La ofensiva del PS: evalúan ir al TC por parlamentarios que habrían suscrito contratos con el Estado

El fallo del Tribunal Constitucional que culminó con el cese del cargo de la senadora Isabel Allende (PS) ha provocado una ola de cuestionamientos y también otras acciones a considerar. De hecho, diputado/as del Partido Socialista están evaluando una contraofensiva tras revelarse que cinco parlamentarios que podrían haber infringido la misma norma que Allende.

La destitución de la senadora se basó en que infringió el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los ministros y parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado. En esa línea, un reportaje de The Clinic reveló que al menos cinco otros parlamentarios habrían transgredido esta misma norma.

Entre los legisladores se encuentra el senador Juan Castro, del Partido Social Cristiano; el senador Luciano Cruz-Coque, de Evópoli; el senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista; los diputados Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, y Ximena Ossandón, de Renovación Nacional.

La contraofensiva por contratos con el Estado

Todos los parlamentarios mencionados habrían infringido la norma, según el reportaje, al mantener acuerdos con el Estado que derivaron en pagos con dineros públicos.

Lo anterior motivó que los diputados Daniel Manouchehri, Tomás de Rementería, Daniela Cicardini, Jaime Naranjo y Nelson Venegas, todos socialistas, anunciaran que se encuentran analizando, estudiando los antecedentes, por medio de sus equipos jurídicos, para eventualmente llegar hasta el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, Manouchehri sostuvo que “hay algunos antecedentes que nos parecen que son bastante serios. Puntualmente, creemos que, por ejemplo, lo del senador Juan Castro, también respecto al senador Cruz-Coque. Todos los contratos millonarios que deben ser analizados”.

“Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio con contratos que se ejecutaron”, agregó.

Los contratos que habrían suscrito

Para contextualizar, en el caso de Juan Castro, se menciona que ha participado en una red de sociedades que incluye a la Constructora Indemma, donde habría obtenido más de $3 mil millones por parte de organismos públicos. Por su parte, Ximena Ossandón está en una sociedad que es accionista de Cumplo Chile Spa, habiendo recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y la Corfo.

En tanto, Jaime Mulet, si bien dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, él se retiró de la firma un mes después de asumir como diputado, su esposa y presidenta del partido, Flavia Torrealba, habría quedado como contralora.

En el caso de Fidel Espinoza, este participó en la sociedad Difusora Fresia Limitada, en la que obtuvo $14 millones por parte de municipalidades de la región de Los Lagos. Por último, Luciano Cruz-Coque, según se detalla en el reportaje, arrendaba una casa a la Junji por $4 millones mensuales, hasta 2020, en un trato que comenzó en 2015, antes de que él asumiera como parlamentario, pero que continuó durante su desempeño como diputado.

Frente a este escenario, Cruz-Coque respondió que “era un civil común y corriente, y el artículo 60 de la Constitución señala expresamente que quien durante el ejercicio del cargo celebrase contratos o caucionase contratos con el Estado, perderá el escaño. Bajo esos efectos, evidentemente que el año 2015, siendo yo un ciudadano sin ninguna obligación política, no caigo dentro de aquello”.

Asimismo, Mulet argumentó que “me salí de esa sociedad el día 8 de abril, como consta en los documentos que tengo acá, del Servicio de Impuestos Internos”.

“Vendí mi participación a una sociedad que se llama Inversiones San José, de la que también es socia Flavia Torrealba, que era socia también en la radio, y no hay ninguna dificultad de ninguna naturaleza, ni épica, ni jurídica, ni constitucional”, agregó.

En tanto, Espinoza aseguró que “reconozco que por desconocimiento no advertí que la sociedad seguía en el registro de comercio, situación que fue corregida posteriormente”.

“Desde mi salida, no he tenido participación, ni he recibido jamás ningún beneficio personal por los contratos que esa sociedad haya suscrito con el Estado o con terceros. Además, siempre en mi labor parlamentaria me ha abstenido de votar en temas vinculados a radiodifusión o financiamiento a medios de comunicación”, siguió.

Por su parte, Ossandón señaló que “participo en la sociedad con mi marido, tengo un porcentaje, y en el caso de las acciones de Cumplo tengo un 0,6%. O sea, todos sabemos que cuando uno tiene ese porcentaje, no tiene ninguna posibilidad de gestionar nada, de preguntar nada en una empresa, y menos de saber quiénes son los clientes”.

“Pero, a pesar de todo eso, existía la duda si efectivamente Cumplo podía tener una relación con el Estado y no tiene ninguna relación con el Estado”, sentenció.

Por otro lado, Castro explicó que no tiene participación en ninguna empresa, que no forma parte de la sociedad a la que se alude, y que siendo senador no ha firmado ningún contrato con el Estado.

Evalúan ir al TC

Para presentar el requerimiento al TC, se requieren de 10 firmas. Y la bancada del Partido Socialista cuenta con 13 parlamentarios. Por lo tanto, con base en los antecedentes que recopilen, consideran que algunos de estos casos, u otros que infrinjan la Carta Magna, cuentan con el respaldo para recurrir hasta el órgano jurisdiccional.

Algunos de los argumentos tienen que ver con lo mencionado por Isabel Allende en su último discurso en el Senado, donde hace un cuestionamiento al procedimiento del Tribunal Constitucional, señalando que no le parece justo que no se estime si hay dolo o no, que no existe el concepto de atenuante, que no se considera el contexto, que es una cuestión robótica. Es decir, mirar lo que dice el papel y hacerlo cumplir sin ninguna consideración.

Si es que eso mismo se hiciese en algunos de estos casos, los diputados socialistas deslizan que debiese ocurrir lo mismo con algunos de estos parlamentarios.

Por otro lado, fuentes consultadas por La Radio plantean que la redacción del fallo del Tribunal Constitucional, en el caso de Isabel Allende, va a ser mirado con lupa en el Congreso Nacional, ya que los más desconfiados sospechan que en su redacción se va a encontrar una fórmula para salvar a otros parlamentarios que puedan haber celebrado otros contratos.

En ese sentido, se hace la diferencia entre la firma de Isabel Allende como persona natural, de manera directa, en ejercicio y como senadora, y los casos en los que las firmas se realizan a través de sociedades en las que parlamentarios pudieran formar parte, y si eso es también una vulneración constitucional o no.

Así, en este caso se abre una nueva puerta, y se va a estar analizando caso a caso. También, hay quienes están buscando otros casos, porque claro de parlamentarios que haya suscrito contratos con el Estado.