Las críticas contra la ministra Fernández por fallida compra de casa: Chile Vamos opta por la mesura

“Desde que murió mi madre (…) Jamás he recibido un peso por esta casa”. Con esas palabras, la ministra de Defensa, Maya Fernández, salió al paso tras los múltiples cuestionamientos que ha recibido por parte de la oposición, en medio de la polémica por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Cabe mencionar que la secretaria de Estado es nieta del exlíder de la Unidad Popular (UP). Por lo anterior, ante este episodio, que ha sido catalogado como bochornoso por algunos sectores, la derecha puso en duda la probidad de la ministra Fernández.

El intento de comprar la casa de Salvador Allende habría contravenido la Constitución, según argumentan en la oposición, por la celebración de un contrato entre el Estado y la secretaria de Estado, motivo por el que están pidiendo su salida del gobierno.

Ministra Fernández y fallida compra de casa de Allende: “Nunca participé en reuniones”

Frente a este escenario, la ministra Maya Fernández explicó que, “siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y, por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento que tenía que ver con aspectos técnicos o con cosas propias de la casa”

“Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, agregó.

Además, la secretaria de Estado descartó renunciar, remarcando que está en el cargo porque la nombró el Presidente de la República, y estará hasta que él lo decida. ,

En cuanto al posible daño que esta polémica podría generar a la familia Allende, la titular de Defensa señaló que “el legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”.

Al finalizar su intervención, apuntó a que “parte del Gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual lamento. Y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, antes de las declaraciones de Maya Fernández, siguió el mismo libreto, asegurando que el hecho generó preocupación en el Ejecutivo.

“Se traduce en la responsabilidad política que hace valer el presidente con la ministra que llevaba adelante el proyecto, que era la ministra de Bienes Nacionales. Esa es la lógica con la que hemos actuado y creemos que eso resuelve, sanea, las dificultades que tuvo este proyecto, no sin haber dejado, ciertamente, una tristeza, una frustración, una preocupación”, dijo.

Continúa la arremetida de la oposición

De todas formas, los intentos del Ejecutivo por intentar contener la polémica han dado resultados, puesto que la oposición insiste en escalar su arremetida contra las partes involucradas en la fallida operación.

De hecho, tomó fuerza la idea de destituir a la ministra Fernández y a la senadora Isabel Allende (PS), y se planteó que, además de los republicanos, diputados de la UDI y del Partido Social Cristiano buscarían concurrir directamente al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en la tarde del pasado miércoles, el panorama cambió y las bancadas de Chile Vamos, en la Cámara de Diputadas y Diputados, anunciaron que solicitarán la conformación de una Comisión Especial Investigadora para determinar eventuales infracciones legales y constitucionales, y así llevar estos antecedentes al TC.

En Chile Vamos confían en tener los votos necesarios para avanzar en esta medida. Así lo comentó el diputado y jefe de la bancada gremialista, Gustavo Benavente, quien sostuvo “queremos hacer valer las responsabilidades políticas que involucren a todas las personas que puedan estar envueltas en este caso”.

En la misma línea, el diputado Andrés Longton (RN) añadió que “queremos saber las comunicaciones entre la ministra de Bienes Nacionales y la ministra de Cultura, los informes sobre tasaciones, las copias de las escrituras de los decretos (…) No hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional”.

Aun así, en el sector hay quienes plantean la posibilidad de avanzar en una Acusación Constitucional, dado que consideran están configurados los argumentos para una causal de cesación del cargo de la ministra Fernández.

Sin embargo, en Chile Vamos optaron por la mesura, puesto que no estarían los votos para una AC. Además, se considera que una acusación fallida ayudaría a despejar la presión en contra del Gobierno.

Sumado a lo último, también pesa el fracaso de las últimas arremetidas constitucionales contra autoridades de La Moneda, donde ninguna ha logrado avanzar más allá de su primera valla, la Cámara de Diputados.

Por otra parte, los cuestionamientos no vienen sólo de la derecha, ya que, pese a los constantes intentos del Ejecutivo de aplacar el debate, las vocerías sobre el tema no logran cerrar los flancos en el propio oficialismo.

Por ejemplo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) aseguró que la fallida compra del inmueble del expresidente “fue uno de los actos más bochornosos que nos ha tocado vivir”.

“Ha sido perjudicada, no solamente el gobierno, se ha perjudicado a una familia que ha entregado una vida al servicio público, como es la familia Allende”, continuó.

En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó la declaración de la ministra Fernández, indicando que “esa autocrítica todavía es insuficiente. La pregunta no es sólo si participó directamente o no en ese proceso. La situación es delicada. Pero, también, es necesaria una explicación un poco más profunda”.

De igual manera, hubo quienes respaldaron a la ministra Fernández, como el diputado Tomás De Rementeria (PS), quien planteó que “la ministra, en este contrato fallido, que no nació de la vía del derecho, no participaba como ministra, así que no es responsable de los errores administrativos que pudo haber tenido”