La humanidad está librando una “guerra suicida” contra la naturaleza dijo el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a inicios de diciembre en un discurso en la Universidad de Columbia, Nueva York. “La biodiversidad está colapsando. Un millón de especies en riesgo de extinción y los ecosistemas desaparecen ante nuestros ojos”, señaló el jefe de Naciones Unidas.

Para frenar la crisis climática es necesario alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050, es decir, que para ese año la humanidad deje de emitir a la atmósfera más dióxido de carbono (CO2) de lo que el planeta es capaz de soportar. Si no logramos eso, la temperatura se elevará por sobre los 1,5° C respecto al período preindustrial y se generarán impactos en cadena sobre los ecosistemas y nuestra forma de vida. En ese importante desafío, Chile destacó como uno de los países pioneros en el mundo en comprometerse con medidas concretas.

Este evento marcó positivamente el balance ambiental del país sudamericano durante 2020 aunque antiguos problemas, como la crisis hídrica y la contaminación en las llamadas zonas de sacrificio, siguen pendientes. Quienes sufren los impactos de estos dos grandes conflictos aseguran que la imagen de Chile ante el mundo como país líder en temas ambientales es “una mentira”.

Además, la negativa del país sudamericano a firmar el Acuerdo de Escazú —el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica— provocó duras críticas entre la oposición y organizaciones defensoras del medio ambiente.

Mongabay Latam analiza en este balance los principales temas que marcaron la agenda medioambiental de Chile en medio de la pandemia. Una crisis que también trajo impactos en esta materia y que continuará repercutiendo en 2021 dado el recorte presupuestario del Ministerio del Medio Ambiente.

Lo bueno: el camino hacia la descarbonización

Todos los países que suscribieron en 2010 el Acuerdo de París —el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático— deben presentar compromisos conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para reducir al 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % y suprimirlas en 2050. Chile fue el primer país de Latinoamérica y uno de los 10 primeros en el mundo en presentar este año sus NDC.

Dicho plan del país se sustenta en cuatro áreas: cambiar el sistema de transporte a uno basado en combustibles limpios, descarbonizar la matriz energética para utilizar energías renovables, aumentar la eficiencia energética y potenciar la forestación y reforestación.

El exministro de Medio Ambiente durante el período presidencial de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, reconoció la entrega de las NDC como un avance importante y positivo no tan solo a nivel nacional sino también regional ya que aseguró a Mongabay Latam que “Latinoamérica avanza hacia la descarbonización pautada por el compromiso de Chile”.

El presidente Sebastián Piñera precisó, durante la cuenta pública de agosto, que al término de su gobierno (en marzo 2022), de los 6800 buses que conforman la red de buses de Santiago, más de 5000 serán ecológicos y que al año 2024 más del 30 % de la capacidad de generación de energía a carbón habrá sido reemplazada por energías limpias. De hecho, Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, señaló que en octubre pasado el 28,1 % del total de la energía generada en el país provino de fuentes sustentables lo que asegura es “una cifra histórica”.

Además, un proyecto de ley que busca que las centrales de energía a carbón o termoeléctricas se cierren en 2025 ha permitido instalar la discusión sobre la necesidad de adelantar ese proceso que por ahora tiene como plazo el 2040. “Esa discusión ya se ha vuelto ineludible”, asegura Bosshard.

En la misma línea de la descarbonización, a partir de mayo 2021 las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán considerar aspectos de cambio climático a la hora de decidir dónde invertir el dinero de las pensiones de los chilenos.

Además, el ministro de energía, Juan Carlos Jobet, anunció un plan que busca avanzar hacia la producción de un nuevo combustible que tiene tres veces más energía por unidad de masa que la gasolina y que no contamina: el hidrógeno verde. “Ahí sí hay una chance de volcar al país hacia algo más sustentable”, asegura Mena.

Fabia Liberona, directora de Fundación Terram, concuerda con que Chile ha dado un paso importante en descarbonización. Sin embargo, precisa que la “letra chica” de la estrategia dice que las centrales a carbón “se apagan, pero permanecen en el sistema (sin operar)” y que “eso podría significar eventualmente que se pueden echar a andar nuevamente ante cualquier situación que se considere de emergencia”. Además, agrega que el plan no considera “desmantelamiento (de las infraestructuras) ni descontaminación o remediación”, por lo que las centrales quedarán como un pasivo ambiental.

