Pesca ilegal de algas: la cadena de infracciones detrás del delito en Chile

Las algas marinas son las responsables de producir el 50% del oxígeno que respiramos. De hecho, según el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), las algas producen mucho más oxígeno que los bosques en la tierra. Además, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono por lo que su conservación es importante para mitigar el cambio climático. Pero no sólo eso, sino que funcionan como barreras naturales contra marejadas y tsunamis, y son imprescindibles para resguardar la biodiversidad de los océanos, considerando que, al igual que los arrecifes de coral, son el hogar de cientos de especies marinas.

Algunas de estas algas, principalmente el huiro negro (Lessonia berteorana) y el huiro palo (Lessonia trabeculata), son especies de gran importancia comercial para Chile. De ellas se extrae un carbohidrato llamado alginato que es utilizado en una gran cantidad de productos de la industria alimentaria como: postres, helados, lácteos, salsas y condimentos. Pero también es aprovechado por la industria textil, farmacéutica y la dental para la fabricación, por ejemplo, de cremas y pasta de dientes.

Hasta el año 2000, todas estas algas eran recogidas en la playa por pescadores recolectores cuando, tras una marejada, el mar las arrancaba del fondo y las dejaba varadas en la orilla. A partir de ese año, sin embargo, la expansión de la industria de alginato aumentó la demanda de algas, las que comenzaron a ser también extraídas de manera dirigida para luego ser exportadas principalmente al mercado asiático donde se encuentran las plantas productoras de alginato.

En ese negocio que mueve cientos de miles de toneladas de algas al año —en la última década los niveles de explotación se aproximaron a las 450 000 toneladas secas anuales generando casi US$ 25 millones— la extracción y comercialización ilegal de este recurso tiene preocupados a científicos y autoridades. Entre 2017 y 2019, según datos del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), se decomisaron anualmente un promedio de 389 toneladas de algas. Pero en 2020 la cifra se disparó a casi 528 toneladas, de las cuales 500 son huiro negro y huiro palo.

Las empresas involucradas

Según Pablo Ortiz, subdirector de pesquerías de Sernapesca, el organismo en Chile encargado de fiscalizar las actividades pesqueras, cuando se habla de pesca ilegal en el caso de las algas, “nos referimos principalmente a tres conductas: la extracción o recolección por parte de sujetos no autorizados, la extracción mediante la técnica de barreteo (arrancar las algas con una barra o chuzo desde su base adherida a la roca) en lugares donde se encuentra prohibido y el incumplimiento de las vedas extractivas que se establecen para estas pesquerías”.

Los actores que participan en el negocio de las algas son distintos. Están los pescadores y recolectores de orilla que extraen y recogen el recurso del mar y de la playa. Luego, intervienen los dueños de camiones que trasladan el alga hasta pequeñas plantas picadoras que hacen una primera molienda del alga para venderla —seca y picada — a las plantas más grandes que terminan de refinarla para luego exportarla. “A las plantas más grandes no le conviene comprar material recién sacado porque lo que terminan comprando es pura agua”, explica el científico Julio Vásquez, experto en algas pardas, profesor del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte.

En esa cadena productiva, todos los actores deben declarar ante el Sernapesca dónde obtuvieron las algas. Así, por ejemplo, el pescador debe indicar de dónde extrajo el recurso, la cantidad y la especie. El comerciante, a su vez, debe declarar a quién le compró las algas y de igual manera deben hacerlo las plantas. De esa manera es posible saber cuál fue la ruta que recorrió el alga, desde el momento en que fue extraída hasta que es exportada. Es lo que se conoce como trazabilidad y permite asegurar que el recurso sea comercializado de manera legal.

El problema es que en todos los eslabones de esta cadena existen diversas irregularidades que permiten que cientos de toneladas de estas algas sean comercializadas de manera ilegal, poniendo en peligro estos importantes ecosistemas.

Ortiz asegura que, para combatir este delito, Sernapesca “integró la pesquería de algas pardas al Programa Especial de Combate de Pesca Ilegal, donde se priorizan recursos críticos por su importancia económica y su estado de explotación. Esto se traduce en mayor número de fiscalizaciones a lo largo de toda la cadena productiva (en playa, plantas de proceso, controles carreteros, etc.) y en una coordinación permanente con otros organismos fiscalizadores”.

El biólogo marino Javier Rivera, experto en algas y uno de los primeros profesionales en dedicarse a la administración de esta pesquería, asegura que el aumento en los decomisos de algas “se debe a que el mismo Sernapesca ha perfeccionado su estrategia de fiscalización”. Según Ortiz, dicha estrategia consiste en aplicar un modelo para detectar conductas de riesgo a lo largo de toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la exportación. El resultado, asegura el funcionario, es que en algunas regiones o sectores, el esfuerzo de fiscalización se ha concentrado en las plantas de proceso.

