Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
La Fiscalía concluyó que el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda fue ordenado y pagado por Diosdado Cabello, número dos del chavismo y actual ministro del Interior venezolano, lo que sugiere un móvil político detrás del crimen orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro. Ante esta situación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que cualquier persona implicada en un delito en territorio chileno, incluyendo autoridades extranjeras, será perseguida y llevada ante la justicia. El Gobierno chileno, si se confirman los antecedentes, planea recurrir a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, pero descartó romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Además, se cuestionó la efectividad del convenio de colaboración policial firmado con Venezuela previo al crimen de Ojeda.
Los antecedentes de la investigación del crimen de Ronald Ojeda permitieron a la Fiscalía llegar a la convicción de que el secuestro con homicidio fue orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Parte de estos antecedentes muestran, en concreto, que la ejecución del delito fue ordenada y pagada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, hoy ministro del Interior venezolano.
Móvil político en crimen de Ojeda
Esta hipótesis del Ministerio Público levantó la duda sobre si el segundo de la administración de Maduro puede ser perseguido, extraditado y juzgado en Chile por el crimen de Ojeda.
Sobre esto se refirió el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien explicó que “cualquier persona que haya intervenido” en un delito cometido en territorio nacional “va a ser -bajo las leyes chilenas- perseguido por la Fiscalía”.
Lo anterior, precisó Valencia, con “indiferencia” si el sujeto a perseguir es autoridad de un gobierno extranjero.
Misma respuesta tuvo el subsecretario del Interior, Luis Cordero, cuando fue consultado al respecto, agregando que todo “va a depender mucho de los resultados finales de la investigación y del juicio”.
Por esta hipótesis del móvil político de la Fiscalía en el caso Ojeda, el Gobierno adelantó que, de confirmarse los antecedentes de la investigación, Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.
Pese a eso, La Moneda descartó el quiebre formal de relaciones diplomáticas con Venezuela, defendiendo el funcionamiento de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz para los cerca de 12 mil chilenos y chilenas residentes en el país caribeño.
De paso, en conversación con Radio Cooperativa, Cordero sostuvo que no ha visto “ninguna aplicación práctica” del convenio de colaboración policial con Venezuela, firmado cerca de un mes antes del secuestro y asesinato de Ojeda.
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Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile
La Fiscalía concluyó que el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda fue ordenado y pagado por Diosdado Cabello, número dos del chavismo y actual ministro del Interior venezolano, lo que sugiere un móvil político detrás del crimen orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro. Ante esta situación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó que cualquier persona implicada en un delito en territorio chileno, incluyendo autoridades extranjeras, será perseguida y llevada ante la justicia. El Gobierno chileno, si se confirman los antecedentes, planea recurrir a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad, pero descartó romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Además, se cuestionó la efectividad del convenio de colaboración policial firmado con Venezuela previo al crimen de Ojeda.
Los antecedentes de la investigación del crimen de Ronald Ojeda permitieron a la Fiscalía llegar a la convicción de que el secuestro con homicidio fue orquestado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Parte de estos antecedentes muestran, en concreto, que la ejecución del delito fue ordenada y pagada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, hoy ministro del Interior venezolano.
Móvil político en crimen de Ojeda
Esta hipótesis del Ministerio Público levantó la duda sobre si el segundo de la administración de Maduro puede ser perseguido, extraditado y juzgado en Chile por el crimen de Ojeda.
Sobre esto se refirió el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien explicó que “cualquier persona que haya intervenido” en un delito cometido en territorio nacional “va a ser -bajo las leyes chilenas- perseguido por la Fiscalía”.
Lo anterior, precisó Valencia, con “indiferencia” si el sujeto a perseguir es autoridad de un gobierno extranjero.
Misma respuesta tuvo el subsecretario del Interior, Luis Cordero, cuando fue consultado al respecto, agregando que todo “va a depender mucho de los resultados finales de la investigación y del juicio”.
Por esta hipótesis del móvil político de la Fiscalía en el caso Ojeda, el Gobierno adelantó que, de confirmarse los antecedentes de la investigación, Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de lesa humanidad.
Pese a eso, La Moneda descartó el quiebre formal de relaciones diplomáticas con Venezuela, defendiendo el funcionamiento de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz para los cerca de 12 mil chilenos y chilenas residentes en el país caribeño.
De paso, en conversación con Radio Cooperativa, Cordero sostuvo que no ha visto “ninguna aplicación práctica” del convenio de colaboración policial con Venezuela, firmado cerca de un mes antes del secuestro y asesinato de Ojeda.