Informe de oposición aprobado en CEI por Monsalve apunta a Tohá: oficialismo acusa operación electoral

Tras cuatro meses de funcionamiento, la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve aprobó el informe de conclusiones de las oposiciones, cuestionando a diferentes autoridades de La Moneda.

De esta manera, el controversial documento de 25 páginas, que fue aprobado por 7 votos a favor, 5 en contra y una abstención, fusionó las propuestas de los diputados de Chile Vamos y de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, estableciendo las responsabilidades del manejo de la crisis en la exministra del Interior y actual candidata del oficialismo, Carolina Tohá; en la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; y el exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Si bien, se hace un duro emplazamiento al Presidente Gabriel Boric por la decisión de mantener en el cargo al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pese a la denuncia por delitos sexuales en su contra, la principal apuntada es la extitular de Interior.

La primera responsabilidad recae en Tohá, según la oposición

De esta manera, a la actual candidata presidencial del PPD se le apunta, según parlamentarios de oposición, por mostrar “deficiencias en términos de liderazgo”, por la “ignorancia inexcusable” respecto de lo que ocurría en su ministerio e, incluso, califican de “inexplicable” como reaccionó Tohá, luego de enterarse de la denuncia.

Asimismo, critican que la exjefa ministerial “no hizo cuestión de que Monsalve continuara ejerciendo sus funciones, sin modificar su agenda en lo absoluto”, describiendo ello como una “relativización inaceptable de la denuncia y una decisión que buscaba resguardar la imagen del gobierno”.

En ese sentido, el diputado Miguel Mellado (RD), presidente de la comisión, sostuvo que “este gobierno actuó tarde, mal e improvisadamente”.

“La ministra del Interior no cumplió sus funciones como debiera (…) Le entregó al Presidente Boric el problema y se lavó las manos”, siguió.

Por otro lado, desde el comienzo hubo tensión respecto de como consolidar el informe. De hecho, cinco diputados oficialistas escribieron una propuesta que incluía evidentes defensas a la gestión de la ministra Tohá, pero pese a las claras diferencias de diagnóstico, defendían que las sugerencias de ambos textos eran bastante similares.

En efecto, ambos informes plantean modificaciones en protocolos para casos de denuncia contra altas autoridades y sobre todo cuando estas tratan de denuncias de acoso y abuso sexual al interior de la administración pública, y la mejor administración de gastos reservados, entre otros temas.

También, hubo una suspensión de media hora para que los parlamentarios leyeran los informes del sector opuesto. En ese momento, se observó que, para el oficialismo, el texto parecía imputar delitos, excediendo su tono y cuestionando la intención de autoridades, dando como hechos algunos antecedentes sin comprobarlos, o que no fueron tocados en la comisión.

En ese sentido, Camila Musante, jefa de bancada Independientes-PPD, comentó que “la votación se llevó a cabo de una manera tramposa, mañosa, en un intento de hacer parecer que los diputados oficialistas estamos encubriendo”.

Además, la parlamentaria aseguró que “es vidente que esto es una operación para que, a través de esta redacción, ensucien a la candidata de oficialismo”.

En la misma línea, la diputada Alejandra Placencia (PC) señaló que el texto de oposición “es absolutamente sesgado (…) No toma en cuenta los antecedentes que recogió la comisión de manera fidedigna para colaborar en establecer mejoras”.

“Este espacio desde el principio ha sido utilizado malamente por la oposición para generar puntos políticos que no contribuyen a la credibilidad de las instituciones, ni a la credibilidad de la Cámara de Diputados. Esperamos que este informe se rechace”, agregó.

El informe de la diputada Pérez

Por su parte, la diputada Joanna Pérez escribió su propio documento y acusó que sólo de las oposiciones se acercaron a buscar algún consenso con su propuesta.

Asimismo, pidió que se eliminara la expresión “cómplice” porque no tenía la intención de apoyar un texto que pudiera tener un lenguaje que imputara delitos, pero que la comisión no podía desentenderse de la clara responsabilidad de La Moneda.

También, la parlamentaria acusó que el informe del oficialismo “era poco autocrítico” y que el argumento de aprovechamiento electoral solo es tratar de instalar una idea para distraer de la gravedad de los hechos.

En tanto, sobre el rol del Presidente Gabriel Boric, el informe asegura que la permanencia en el cargo de Monsalve durante esas críticas 48 horas, colisiona con la obligación constitucional del Presidente de la República, en el resguardo de la seguridad y el orden público interior.

Recordaron que el mandatario poseía desde el comienzo sendas facultades para remover a Monsalve, acusándolo de “pasividad y liviandad” y reflexionando sobre el impacto que tiene eso en la crisis de seguridad del país.

Por su parte, Tomás Lagomarsino, diputado radical que ayudó a la oposición a llegar a la presidencia de la comisión, se abstuvo, pero logró el acuerdo para que su propuesta se sumara a las conclusiones: Tohá no sabía, fue imprecisa o mintió, cuando dijo que no estaba obligada a conocer la rendición de los gastos reservados.