De hecho, según los datos entregados por Sernapesca, las plantas elaboradoras concentraron el 69% de los decomisos de huiro negro y palo en 2020, y la empresa donde se decomisó la mayor cantidad de estas algas —112 toneladas— fue Productora de Algas Marinas LTDA (Prodalmar), premiada en 2009 en la categoría de empresa exportadora por Prochile, la institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la promoción de las exportaciones de bienes y servicios chilenos.

Mongabay Latam se puso en contacto con Prodalmar para obtener su versión, sin embargo, hasta la publicación de esta nota la empresa no entregó respuesta.

Según Rivera, la principal falta cometida por las plantas es “no poder acreditar el lugar de origen del producto”, es decir, que no cuentan con los documentos para poder hacer la trazabilidad del alga y comprobar que se trata de un recurso obtenido de manera legal. “Si llegó a la planta de proceso un producto que no tiene acreditación de origen es porque hubo un intermediario que la movió sin acreditación de origen y hubo un extractor que la sacó y no la declaró”, dice Rivera. En otras palabras, detrás de una irregularidad, se encadenan una serie de otras faltas que involucran a los distintos actores de la cadena productiva. ¿Cuáles son esas faltas?

La cadena de irregularidades

Vásquez, quien lleva 20 años trabajando con las comunidades de algueros y concientizando a los pescadores sobre la importancia de cuidar los ecosistemas de algas, explica que son distintas las infracciones que se cometen entre los pescadores. La primera es cosechar algas sin tener un registro de pesca artesanal, requisito indispensable que debe tener cualquier pescador para poder trabajar de manera legal. Pero también existen casos en que un pescador puede tener dicho registro, aunque con la autorización de extraer otras especies marinas y no algas.

Otra falta frecuente entre los pescadores es que sacan más recurso del que está permitido o declaran haber cosechado algas de un lugar distinto al que realmente explotaron.

La ilegalidad de esto último se debe a que no se pueden extraer las mismas cantidades de algas en todo el país. Las cuotas varían no solo por región, sino también por sectores dentro del mar. Por un lado existen las áreas de manejo, espacios delimitados donde una organización de pescadores artesanales tiene derecho exclusivo a extraer, mediante un plan de manejo, los recursos que allí existen. Cada área de manejo tiene su cuota de extracción dependiendo de la cantidad de algas que haya en el agua. Pero, por otro lado, también existen las áreas de libre acceso que, al contrario de las áreas de manejo, pueden ser explotadas por cualquier pescador que pertenezca a la región y que tenga permiso de extraer algas. El problema es que “esas áreas sufren lo que se llama la tragedia de los comunes. Porque como no son de nadie, nadie las cuida”, dice Vásquez.

Lo que ocurre, explica el experto, es que los pescadores muchas veces declaran haber extraído algas desde sus áreas de manejo, pero en realidad cosecharon en las áreas libres, las que al final terminan siendo sobreexplotadas. “En vez de ir a pescar en su propia área, le dan duro al área de libre acceso y cuidan las suyas”, dice. Con eso, agrega, los pescadores logran mantener altos los stocks de sus áreas de manejo y tener siempre una cuota renovada para seguir extrayendo.

Pero los pescadores no son los únicos que burlan los mecanismos de control. También lo hacen los transportistas y las plantas de proceso.

Vásquez explica que cuando un camión carga el alga para llevarla hasta la planta de picado, tanto el pescador como el transportista suelen declarar ante el Sernapesca la cantidad de kilos en alga mojada. Sin embargo, muchas veces esa alga ya está seca y pesa considerablemente menos por lo que los camiones son cargados, en realidad, con muchas más algas de las que se declaran. “Ahí hay un tema importante porque estamos en el orden de las 300 mil toneladas de desembarque, pero que representan a lo mejor 3 millones de toneladas”, dice Vásquez.

Todos estas irregularidades, sin embargo, son muy difíciles de fiscalizar porque ocurren fuera de la mirada de los inspectores. Por eso, los expertos consultados celebran el hecho de que Sernapesca esté dirigiendo los esfuerzos de fiscalización hacia las empresas y no sólo hacia los pescadores.

Los pescadores no son los malos de la película

Pero además de las algas que se extraen y comercializan de manera ilegal, Alejandro Pérez Matus, profesor asistente del Departamento de Ecología de la Universidad Católica de Chile y autor de investigaciones científicas en temas de algas, asegura que el problema radica también en las cuotas de extracción que se asignan ya que, en su opinión, son demasiado altas.

