Oficialismo concreta arremetida contra fiscal Cooper en la Suprema: ingresaron solicitud de remoción

Un grupo de diputados de oficialismo concretaron la arremetida anunciada contra el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, e ingresaron una solicitud de remoción, ante la Corte Suprema, contra el persecutor penal.

Cabe mencionar que Cooper es quien está a cargo de la investigación en el Caso Sierra Bella, además de las indagatorias por presunto tráfico de influencias por parte de la diputada Karol Cariola (PC).

De esta manera, en el documento de 47 páginas, al que tuvo acceso La Radio, los parlamentarios acusaron que en las diligencias que envuelven a Cariola existieron graves irregularidades.

En tanto, esta arremetida legal contra el fiscal Cooper fue anunciada la semana pasada. De hecho, la diputada Carmen Hertz (PC) advirtió que el requerimiento sería ingresado a más tardar este lunes.

La arremetida de oficialismo contra Cooper

Los parlamentarios oficialistas señalan que la fiscalía actuó de manera desproporcionada, lo que da pie a una negligencia manifiesta en el proceder de la investigación contra Karol Cariola, lo que comprometería la credibilidad del Ministerio Público y, también, significaría causales de remoción.

Lo solicitud se basa en las siguientes consideraciones.

1. Desproporcionalidad en el allanamiento. Tomando en cuenta que este se realizó el día del parto de la diputada Cariola, lo que según los legisladores representa una falta de sensibilidad y desproporcionalidad en las medidas tomadas.

2. La presencia de errores en el informe. En este punto se plantea que la solicitud de allanamiento se basó en un informe con “consideraciones erróneas” y omisiones graves, sin verificar la veracidad de los elementos presentados.

3. Filtraciones de información. Acusan que Cooper permitió filtraciones de información reservada, afectando la privacidad de las involucradas, lo que contraviene los derechos fundamentales.

4. No considerar normas de género. Según los parlamentarios, durante el desarrollo del allanamiento contra la diputada Cariola se pasaron a llevar normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el Convenio de Belém y los acuerdos de la Convención sobre Derechos del Niño.

En tanto, son 10 los diputados y diputadas firmantes de este documento, entre parlamentarios del PC, FA, AH, PS e independientes.

Una de ellas es la diputada Hertz, quien confía en que “ese escrito es jurídicamente muy consistentes, y que, a nuestro juicio, fundamenta la causal de remoción del fiscal Cooper, que es la manifiesta negligencia que este ha observado en el cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, la diputada Ana María Gazmuri (AH), también firmante de la solicitud, indicó que “la Corte Suprema suele ser muy cautelosa en la aplicación de este tipo de medidas, pero la decisión dependerá de si los ministros consideran que las actuaciones del fiscal Cooper han afectado gravemente la credibilidad y el correcto desempeño de la Fiscalía, lo que nosotros creemos que es más que evidente”.

Oposición cuestiona solicitud de remoción

Frente a esta acción, las reacciones no tardaron en llegar. En ese sentido, la oposición endureció el tono, planteando que los parlamentarios oficialistas buscarían presionar e incidir indebidamente en determinaciones de otro poder del Estado.

El diputado y subjefe de Evópoli, Jorge Guzmán, sostuvo que “el Ministerio Público tiene el rol de hacer la persecución penal, y lo hace con total autonomía e independencia”.

“No corresponde que cuando le tocan a su diputada, salten todos los partidos de gobierno a defenderla, ejerciendo esta presión indebida respecto a un poder del Estado autónomo”, agregó.

En esa misma línea, su par y jefe de bancada Republicano, Cristian Araya, señaló que “como se trata de uno de ellos, piden concesiones y tratos preferenciales. Claramente, esto es parte de su defensa corporativa, una estrategia a la que nos tienen acostumbrados”.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, manifestó que “todos esos conceptos son confusos, ambiguos, y más bien se utilizan, muchas veces, con un criterio político para atacar a otras personas, o para justificar el comportamiento de otras”, cuestionando el sustento de la solicitud. .

Por el contrario, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, otro de los nombres que firmó el recurso, planteó que la presentación del recurso, también, “tiene como objetivo trazar un precedente para evitar de que se produzcan este tipo de vulneraciones en investigaciones futuras”.

“Acá no solamente estamos hablando de filtraciones de chat, como se ha informado, sino que también estamos hablando de vulneraciones a normas aprobadas por este propio Congreso Nacional y normas suscritas por nuestro país en el plano internacional”, siguió.

¿Posee sustento jurídico la solicitud?

La Constitución plantea, en su artículo 89, que “el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

No obstante, el abogado y académico de la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, sostuvo las críticas al fiscal Cooper “dan cuenta de una disconformidad de carácter legal respecto de una medida intrusiva que había sido autorizada por un tribunal, y que incluso, un tribunal, a requerimiento de la defensa letrada de la diputada, estableció los estándares con los cuales se tienen que actuar con los bienes que fueron objeto de incautación”.

“La judicatura no ha hecho ningún tipo de reproche respecto de la licitud de la medida intrusiva”, agregó.

Junto con eso, el jurista aseguró que la autonomía del Ministerio Público está garantizada por la Constitución, por lo que las acciones que buscan limitar esa autonomía pueden ir en contra de la estructura de separación de poderes y colocar en riesgo la operatividad que significa esta división.

Así, dentro de los siguientes pasos del recurso, tras el ingreso formal de la solicitud, ahora deberá ser la Corte Suprema quien revise su admisibilidad.