridos reportados”, precisó.

Finalizando el día, el CRIC reportó un muerto y 31 indígenas heridos. Los más graves fueron trasladados a los hospitales de las ciudades cercanas: ocho de ellos fueron enviados a Popayán y al menos un líder indígena fue enviado a Cali.

Las autoridades indígenas respondieron capturando a más de 30 personas. “Entendemos que unos estaban disparando, otros arrojaron objetos contundentes. Pero por ahora es difícil establecer responsabilidades”, indicó Sauca. Él agregó que actualmente están investigando si los detenidos son trabajadores de fincas obligados a sembrar coca o si se trata de milicianos.

En Colombia, los indígenas tienen una jurisdicción especial, protegida por la Constitución Política, en la que pueden aplicar justicia de acuerdo con sus usos y costumbres. Sauca agregó que en esta ocasión será necesario articularse con la justicia ordinaria para buscar evidencia sobre la posible responsabilidad de quienes están capturados.

Pero más allá de las consecuencias, para los indígenas es importante recordar por qué comenzaron la jornada de erradicación. El motivo está anclado a una crisis de violencia que enfrentan los resguardos de Caldono, Cauca. Según dicen los indígenas, el aumento de los cultivos de uso ilícito trajo más reclutamientos y más amenazas contra los líderes, como ocurrió con la gobernadora, Sandra Liliana Peña.

Erradicar para honrar a la gobernadora Sandra Liliana Peña

A Sandra Liliana Peña Chocué la asesinaron el 20 de abril en el caserío El Porvenir cuando iba hacia el corregimiento de Siberia, del municipio de Caldono en el norte del departamento del Cauca. Aunque todavía se desconoce quién le disparó, para el CRIC no queda duda de que su homicidio está relacionado con la fuerte oposición que Peña lideró contra los cultivos de uso ilícito.

La organización indígena asegura que desde el 19 de diciembre de 2020, cuando Peña fue elegida por el resguardo La Laguna-Siberia para ser su gobernadora, “le quedó definido su destino”, porque “su oposición férrea a la presencia de cultivos de uso ilícito en sus territorios fue mal visto por algunos cultivadores de coca”.

El CRIC agrega que por esas posturas, la lideresa indígena y ambiental comenzó a recibir amenazas de muerte, hasta que el 20 de abril, a las 7:20 a.m., dos hombres en moto le dispararon cinco veces y la mataron. Ella tenía 35 años y dos hijas de 13 y 5 años.

Sandra Liliana Peña es la más reciente lideresa y defensora de derechos humanos asesinada en Colombia, de los 52 que han matado en lo que va de 2021, según las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Y para las comunidades indígenas fue el homicidio que despertó una gran indignación colectiva.

Menos de 24 horas después, el CRIC convocó a la llamada ‘Minga hacia adentro’, una reunión de miles de indígenas y de sus autoridades para cumplir con el deseo de la lideresa: erradicar las hojas de coca que hay dentro del resguardo indígena. O, como ellos lo dicen, para erradicar “las actividades que generan desarmonías y son contrarias a nuestra cultura”.

Grupos armados y cocaína

Desde el comienzo, los indígenas sabían que la erradicación de la coca no sería una tarea fácil y que se enfrentarían a un escenario más que adverso. En Caldono, municipio donde hay varios resguardos indígenas, incluido el de La Laguna-Siberia, operan por lo menos dos disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se separaron del Acuerdo de Paz y retomaron las armas.

La Alerta Temprana que emitió la Defensoría del Pueblo el 23 de agosto de 2020 advirtió que la Columna móvil Dagoberto Ramos ejerce “el control y dominio territorial” en Caldono y que se coordina con otras estructuras disidentes.

Leonardo González, coordinador del Observatorio de la ONG Indepaz, le explicó a Mongabay Latam que las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez no se enfrentan entre sí, sino que se “reparten” el control del territorio entre el oriente y el occidente del departamento para garantizar la ruta del narcotráfico.

