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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo. La relación entre La Moneda y el Ministerio Público se tensa por un recorte de gastos de $544 mil millones, donde la Fiscalía sufrirá una disminución de $7 mil millones, afectando la protección de víctimas, peritajes y compras de softwares. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defiende la medida, generando críticas de dirigentes políticos y de la Asociación de Fiscales. En el mundo político se plantean alternativas para reponer el monto recortado, mientras se espera una reunión entre el Ejecutivo y Fiscalía para abordar el tema. Este ajuste forma parte de un acuerdo en la Comisión mixta de Presupuesto, donde se excluyeron servicios clave como salud, Carabineros y PDI.
Durante los últimos días, se ha agudizado una polémica que mantiene tensionada la relación entre La Moneda y el Ministerio Público. Se trata del recorte de gastos que llevará adelante el Ejecutivo para este año, del orden de los $544 mil millones.
En medio de ese contexto, la Fiscalía recibirá un duro golpe a su billetera, ya que el recorte presupuestario para el organismo sería de $7 mil millones, lo que provocaría, según voces internas de la institución, un impacto grave en la operatividad.
De hecho, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, indicó que la repartición tendrá menos dinero para la protección de víctimas y lo mismo ocurrirá con peritajes privados. También, lamentó que no podrán comprar softwares para análisis informáticos.
“No es fácil administrar las finanzas públicas”
Frente a los diferentes cuestionamientos que han surgido, por parte de diferentes sectores, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “en Chile abundan dirigentes políticos que piensan que acortar el gasto, el fácil, que se hace así, de una plumada, y que prácticamente el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, agregan poco valor a la gestión pública”.
“Bueno, esto demuestra que no es fácil administrar las finanzas públicas”, agregó.
En ese sentido, el secretario de Estado anunció que buscará reunirse con el Ministerio Público, cita en la cual señalarán el compromiso del Ejecutivo con la seguridad. Así, recordó que aún hay proyectos importantes en proceso legislativo vinculados al organismo, como el que busca aumentar la dotación de personal casi en mil funcionarios.
De todas formas, se desconoce cuando se podría llevar a cabo este encuentro. De hecho, no es algo que esté confirmado, puesto que en Fiscalía deben revisar su agenda.
Cabe mencionar que el Ministerio Pública es sólo una de las partidas que sufrirá un recorte, pero hay más. Por ejemplo, el Poder Judicial experimentará un déficit de $17 mil millones.
Todo esto forma parte de un acuerdo, al que se llegó en la Comisión mixta de Presupuesto, en el marco de la discusión del erario fiscal del 2025. Allí, se estableció expresamente que los servicios de salud, Carabineros, PDI, Gendarmería, sistema escolar, concesiones y subsidios de vivienda, no se verían afectados por este ajuste fiscal.
Frente a este escenario, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, señaló que el recorte a Fiscalía “va a tener un efecto negativo en los indicadores de persecución penal y, naturalmente, eso redunda en una incapacidad para poder resolver adecuadamente las brechas de impunidad que la ciudadanía demanda resolver”.
Mundo político y recorte presupuestario al Ministerio Público
En el mundo político apelan por alternativas que permitan reponer el monto de $7 mil millones que se le recortó al Ministerio Público. De hecho, en la Comisión de Seguridad, el diputado Jorge Alessandri (UDI) planteó que la posibilidad de reducir gastos en otras áreas o utilizar ahorros, considerando la importancia de la repartición en cuestión.
En tanto, el diputado PS, Raúl Leiva, indicó que existen diferentes opciones, como una evaluación presupuestaria o reevaluación de los compromisos de ejecución.
Estas propuestas fueron entregadas directamente por los parlamentarios al ministro Segpres, Álvaro Elizalde, quien fue invitado a la sesión de la Comisión de Seguridad del pasado miércoles.
La citación fue presentada como una instancia “para conocer las medidas que el Gobierno se encuentra coordinando a fin de dejar sin efecto el recorte presupuestario”.
Allí, el secretario de Estado entregó las excusas de La Moneda sobre esta polémica, repitiendo lo que ha sido la explicación del Gobierno. Esto en cuanto a que el ajuste fue parte de un compromiso legal establecido con el Congreso en la Ley de Presupuestos, que exigía una reducción de aproximadamente $543 mil millones. Además, recordó el acuerdo en el que se estableció las áreas que no sufrirían recortes.
No obstante, en la comisión reprocharon que lo expuesto por el titular de la Segpres era información ya conocida y que no abordó lo que buscaba la sesión: conocer alguna propuesta del Ejecutivo para revertir el recorte.
Ante aquello, el ministro Elizalde aseguró que “la Segpres coordina, pero no está a cargo de las finanzas públicas. Sería irresponsable de mi parte porque, además, esa es una tarea de un nivel de responsabilidad enorme”.
“Muchas veces los parlamentarios dicen ‘queremos gastos’, y la labor del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto es cómo esto se va a financiar (…) Se tuvieron que tomar decisiones en plazos acotados, sobre la base de lo que se había acordado y lo que se había votado por el propio Congreso Nacional. Pero, obviamente, se van a establecer los diálogos con la institución respectiva”, agregó.