“Hicimos un experimento donde invitamos a un pescador a barretear (arrancar las algas desde la base) hace cuatro años atrás y hemos visto que la recuperación todavía no está al punto inicial de antes del evento de barreteo”, dice Pérez Matus. “Empíricamente tenemos demostrado que la recuperación es mucho más lenta que la escala en la que operan los pescadores. Entonces lo que está sucediendo es que las praderas están siendo cada vez más depredadas”, agrega el científico.

El investigador se refiere particularmente al huiro palo. Esta especie vive bajo el mar y, al recibir poca luz, su recuperación es más lenta que la del huiro negro que habita en la zona intermareal, donde recibe más luz solar y por ende su crecimiento es considerablemente más rápido.

Por ejemplo, dice Pérez Matus, la cuota para este año del área de manejo de Chañaral de Aceituno (un poblado al norte del país) fue de 600 toneladas, lo que corresponde a una hectárea y media de huiro palo, precisa. “Para el segundo año, si se asigna la misma cuota, vamos a sacar tres hectáreas para una zona de recuperación que es muy lenta”, dice el investigador. Incluso Jorge Moreno, empresario dedicado a la exportación de algas, coincide con Pérez Matus en que las cuotas de huiro palo “son muy altas”.

De hecho, “Chile es el país que más recolecta o cosecha algas desde las praderas naturales en el mundo y provee el 10% de la biomasa total para la extracción de alginatos”, agrega Vásquez.

Pero, además, en opinión de Pérez Matus, las cuotas de extracción de algas se determinan “como si este recurso fuera un jurel, como si fuera cualquier otra especie y no como formadora de hábitat”. Alrededor de 110 especies viven únicamente en la base de los huiros palo y varias de ellas son de interés comercial, como el loco (Concholepas concholepas) o el erizo rojo (Loxechinus albus), por lo que una mirada ecosistémica de la pesquería de algas debería contemplar que al extraer una cuota de este recurso se extrae también toda la biodiversidad asociada a los bosques marinos.

Tanto Vásquez como Pérez Matus coinciden en que la solución no es prohibir el barreteo, ya que “no puedes cosechar si no barreteas, porque estas algas cuando las cortas no crecen”, explica Vásquez. En cambio, una buena práctica sería no deforestar totalmente el área sino que cosechar, por ejemplo, una planta de cada tres. De esa manera, los científicos aseguran que las poblaciones de algas logran recuperarse más rápido. Otra solución es invertir en ciencia y tecnología para lograr cultivar algas.

Además, los expertos aseguran que otro de los problemas radica en que si bien existen cuotas de extracción, no existe un tope en la cantidad que es permitida exportar y, por lo mismo, la demanda de algas no tiene un límite.

“Cada vez que conversamos sobre esto los malos de la película son los pescadores”, dice Vásquez, “pero no es necesariamente así”, precisa. Los “huireros”, como se conoce a los recolectores de algas, “son el segmento dentro de la pesquería artesanal con mayor riesgo social y mayor carencia”, asegura el experto. Agrega que “hay muchos pescadores que no saben leer todavía y es dramático en el caso de los huireros, porque lo que nosotros hemos estimado es que más o menos el 7% son analfabetos, lo cual es lejos más alto que la media nacional”.

En definitiva, en la medida en que haya demanda por parte de las empresas, los pescadores y recolectores continuarán extrayendo recursos a pesar de los límites y prohibiciones, dicen los expertos. “El Estado lo que debiera hacer es poner una cuota de cuál es la cantidad que se debiera poder exportar, en el sentido de resguardar los recursos. Por ejemplo, Noruega permite que solo el 7% de la biomasa total disponible sea cosechable. Canadá, que es otro de los productores de algas pardas, no cosecha más del 13% de su biomasa total disponible”, asegura Vásquez.

Pablo Ortiz, por su parte, señaló que una medida importante adoptada para combatir la pesca ilegal de algas es que “se establecieron límites de extracción por persona (ya sea en períodos diarios o mensuales), lo que terminó con el fenómeno de los “súper extractores”: algueros autorizados que declaraban como propia la extracción de algún agente ilegal, para blanquearla y permitir su venta”.

Además, agregó que se está trabajando de manera coordinada con la Armada y la policía en las fiscalizaciones y que “existe una fuerte campaña de concientización, con el apoyo de diversas ONG, Universidades y Centros de Estudio, sobre la relevancia de este tema, con el fin de que líderes de opinión y autoridades locales tomen cartas en el asunto y colaboren cada cual desde su ámbito de influencia a mitigar y ojalá erradicar esta mala práctica que atenta contra la sustentabilidad de los ecosistemas marinos de nuestro país”.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista internacional de conservación natural Mongabay Latam.