Otro asunto que recibió críticas fue el ‘el impuesto verde’ incluido en la reforma tributaria. Ese impuesto a las emisiones de CO2 se mantuvo en cinco dólares la tonelada de CO2 “cuando a nivel mundial se habla de 30 dólares la tonelada hacia arriba y eso hace que no haya un incentivo real para las empresas para cerrar”, dice Liberona.

Lo preocupante: Chile le da la espalda a Escazú

En opinión del exministro Mena, el liderazgo alcanzado por Chile en materia de crisis climática se vio opacado por la negativa a firmar el acuerdo de Escazú lo que “pasa a ser uno de los puntos negros de la gestión ambiental”, asegura.

Aunque Chile fue uno de los promotores de este primer tratado internacional —que reconoce el deber de los Estados de Latinoamérica y el Caribe de proteger a los defensores ambientales, así como de garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental— finalmente desistió de firmarlo.

Las razones de la decisión fueron presentadas en un informe “muy poco serio”, asegura Liberona, ya que dicho documento no tiene un responsable, ni tampoco cuenta con firmas de los ministros.

Entre los fundamentos del Gobierno está el hecho de que Escazú contendría obligaciones “ambiguas” que podrían condicionar las legislaciones ambientales de Chile, crear incertidumbre jurídica y exponer al país a controversias internacionales.

En setiembre de 2018, quince países de Latinoamérica firmaron el Acuerdo de Escazú. Foto: CEPAL.
Para Mena, el hecho es particularmente negativo debido a la crisis de legitimidad en la que se encuentra el gobierno desde el estallido social en octubre 2019. Ello “se resuelve con participación y diálogo y esto es lo que impulsa el acuerdo de Escazú”, dice el exministro y agrega que “en lugar de dar la oportunidad a la gente de expresar sus inquietudes, lo que hace el gobierno es limitar las instancias de participación”.

Liberona agrega que si bien “es lamentable” que el gobierno haya decidido no firmar el tratado, ello hizo que el acuerdo “pasara de no ser conocido por nadie a que lo conociera todo el mundo”, dice. “Hoy es un tema en todas las agendas políticas (del país)”, precisa la directora de Terram, ya que si bien reconoce que la situación en Chile respecto al peligro al que están expuestos los defensores ambientales “no es tan dramática como en Colombia”, asegura que “sí hay amenazas”.

Tal es el caso de Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), quien ha liderado el conflicto por el agua en Chile y Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví, que desde años pide el saneamiento de una de las zonas más contaminadas del país.

Lo trágico: la larga espera de las zonas de sacrificio

En mayo se cumplió un año desde que la Corte Suprema dictara un histórico fallo en favor de las comunidades de Quintero y Puchuncaví, dos comunas de la región de Valparaíso donde más de 1700 personas —principalmente niños— fueron intoxicados en 2018 por emisión de gases contaminantes.

El máximo tribunal ordenó al Estado implementar 15 medidas para determinar la fuente y los responsables de la crisis, así como resolver el problema de contaminación que lleva años afectando a esta ‘zona de sacrificio’, considerada como tal debido a que la alta concentración industrial la ha devastado ambientalmente.

En respuesta a la sentencia, el Ministerio del Medio Ambiente dio inicio este 2020 a la elaboración de un proyecto para normar compuestos orgánicos volátiles en el aire, entre los que se encuentran los gases de hidrocarburos que por ahora no se miden, y también inició el proceso para dictar una norma de arsénico.

Los habitantes de Quintero y Puchuncaví, sin embargo, aseguran que las medidas ordenadas por la Corte Suprema no se han concretado principalmente porque hasta ahora no hay claridad sobre qué fue lo que los intoxicó ni quienes son los responsables.

“Nosotros no sabemos todavía qué emite cada empresa y menos vamos a saber quiénes nos intoxicaron (…) por lo tanto, la primera medida no se ha cumplido que era la fundamental para nosotros”, dice Katta Alonso, presidenta de la organización civil que ha liderado la defensa ambiental del territorio Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero – Puchuncaví.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó en mayo un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para pedir cuenta sobre el cumplimiento de la sentencia. “Todavía no sabemos qué efectos podrían provocar sobre la salud de quienes viven en estas comunas los compuestos químicos presentes en la zona (…) la Corte Suprema ordenó investigar y determinar dichos efectos. El resultado sigue pendiente”, dijo Sergio Micco, director del INDH, en un comunicado.

Por otra parte, Alonso asegura que “para que una norma exista pueden pasar 20, 40 años si no hay voluntad política. Ese es el problema del fallo de la Corte Suprema, que no les puso tiempo”.

