Rodeados de paltos, pero sin agua para el consumo: el drama de zonas con escasez hídrica en Chile

El agua será uno de los grandes temas que se tomará el proceso constituyente. Fijar que el recurso no es un bien de mercado sino un derecho humano impulsan organizaciones sociales y habitantes de zonas con escasez hídrica.

Desde la Constitución de 1980, ideada bajo la dictadura militar, el agua en el país la detentan empresarios millonarios y grandes transnacionales, lo que ha derivado en que comunidades enteras tengan acceso restringido al recurso, revela Radio Francia Internacional en una serie de reportajes denominado “La tierra sin agua no vale”.

A ello se suma que los chilenos pagan las tarifas más altas de América Latina para su consumo, según denuncia el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Con la aprobación del plebiscito para redactar una nueva Constitución, por primera vez, tras 30 años desde que los militares dejaron el poder, Chile podrá cambiar el modelo de privatización de servicios básicos.

Por eso, para pequeños y medianos agricultores, crianceros y ambientalistas, el desafío de la Convención Constituyente es establecer que el Estado sea el proveedor directo de los servicios básicos de agua.

Y es que, si bien, en términos jurídicos, se establece que el agua es un bien básico, nacional y público, también se precisa que es un bien económico, lo que ha permitido que el recurso pase a manos de privados.

Para optimizar la producción económica en los sectores agrario, minero e hidroeléctrico, el régimen militar debía revertir las políticas y leyes que regían hasta el golpe, cuando en el país el agua estaba ligada a la tierra y el interés volcado en el agro. Para ello, el Código de Aguas firmado en 1981 por Pinochet creó el “derecho de aprovechamiento” que separó la tierra del agua, otorgó privilegios a los grandes empresarios y desató el boom de la agroindustria.

“No es sequía es saqueo”

Lorena Donaire, dirigente de Mujeres Modatima, recordó que previo a la constitución del 80′ el río era torrentoso en su caudal y la gente se recreaba en torno al paisaje. Sin embargo, tras la llegada de terratenientes todo cambió.

“En el año 85 vimos que por primera vez se cerró el paso al río, fue entregada a familiares de Pinochet, la familia Reñasco, y nos quitaron la posibilidad de pasar al río y comenzaron a talar los árboles”, detalló.

A partir de entonces, se instalaron en el campo las familias más adineradas del país, ríos como el Ligua fueron despojados de sus aguas, miles de personas debieron racionar el consumo diario y la vida en Petorca se fue deshidratando.

Actualmente, son los mismos que tienen la mayor concentración de agua y tierras, aseguró Lorena, quien además acusó que las piscinas gigantes que instalan para sus cultivos son financiadas en el 70% por el Estado.

Cerca de cuatro décadas después, los habitantes de Petorca viven los rigores de una provincia declarada zona la escasez hídrica. “No es sequía es saqueo”, aseguran, denunciando la naturaleza política de la sequía que avanza a velocidades vertiginosas en seis regiones centrales del país donde habita el 80% del total de la población.

Hugo Díaz Tapia, concejal de La Ligua y presidente de los pequeños agricultores de Petorca, recordó que el agua estaba ligada a la tierra, entonces las escrituras de parcelas por la Reforma Agraria tenían hectáreas bajo cuota canal. “Todo eso se fue destruyendo en un proceso de contrarreforma agraria para quitarle la tierra a los pequeños agricultores parte por el agua”.

“El campesino pequeño tuvo que ir vendiendo sus tierras a precio muy baratos y llegaron las empresas agrícolas con capital y le compraron las tierras de los cerros, que algunas no tenían actitud de cultivo, eran para criar ganado, pero se descubrió que el clima y el agua que estaba en los ríos se podía bombear hacia arriba y plantar paltos y dio un resultado productivo”, detalló.

Con esos resultados es que comenzaron a llegar nuevas empresas, muchas de ellas vinculadas a parlamentarios de derecha y de izquierda, entre ellos, el exministro de Bachelet, Edmundo Pérez Yoma.

Masiva producción de paltas

En La fiebre del oro verde (paltas) pequeños y medianos agricultores y pobladores de la provincia de Petorca relatan cómo es la vida sin el alimento para la tierra, sin pasto para los animales y sin agua potable para la supervivencia humana.

Al transformar el agua en un bien de mercado y otorgar privilegios sobre la tierra y el agua a las personas más acaudaladas del país, la Constitución y el Código de Aguas concebidos durante la dictadura desataron el cultivo masivo de palta para la agro exportación.

Sin derecho a aguas subterráneas

Mientras, por la Ley de Reforma Agraria, los militares en el poder debían seguir entregando tierras a los campesinos, el despojo iba prosperando. Los trabajadores de los fundos recibían sus predios pero, debido al “derecho de aprovechamiento” consagrado en la legislación, no tenían derecho a las aguas subterráneas.

Entre tanto, en las partes altas de los cerros se fueron instalando acaudalados empresarios. Y aunque, en principio, se trataba de tierras no aptas para cultivos, sus millonarios propietarios han podido irrigarlas con las aguas que el Estado les otorga amparado en el derecho de aprovechamiento.

De esta forma, los dueños del agro negocio bombean hasta sus terrenos aguas de los ríos y la acumulan en inmensas piscinas subvencionadas con dineros públicos. Cuando los ríos se secan, empiezan a cavar pozos más profundos para extraer el agua de otras napas subterráneas.

En Petorca hay hasta tres mil árboles de palto sembrados por hectárea, propiedad de los principales agro empresarios chilenos, que cubren los cerros de la provincia mientras las partes bajas de las montañas se han convertido en zonas desérticas donde pequeños agricultores y crianceros carecen de agua para alimentar sus pastos y animales.

Camiones aljibes abastecen a localidades

Los habitantes de esta provincia en la región de Valparaíso deben esperar que el agua potable les sea entregada en camiones aljibe. Lo paradójico es que una persona tiene derecho a 50 litros por día, la cantidad promedio de una ducha, mientras que un palto recibe en el mismo lapso 200 litros. Eso multiplicado por tres árboles por hectárea que hay en Petorca.

El drama no solo afecta a los pequeños agricultores, sino que es transversal a todos los habitantes de la comuna. En el caso de los niños, por la falta de alcantarillado en los recintos educacionales rurales deben ayudar a los profesores a limpiar las letrinas y, en general, la población debe asearse con paños.

La falta del recurso también ha implicado un 49% de ganado que mueren de sed y hambre.

Recientemente la Corte Suprema ordenó al Estado a entregar 100 litros de agua por persona en las localidades fuertemente afectada por la falta del recurso: Petorca, Cabildo y La Ligua.

Tras el fallo, varias organizaciones emplazaron al Gobierno a proteger los territorios y a la población del riesgo hídrico que supone la gestión chilena del agua. De igual forma, destacaron transversalmente que el acceso al agua para las personas debe quedar establecido en la nueva Constitución.