Los océanos generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorben una gran cantidad de emisiones de carbono, regulan el clima y alimentan a la población mundial. Sin embargo, según la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), el 66% de los océanos se encuentra deteriorado. El 31% de las poblaciones de peces está sobreexplotada y en 40 años ha desaparecido el 49% de las especies marinas. Esta degradación, además, va en ascenso a raíz de la contaminación, del aumento de la temperatura del agua causada por el cambio climático y de la acidificación del océano debido a que está absorbiendo, de la atmósfera, dióxido de carbono en exceso.

Para revertir este problema, las áreas marinas protegidas son primordiales. Por eso, el Ocean Panel, una iniciativa de 14 líderes mundiales creada para impulsar la gestión de una economía oceánica sostenible, presentó en diciembre del año pasado una agenda de acción que incluye la meta de proteger, al 2030, el 30% de las áreas marinas que están bajo jurisdicción nacional. En la Cumbre One Planet para la Biodiversidad, que se celebró durante enero pasado en Francia, 50 países anunciaron unirse a ese compromiso.

La iniciativa es un paso importante, pues la comunidad científica ya ha confirmado que se pueden obtener rápidamente beneficios si es que los países trabajan juntos para proteger al menos el 30% del océano para 2030. Así lo señaló al medio inglés The Guardian, el explorador de National Geographic Society, Enric Sala, autor principal de un estudio publicado el pasado 17 de marzo en la revista Nature, que identifica, por primera vez, los sitios que, de estar fuertemente protegidos, “impulsarán la producción de alimentos y salvaguardarán la vida marina, todo mientras se reducen las emisiones de carbono”.

La solución, aseguran los científicos, depende de la prioridad que le den los países a la creación de áreas marinas protegidas. El problema es que ya el año pasado se cumplió el plazo para cumplir un primer compromiso y ocho países de América Latina no llegaron a la meta.

Los compromisos no cumplidos

En 2010, en total 196 países firmaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, más conocido como Metas Aichi, donde se estableció, entre otras cosas, que para el 2020 protegerían, al menos, el 10% de sus territorios marítimos.

Aunque Latinoamérica ha avanzado notoriamente en la protección de los océanos —considerando que en el 2000 apenas tenía el 1,43% de mar protegido y hoy ese porcentaje es del 23,6%, según la División de Estadísticas de las Naciones Unidas— varios países no cumplieron con la meta de proteger el 10% de sus mares.

Perú, aunque tiene pendiente la tramitación de dos áreas marinas protegidas —Dorsal de Nazca y Mar Tropical de Grau—, es el país de la región que está más retrasado en el cumplimiento de este compromiso. Le siguen El Salvador, Uruguay, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras pues, a la fecha, todos ellos tienen menos de un 10% de su mar protegido.

Por el contrario, Chile, Brasil, México, República Dominicana, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Argentina están por sobre ese porcentaje.

Por otra parte, los científicos han precisado que alcanzar ciertos porcentajes de áreas protegidas no es suficiente, sino que es necesario asegurar que dichos territorios estén efectivamente salvaguardados. “La superficie física sólo representa una parte del compromiso”, asegura un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Para que las zonas marinas protegidas resulten verdaderamente eficaces, se requiere una gobernanza sólida que influya en la conducta humana y reduzca el impacto sobre los ecosistemas”, precisa el documento. Parte de esa gobernanza implica que cada área protegida tenga su plan de manejo donde se establezca de qué modo se van a resguardar los recursos marinos que existen en el área.

El problema es que en Chile, por ejemplo, el país de la región que tiene mayor superficie marina protegida (casi un 42% de su territorio), sólo 5 de las 28 áreas marinas, con alguna categoría de protección, tienen un plan de manejo. Además, una reciente investigación de Mongabay Latam dio a conocer que 416 concesiones para salmonicultura se encuentran al interior de áreas marinas protegidas de este país poniendo en peligro los ecosistemas marinos que se busca conservar.

Áreas marinas protegidas que han traído beneficios

Existen diversos ejemplos de cómo las áreas marinas protegidas han traído beneficios no sólo ecosistémicos sino también económicos y sociales. Las especies marinas no saben de fronteras, por lo que cuando un área se protege no sólo la biodiversidad de esa zona aumenta, sino que también crece la productividad en torno a ella. En otras palabras, las áreas protegidas funcionan como semilleros de biodiversidad, trayendo beneficios a las comunidades que viven de la pesca.

Por ejemplo, en el archipiélago chileno Juan Fernández, tras la creación de áreas marinas protegidas, los pescadores han vuelto a ver especies como el bacalao de Juan Fernández, un pez que prácticamente había desaparecido de la zona tras verse afectado por la pesquería industrial del orange roughy (Hoplostethus atlanticus) a fines de la década del 90 y principios del 2000.

En Perú, los pescadores del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes se organizaron para determinar quiénes pueden pescar, cuánto y cómo, con el objetivo de proteger la biodiversidad del manglar. Como resultado, el área protegida ha logrado repoblarse de conchas negras y de cangrejos de manglar, dos especies emblemáticas del lugar.

En Colombia, la creación de un área protegida en el departamento de Chocó logró que pescadores artesanales e industriales llegaran a consensos, lo que contribuyó a que especies sobreexplotadas como los pargos y meros reaparezcan. Además, los ecosistemas de manglares y corales se están restaurando, los nidos de las tortugas han aumentado y especies como el atún y el camarón se han vuelto a pescar en mayor cantidad y con mejores tallas.

Para avanzar en la protección de los océanos es también fundamental el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo internacional que debía firmarse en 2020 pero que por la pandemia fue pospuesto. Dicho tratado crea por primera vez un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, y abre la posibilidad de crear allí áreas marinas protegidas.

Actualmente estos lugares, por estar fuera de la jurisdicción de los países, no pueden ser protegidos por ningún gobierno de manera individual. Es por ello que este acuerdo “proporcionaría el mecanismo para establecer, gestionar y controlar una red global de áreas protegidas y reservas marinas en consonancia con los compromisos internacionales existentes”, señalaron científicos de todo el mundo en una carta dirigida a los líderes de las naciones.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista internacional de conservación natural Mongabay Latam.