Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
El Ministerio Público entregó ante la justicia pruebas contra Tomás Antihuen, parte del grupo que asesinó a tres carabineros en Cañete. Se presentaron nuevos peritajes que indican que el arma UZI de Tomás fue robada a las víctimas y usada en el crimen. Se confirmó que el grupo planeó fríamente la emboscada, ejecución de los uniformados y el incendio de la patrulla con los cuerpos dentro. Los delitos imputados incluyen homicidio, incendio, robo con violencia, porte ilegal de armas y traslado ilegal de restos humanos. Se pidió prisión preventiva, destacando el odio hacia Carabineros. La defensa intentó restar validez a los peritajes, pero el juez decretó la prisión preventiva, resaltando el desprecio por la vida de los acusados. La investigación cerrará el 12 de abril y se prevé llevar a juicio a los cuatro imputados antes de cumplirse un año del crimen.
En una audiencia que se extendió por alrededor de tres horas, el Ministerio Público entregó a la justicia todas las pruebas contra Tomás Antihuen, como parte del grupo que asesinó a los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, el 27 de abril del año pasado en Cañete, cuando controlaban el arresto domiciliario de una persona.
De esta manera, la Fiscalía reiteró ante el Juzgado de Garantía los antecedentes con que fueron imputados los primeros tres detenidos el año pasado -los hermanos Felipe y Yeferson Antihuen, además de Nicolás Rivas-, así como nuevos peritajes que acreditan que la UZI encontrada en poder de Tomás fue robada a las víctimas y utilizada también en el crimen.
Además, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo ante el tribunal que todo confirma que el grupo preparó fríamente la emboscada, la ejecución de los uniformados y el posterior incendio de la patrulla con los cuerpos en su interior.
Así, los delitos imputados a Antihuen son el homicidio de carabineros en ejercicio de funciones; incendio; robo con violencia; porte ilegal de arma convencional y prohibida; así como el traslado ilegal de restos humanos.
También, el Ministerio Público estableció que uno de los móviles del plan criminal fue el robo de armas. Sin embargo, al solicitar la prisión preventiva, el fiscal adjunto Carlos Bustos dio cuenta del odio de los detenidos hacia Carabineros, señalando la señal que se quisieron dar con la forma en que asesinaron a sus víctimas.
En ese sentido, subrayando en el número de los delitos, la forma de comisión, las penas que arriesga el imputado, entre ellas el presidio perpetuo calificado, la Fiscalía pidió la prisión preventiva.
Sin embargo, la defensoría se opuso a la cautelar, intentando restar validez a los peritajes, incluso biológicos, que sitúan a Tomás Antihuen en el sitio del suceso.
En la misma línea, la defensora Nelly Díaz planteó que si alguna participación tuviera su cliente sería la de cómplice o encubridor.
Desprecio por la vida
Pese a lo anterior, la teoría de la defensa fue categóricamente desestimada por el juez Cristian Rosenberg, quien subrayó con énfasis el desprecio por la vida que tuvieron los hermanos Antihuen al matar a los funcionarios policiales, resolviendo en definitiva la prisión preventiva, validando los antecedentes entregados por la Fiscalía.
Así las cosas, la investigación tiene como plazo de cierre el 12 de abril próximo y el organismo persecutor no solicitó extenderlo, entendiéndose que las diligencias estarían agotadas y que, por lo tanto, antes de cumplirse un año del triple homicidio el Ministerio Público presentaría la acusación para llevar a juicio a los cuatro imputados.
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Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
El Ministerio Público entregó ante la justicia pruebas contra Tomás Antihuen, parte del grupo que asesinó a tres carabineros en Cañete. Se presentaron nuevos peritajes que indican que el arma UZI de Tomás fue robada a las víctimas y usada en el crimen. Se confirmó que el grupo planeó fríamente la emboscada, ejecución de los uniformados y el incendio de la patrulla con los cuerpos dentro. Los delitos imputados incluyen homicidio, incendio, robo con violencia, porte ilegal de armas y traslado ilegal de restos humanos. Se pidió prisión preventiva, destacando el odio hacia Carabineros. La defensa intentó restar validez a los peritajes, pero el juez decretó la prisión preventiva, resaltando el desprecio por la vida de los acusados. La investigación cerrará el 12 de abril y se prevé llevar a juicio a los cuatro imputados antes de cumplirse un año del crimen.
En una audiencia que se extendió por alrededor de tres horas, el Ministerio Público entregó a la justicia todas las pruebas contra Tomás Antihuen, como parte del grupo que asesinó a los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, el 27 de abril del año pasado en Cañete, cuando controlaban el arresto domiciliario de una persona.
De esta manera, la Fiscalía reiteró ante el Juzgado de Garantía los antecedentes con que fueron imputados los primeros tres detenidos el año pasado -los hermanos Felipe y Yeferson Antihuen, además de Nicolás Rivas-, así como nuevos peritajes que acreditan que la UZI encontrada en poder de Tomás fue robada a las víctimas y utilizada también en el crimen.
Además, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo ante el tribunal que todo confirma que el grupo preparó fríamente la emboscada, la ejecución de los uniformados y el posterior incendio de la patrulla con los cuerpos en su interior.
Así, los delitos imputados a Antihuen son el homicidio de carabineros en ejercicio de funciones; incendio; robo con violencia; porte ilegal de arma convencional y prohibida; así como el traslado ilegal de restos humanos.
También, el Ministerio Público estableció que uno de los móviles del plan criminal fue el robo de armas. Sin embargo, al solicitar la prisión preventiva, el fiscal adjunto Carlos Bustos dio cuenta del odio de los detenidos hacia Carabineros, señalando la señal que se quisieron dar con la forma en que asesinaron a sus víctimas.
En ese sentido, subrayando en el número de los delitos, la forma de comisión, las penas que arriesga el imputado, entre ellas el presidio perpetuo calificado, la Fiscalía pidió la prisión preventiva.
Sin embargo, la defensoría se opuso a la cautelar, intentando restar validez a los peritajes, incluso biológicos, que sitúan a Tomás Antihuen en el sitio del suceso.
En la misma línea, la defensora Nelly Díaz planteó que si alguna participación tuviera su cliente sería la de cómplice o encubridor.
Desprecio por la vida
Pese a lo anterior, la teoría de la defensa fue categóricamente desestimada por el juez Cristian Rosenberg, quien subrayó con énfasis el desprecio por la vida que tuvieron los hermanos Antihuen al matar a los funcionarios policiales, resolviendo en definitiva la prisión preventiva, validando los antecedentes entregados por la Fiscalía.
Así las cosas, la investigación tiene como plazo de cierre el 12 de abril próximo y el organismo persecutor no solicitó extenderlo, entendiéndose que las diligencias estarían agotadas y que, por lo tanto, antes de cumplirse un año del triple homicidio el Ministerio Público presentaría la acusación para llevar a juicio a los cuatro imputados.