Pescador en caleta de pescadores de Ventanas – zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Foto: Michelle Carrere.
Por ahora, el plan de descontaminación elaborado por el Gobierno luego de las intoxicaciones de 2018 solo mide exceso de material particulado y dióxido de azufre. Sin embargo, el toxicólogo Andrei Tchernitchin, presidente del departamento de medio ambiente del Colegio Médico, confirma que en la zona existen otras sustancias que no son consideradas. El plan tampoco contempla la contaminación de suelos y agua y “permite (a las empresas) salirse de la norma 163 veces en el año”, asegura Alonso. Es “vergonzoso”, dice la defensora ambiental y en “el día a día seguimos exactamente igual”, agrega.

Lo problemático: la crisis del agua

Un segundo conflicto que Chile viene arrastrando desde hace años es la crisis hídrica. Si bien este año las lluvias fueron más abundantes que en 2019, expertos aseguran que no fueron suficientes como para revertir la megasequía que ya lleva una década golpeando a la zona centro del país. En comunas como Petorca, La Ligua o Putaendo, en la región de Valparaíso, simplemente no hay agua.

Las razones son principalmente tres: la escasez de precipitaciones debido a efectos del cambio climático, ciclos naturales propios del clima semiárido que caracteriza a la zona y una sobredemanda de agua principalmente desde el sector agrícola.

En este contexto, tres eventos fueron relevantes este 2020. En primer lugar, un pronunciamiento de la Contraloría que declaró incompatible la autorización de planes de manejo de corta de bosque nativo para destinar los terrenos a fines agrícolas.

El bosque nativo de la zona central de Chile de tipo esclerófilo cumple importantes funciones ecosistémicas, entre ellas regular el balance hídrico y actuar como una barrera natural para contener la desertificación. Sin embargo, la superficie boscosa ha disminuido a través de los años para permitir la expansión agrícola, principalmente frutícola, afectando los acuíferos.

Según datos obtenidos por Ciper, 1362 planes de manejo fueron aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entre el 31 de julio de 2008 y marzo de 2020. Dichos planes permitieron talar 22 281 hectáreas de bosque nativo, a pesar de que este está protegido por ley desde 2008, y solo tres comunas de la zona centro del país concentraron el 45 % de esa deforestación.

El dictamen de la Contraloría “es muy relevante”, asegura Liberona, porque establece que “esos planes (de manejo) son ilegales”, dice.

Un segundo dictamen de Contraloría estableció que los proyectos que se realicen en Áreas de Preservación Ecológica en la región Metropolitana de Santiago deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental. En una entrevista en el Diario Constitucional, los abogados Natalia Alfieri y Waldo Florit explican que las comunas que bordean la Región Metropolitana limitan con un cordón montañoso que ha sido definido como un Área de Preservación Ecológica para asegurar el equilibrio del medio ambiente. Según Liberona, el dictamen de Contraloría permitirá que se regule la expansión urbana ya que los proyectos inmobiliarios que quieran instalarse en esa área deberán pasar por una evaluación más estricta.

Ambos dictámenes, asegura la directora de Terram, “protegen el bosque, particularmente el esclerófilo que está super dañado, lo que permite una mayor conservación de los recursos hídricos”. Sin embargo, Liberona es crítica al señalar que “el Presidente Piñera sigue insistiendo con hacer nuevos embalses para expandir la producción agrícola, el modelo agroexportador, en vez de estar preocupado de la situación de agua en la que están las comunidades”.

En efecto, durante la cuenta pública realizada en agosto 2020, el presidente anunció que se ha puesto en marcha la construcción de 26 embalses, además de 12 plantas desalinizadoras que se sumarán a las 23 que ya funcionan en el país. “Sin dudas, consolidar nuestro mundo rural, transformar a Chile en una potencia agroalimentaria va a significar en un tremendo impulso a nuestras regiones”, dijo el presidente.

Por último, el Senado aprobó a inicios de diciembre tramitar un proyecto de ley que busca someter a Estudios de Impacto Ambiental a los proyectos forestales.

En Chile, son más de tres millones las hectáreas de monocultivos de pino y eucaliptus que hacen de este país el segundo principal productor de celulosa en América Latina. Sin embargo, por ahora “las operaciones forestales bajo las 500 hectáreas están fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que es un margen que estimamos amplio”, dice Ricardo Bosshard, director de WWF Chile. “Nos parece que ese límite debe ser reducido, así como también considerar dos proyectos contiguos o adyacentes, tomando en cuenta los efectos acumulativos que, por ejemplo, pueden tener en las cuencas, lo que repercute en términos de la actual crisis hídrica”, dice el director de WWF.

