Las dudas por el fallido intento de compra de la casa del expresidente Allende no abandonan La Moneda

La polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende no abandona La Moneda. Y es que día a día crecen las dudas en la oposición sobre el grado de conocimiento que tuvo el presidente Gabriel Boric respecto de la inhabilidad de la senadora Isabel Allende para participar en la operación.

“Alguien miente”, es la frase que se ha escuchado con fuerza desde sectores de derecha, luego de los nuevos antecedentes que han revelado el rol de los asesores del gobierno en la fallida compra

Presidente Boric bajo la lupa de la oposición

Por un lado, persiste la presión sobre la actual jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien esta semana ha estado en el centro de la controversia.

La funcionaria, ante la comisión investigadora, reconoció que sabía de la existencia de una inhabilidad, pero sostuvo que no era su función revisarla.

En la misma línea, evitó responder sobre si alertó o no al Presidente Gabriel Boric, lo que instaló nuevas suspicacias en la oposición.

Sin embargo, el ambiente de desconfianza se agudizó tras la declaración ante Fiscalía de Macarena Diez, exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Según publicó Ex-Ante, la exfuncionaria habría señalado que advirtió a Presidencia sobre un conflicto de interés, “puesto que la parte vendedora era una senadora y una ministra”.

Asimismo, en su declaración como testigo, planteó que “se me transmitió, y a jefaturas de división, de parte de Denisse Hernández (jefa de gabinete de Bienes Nacionales) que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, según lo instruido por Presidencia”.

“Respecto de las consecuencias jurídicas y políticas, ellos quedaron en revisarlo con la Secretaría de la Presidencia, Secom, en conjunto con comunicaciones del ministerio”, añadió.

Lo anterior aumentó las sospechas. Por ejemplo, el diputado y presidente de la comisión investigadora, Andrés Longton (RN), junto a su par en la Cámara, el republicano Luis Sánchez, sostuvieron que estos antecedentes complican directamente al Mandatario.

Así, las dudas se enfocan en la veracidad de la tesis que sostiene que el Presidente Boric no estaba informado de la inhabilidad, lo que pone en entredicho su propia versión de los hechos.

En el sector señalan que no se entiende cómo el Mandatario no fue informado, considerando que hubo asesores que han reconocido estar al tanto de la situación.

De hecho, en la interna, ya se ha hablado de una posible acusación constitucional. Sin embargo, no habría consenso suficiente para impulsarla. Por ahora, se prefiere esperar el resultado de la comisión investigadora y de la indagatoria penal en curso.

De todas formas, en la oposición recalcan que no descartan ninguna herramienta constitucional para responsabilizar a La Moneda.

Cabe destacar que lo planteado por Macarena Diez choca con lo declarado por personeros del Segundo Piso del Palacio, quienes —ante Fiscalía— negaron haber recibido alguna advertencia sobre una posible inhabilidad.

Por eso, desde algunos sectores se ha matizado el impacto del testimonio, diferenciando entre advertir un “conflicto de interés” y una prohibición constitucional expresa. Así lo señaló el diputado PS y vicepresidente de la Cámara, Leonardo Soto.

Consultado por este tema, el Gobierno respondió a través de la vocera (s) Aisén Etcheverry, quien afirmó que La Moneda no se referirá a trascendidos, y que las responsabilidades se establecerán a través de las investigaciones y sumarios en curso.

La presión sobre Francisca Moya tras fallida compra de casa de Allende

En paralelo a esta situación, sigue la presión parlamentaria para que Francisca Moya deje su cargo.

Así lo estableció el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quien advirtió que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se arriesga a una acusación constitucional si no concreta la salida de la abogada.

Además, calificó los nuevos antecedentes como una “caja de Pandora”, y deslizó que podría existir un pacto de silencio para proteger al Presidente.

Por su parte, en el Partido Socialista hay voces que señalan que no vale la pena seguir pidiendo renuncias, y que el daño político a la colectividad ya está hecho. En ese sentido, algunos instan a no perseverar en los emplazamientos.

Ante todo esto, el diputado socialista Daniel Melo acusó que estas acciones no contribuyen a la unidad del oficialismo.

Pero no es una postura unánime, ya que el senador Juan Luis Castro, de la misma colectividad, dijo que siempre pueden existir gestos, pero reconoció que el daño a la confianza de los aliados ya está consumado.

En cuanto al rol de Francisca Moya, hubo también voces que salieron en su defensa. Por ejemplo, el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, afirmó que si la abogada se hubiese involucrado en asuntos que no eran de su competencia, podría haber incurrido en “duplicidad de funciones”.

Sin embargo, esa postura fue refutada por especialistas: la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, citando el artículo sexto de la Ley Orgánica de la Segpres, aseguró que Moya sí tenía la obligación legal de advertir al presidente sobre la inhabilidad.

En tanto, el exdefensor penal público y académico de la Universidad Finis Terrae, Mario Palma, advirtió que la abogada podría ser objeto de un sumario administrativo e incluso ser citada como posible cómplice en la investigación penal.

En tanto, el pasado miércoles, el ministro Elizalde volvió a respaldar a Francisca Moya, destacando que es una excelente funcionaria y ha sido una gran contribución.

Ante las presiones por su salida, respondió que “siempre se dice que el hilo se cortó por lo más delgado y el presidente le pidió la renuncia a la ministra del ministerio donde estaba radicado el proceso”.

“Si usted me pregunta que aquí no se han hecho valer responsabilidad, es todo lo contrario. El presidente tomó esta decisión hace tiempo”, agregó.

Aun así, en el Ejecutivo hay quienes reconocen en privado que la permanencia de Moya no sería sostenible a mediano plazo, recordando el caso del exjefe de asesores, Miguel Crispi.