Un año ha transcurrido del histórico fallo de la Corte Suprema por la contaminación en la bahía de Quintero y en la comuna de Puchuncaví en favor de los habitantes que se vieron afectados por los episodios de contaminación ocurridos en agosto de 2018.

Desde la Fundación Terram señalaron que al revisar los 14 puntos que contiene el fallo se da cuenta del avance ínfimo o casi inexistente que han tenido al respecto.

Flavia Liberona, directora ejecutiva de la fundación, dijo que en el primer punto, por ejemplo, se ordenó un estudio que no se ha realizado, el que permitiría la realización del resto de las tareas.

Por ello, acusó que cuando el Ministerio de Medio Ambiente dice que se está progresando, aquello no es cierto.

Manuel Pizarro, director del Movimiento por la Infancia Quintero – Puchuncaví y uno de los recurrentes, cree que no se cumplieron los puntos ordenados hace un año.

Así, mencionó la necesidad de volver a sentarse con las autoridades, Presidente incluido, y crear un nuevo plan de descontaminación, ya que el actual no da el ancho.

“Además de señalar el fallo que autoridades hicieron omisiones negligentes a sus funciones, señala claramente que el plan de descontaminación es insuficiente para nuestras comunas”, dijo.

Al respecto, el diputado Diego Ibañez manifestó su preocupación por la falta de soluciones para los vecinos del sector, situación que se agrava por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.

En esa línea, afirmó que, a pesar de las tareas encomendadas por la Corte, los avances son escasos y recordó que los varamientos de carbón y las alertas ambientales se siguen registrando.

“De la larga lista de tareas encomendadas por la Corte Suprema, los avances son poco o nada y no existe un sentido de urgencia ni tampoco un compromiso férreo por hacer de estos territorios un lugar para vivir”, comentó el legislador.

Son distintas las figuras que coinciden en que, a pesar de los 12 meses transcurridos desde el fallo del máximo tribunal, no hay acciones o hechos que beneficien a los afectados.

En este contexto, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ofició a algunos órganos públicos para conocer el avance sobre las acciones que han tomado frente al tema, plazo que vence este miércoles 3 de junio.

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