El presidente argentino, Alberto Fernández, firmó este lunes junto con todos los gobernadores provinciales del país un “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, para crear una política de estado en un país conmovido por la cantidad de feminicidios.
Fernández destacó la “reacción institucional” frente a los feminicidios: 47 en el primer bimestre del año, según el Observatorio Mumalá, 17% de los cuales fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad y un 29% de víctimas que habían realizado denuncias previas.
“La reacción estatal es lenta o no existe”, dijo Fernández, “y ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros los que gobernamos este país”.
“Insisto en hablar de la Justicia, entre otras cosas, para que no existan más Úrsulas, para que no existan más Micaelas”, dijo el mandatario en referencia a dos casos emblemáticos de feminicidios en el país.
“Para eso uno quiere también cambiar la Justicia”, agregó, una semana después que tanto el presidente como la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hicieran fuertes cuestionamientos al funcionamiento del poder judicial en su conjunto.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario pidió “construir una política de estado” para no tolerar discriminación en ningún rincón del país y la comparó con la “política de estado que no fue alterada” para juzgar el accionar de los “genocidas” durante la dictadura militar.
Del mismo modo que se dijo “memoria, verdad y justicia para delitos de lesa humanidad, por favor, comprometámonos para ponerle fin a la desigualdad en razón de genero” y “a construir una sociedad igualitaria”.
En tanto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconoció que “lo hecho hasta acá no alcanza, no es suficiente”, después de la creación del ministerio en la gestión que comenzó en 2019 y a las medidas de prevención que se aplican hace años.
Señaló que “las mujeres de nuestra patria dijeron basta” y que frente a lo que la sociedad está demandando “mirar para otro lado tiene un alto costo político”.
“No hay más margen para que ningún sector de la política deje de priorizar este asunto”, dijo Gómez Alcorta.
La convocatoria de hoy incluyó al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, que está en el ojo de la tormenta porque la policía provincial reprimió con dureza manifestaciones en contra de una vuelta al aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, donde mujeres fueron golpeadas, atacadas con balas de goma y detenidas.
El presidente había declarado que estaba preocupado por “el nivel de violencia institucional” que vio en la provincia y que estaba conversando con la provincia, donde los vecinos desafían por cuarto día seguido las órdenes de aislamiento que impuso el gobernador.
El acuerdo
El acuerdo prevé que las 24 jurisdicciones del país integren el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Las provincias también adhieren al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.
Además, se buscará promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia. Y fortalecer la capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten las denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad.
Las provincias se comprometen a garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género.
En tanto, busca que los distritos trabajen de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.