Lo malo: la pandemia y el recorte de presupuesto

La crisis sanitaria por el COVID-19 impactó el presupuesto de las áreas naturales protegidas ya que el 60 % del financiamiento anual proviene de las entradas que pagan los turistas, asegura Miguel Díaz, Encargado Nacional de Conservacion de Fauna y Humedales de CONAF. “La redistribución del gasto interno del país a cosas más prioritarias significó un recorte en compra de materiales, combustible y salarios para servicios que hay que contratar externamente”, precisa Díaz.

Además, las repercusiones de este impacto son mayores si se considera que Chile es uno de los 10 países que invierten menos fondos en la conservación de su biodiversidad a nivel global, según un estudio científico publicado en 2013. Según Díaz, Chile invierte en promedio unos 40 centavos de dólar por hectárea protegida mientras que, por ejemplo, Argentina invierte entre 8 y 10 dólares por hectárea.

Un análisis realizado por fundación Terram muestra que desde 2017 la tendencia del aporte fiscal al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado es a la baja y no será distinto en 2021, ya que el presupuesto total disminuye en 3,9 % respecto del 2020 quedando en $ 17 627 963 000 (alrededor de 23 680 000 dólares). De ese total, menos de 7 millones de dólares provienen del aporte del Estado y todo lo demás se estima ingresará por el cobro de accesos a los parques y reservas. Es problema es que “si uno considera el contexto de la pandemia que podría extenderse para 2021, es evidente que existe la posibilidad de que la recaudación no ocurra como está presupuestado”, advierte Terram en su análisis.

Lo positivo de la pandemia, agrega Díaz, es que la ausencia de turistas permitió que la biodiversidad se recuperara. “Hay menos humanos metidos en los hábitat esenciales de los animales por lo que andan más tranquilos. La fauna está en mucho mejor condición y puede tener una relación más natural que cuando están los miles de visitantes”, precisa.

Por otra parte, las áreas marinas protegidas (AMP) también tienen un presupuesto limitado y, según Wildlife Conservation Society (WCS), sin considerar la extensión en superficie que han tenido las AMP desde el 2018, “el financiamiento existente sólo cubre un 1,7 % del monto estimado como necesario para un funcionamiento apropiado de las áreas marinas existentes”.

A pesar de que Chile lidera la protección de mar en kilómetros cuadrados, solo 5 de las 28 áreas marinas con alguna categoría de protección tienen un plan de manejo y “la brecha financiera operacional para conservar y proteger efectivamente las AMP existentes es de tal magnitud que invita a reflexionar si en estricto rigor las actuales AMP constituyen áreas de protección”, señala Terram.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) termina el año con una preocupante noticias para las especies marinas que habitan en Chile. Nueve especies aumentaron su categoría de vulnerabilidad en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

De ellas, el tollo fino (Mustelus mento), el tollo común (Mustelus whitneyi), el tollo manchado (Triakis maculata) y el angelote (Squatina armata), todos ellos tiburones, pasaron a estar en Peligro Crítico de extinción. La raya volantín (Dipturus chilensis) y la raya espinosa (Dipturus trachydermus) pasaron de Vulnerable a En Peligro y la raya águila (Myliobatis chilensis), la raya peruana (Myliobatis peruvianus) y el pez guitarra (Pseudobatos planiceps) fueron clasificadas como Vulnerables.

Lo esperanzador: una nueva constitución

Científicos, conservacionistas y abogados cercanos a causas ambientales han resaltado las posibilidades que se abren con la redacción de una nueva constitución. En octubre los chilenos votaron en un plebiscito a favor de tener una nueva carta magna que, según expertos constitucionalistas entrevistados por Mongabay Latam, tiene la posibilidad de tener una visión transversal, en la que la protección al medio ambiente esté presente en todos los ámbitos en los que se desarrolla el país. El objetivo, dice Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Chile es “apostar a un Estado de derecho ambiental”, donde el derecho a un medio ambiente sano tenga mayor trascendencia e inspire al actuar de todos los órganos del Estado.

Por ello, sostuvo Galdámez, es clave incluir al medio ambiente dentro de los primeros artículos de la constitución que son los que básicamente establecen los valores fundamentales del Estado. Esos artículos “son muy importantes”, dice la abogada, porque “a partir de esas reglas primeras se reinterpreta toda la constitución” y con esta decisión, añade, se contribuiría para que “algunas dimensiones que hoy día están en el texto, como el deber del Estado de tutelar la protección de la naturaleza, se lean mejor, se entiendan mejor, tengan un alcance más amplio y significativo”.