“El narcotraficante va por el negocio y el grupo armado cuida que el negocio esté sin problemas, que no arranquen la hoja de coca, que cuando la pasta base salga del laboratorio no le pase nada, que no caiga en un retén del Ejército. En otras palabras, los grupos armados le ofrecen seguridad a los narcos, trabajan para ellos”, señala González.

La Defensoría del Pueblo también advirtió de la llegada de un posible tercer grupo armado: la ‘Segunda Marquetalia’, liderada por los exnegociadores del proceso de paz alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘Jesús Santrich’. González sostiene que no se ha confirmado la presencia de hombres armados de este grupo en Caldono, pero que ha habido graffitis o panfletos firmados por la ‘Segunda Marquetalia’.

El coordinador del Observatorio de Indepaz sostiene que las disidencias se enfrentan principalmente con el Ejército y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla que ha intentado disputarle el territorio a las antiguas FARC.

Todos quieren el botín de la cocaína. Cauca no es el lugar donde hay más hoja de coca cultivada en Colombia, pero sí forma parte de los cuatro departamentos que concentran casi el 80% de toda la coca del país, junto con Nariño, Norte de Santander y Putumayo, según el más reciente monitoreo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

El municipio de Caldono es un punto estratégico. La Defensoría del Pueblo explica que ese municipio es un corredor que utilizan los grupos armados ilegales y los narcotraficantes para “la cadena de producción y comercialización de la hoja de coca, marihuana y sus procesados”. El organismo oficial de derechos humanos agrega que “esta ventaja de movilidad representa una amenaza para la población civil”.

Además, según la entidad, Caldono está pasando de ser un corredor a convertirse en un lugar donde los grupos ilegales producen la cocaína, lo que aumenta el riesgo para las autoridades indígenas que se oponen al narcotráfico.

“Las plantas de hoja de coca utilizadas en los cultivos de los narcos atraen a grupos armados y a la muerte. Por eso la ‘Minga hacia adentro’ ordenó que debemos limpiar los territorios para poderlos armonizar”, explica Joe Sauca del CRIC.

Esta no es la primera vez que los intereses indígenas chocan con los de los grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo también advirtió que el aumento del control por parte de la columna Dagoberto Ramos y su trabajo conjunto con la Columna Jaime Martínez y el Frente Carlos Patiño, también de la antigua guerrilla de las FARC, significó un incremento del reclutamiento forzado de menores de edad, amenazas, homicidios selectivos y atentados en Caldono.

Sauca indica que, según el recuento de las organizaciones indígenas, los hechos violentos en contra de los grupos étnicos se dispararon en un 250% entre 2019 y 2020. El representante legal del pueblo Coconuco agrega que el aislamiento de la pandemia lo empeoró todo. “La violencia es sistemática. Pero en la pandemia, los grupos y los narcotraficantes aprovecharon el encierro para fortalecer sus estructuras y expandirse por el territorio”, señala.

Sauca y González coinciden en decir que, por un lado, los grupos ilegales se expanden y, por el otro, la Fuerza Pública no es muy efectiva, a pesar de tener 7.500 efectivos en el departamento del Cauca. “Todo esto sucede en las narices del Ejército. Eso es lo sorprendente”, señala González.

Mongabay Latam se comunicó con la Tercera División del Ejército que opera en la zona pero, hasta el momento de esta publicación, la oficina de prensa sólo respondió que lo consultaría con sus superiores. Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que era mejor hablar con el Ejército y agregaron que ellos no podían atender por ahora una entrevista, pues estaban a la espera de los resultados de la prueba de covid-19 del ministro Diego Molano.

Lo cierto ahora es que, con violencia o no, Joe Sauca reivindica la erradicación como un proceso para armonizar el territorio y por eso sostiene que la intención del CRIC es que haya más jornadas similares. Dice que el objetivo es que los indígenas puedan vivir en paz.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista internacional de conservación natural Mongabay Latam.