Aumenta debate por fallida compra de casa de expresidente: tras arremetida contra Allende y Fernández

La polémica en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende continúa generando repercusiones, aumentando la presión contra las partes involucradas, donde aparece la ministra de Defensa, Maya Fernández, como copropietaria.

Cabe mencionar que la compra del inmueble se frenó porque la Constitución establece restricciones que prohíben a ministros y senadores celebrar contratos con el Estado mientras ejercen sus cargos.

Arremetida de Republicanos contra Maya Fernández e Isabel Allende

Por lo anterior, diputados del Partido Republicano anunciaron la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de destituir a la secretaria de Estado y, también, a la senadora Isabel Allende (PS), hija del exmandatario fallecido.

El argumento es que la causal de cesación en el cargo “ya está provocada, por el hecho de que firmaron un contrato”, que es el de compraventa.

En ese sentido, el diputado y jefe de la bancada de dicha colectividad, Luis Sánchez, sostuvo que la decisión de acudir al TC “porque creemos que es el primer paso, es el paso que corresponde hoy, y es esa instancia la que tiene que resolver, para que esto no sea un juicio político”.

Por el contrario, el gobierno ha buscado ponerle paños fríos a la polémica. En esa línea, la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry planteó que “los contratos se celebran con un objetivo, en este caso el objetivo es la transferencia de una propiedad, de un bien raíz, en esta caso de la familia del expresidente Allende al fisco. Eso no ocurrió, ni estuvo cerca de ocurrir, porque faltaban todavía etapas pendientes”.

Por su parte, la senadora Allende rompió el silencio y, en el Senado, entregó una declaración respondiendo al requerimiento del Partido Republicano, sin responder preguntas de la prensa.

De esta manera, señaló que “así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento de que, también, se conozcan los hechos, poder defendernos (…) Porque voy a terminar solamente diciéndoles algo: Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negociados, ni en nada; creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera”.

División en el oficialismo por fallida compra de casa de expresidente Allende

La polémica no sólo ha significado una discusión entre el Ejecutivo y la oposición, sino que, también, ha generado divisiones al interior de la alianza oficialista.

Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, defendió a la ministra Fernández y a la senadora Allende, apuntando a un aprovechamiento político, argumentando que se está “escondiendo lo que es la verdadera cara de una derecha dura, que no tiene interés en la gente, que no entiende que aquí se agotó un tema, que hay una responsabilidad política asumida”.

Asimismo, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) planteó que la autoridad cuestionada “tendrá la oportunidad de defenderse”. Además, agregó que, “en ningún caso, acá ha habido un intento de aprovechamiento por parte de la familia Allende, sino todo lo contrario, proponer y entregar la casa para el patrimonio”.

En tanto, en sectores del oficialismo hay ciertos reparos al rol que tuvieron los asesores del Presidente Gabriel Boric en el proceso. Esto, considerando que el mandatario firmó el decreto inicial que instruyó avanzar en el proceso de adquisición del inmueble.

Al respecto, la ministra Etcheverry aseguró que con su firma el Presidente solo actuó como “conductor”, entregando la responsabilidad al ministerio de Bienes Nacionales para ejecutar la iniciativa.

De todas formas, hay quienes cuestionaron a Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, y a Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres, encargada de resguardar la legalidad de los decretos que firma el Presidente.

La diputada y jefa de bancada independiente-PPD, Camila Musante, planteó que es “impresentable que los asesores jurídicos no hayan puesto las alertas en el momento que corresponde. De esta manera exponen al presidente, al gobierno, por lo tanto, creo que hay que hacer cambios”.

Asimismo, su compañero de comité, el diputado Jaime Araya, espera que “asuman responsabilidades, así como lo hizo la ministra Sandoval, los asesores del presidente de la República que tomaron estas decisiones, que se involucraron en esto”.

En el Gobierno descartaron avanzar en responsabilidades administrativas al no concretarse la compra, encapsulando las culpas solo a la conducción política. Aun así, Etcheverry indicó que “la firma en la Notaría no debió haber ocurrido”.

La explicación de La Moneda deja sin disipar los cuestionamientos y en la oposición se activaron reuniones de comités para analizar una eventual acusación constitucional contra la ministra Fernández.

El diputado y jefe de bancada UDI, Gustavo Benavente, señaló que, “en vista de que a la ministra Maya Fernández no se le pide la renuncia, o ella no da un paso al costado, por último reconociendo aunque sea un pequeño mea culpa, esto nos obliga a nosotros a pensar en acciones que vamos a llevar a cabo, una de ellas es acudir al Tribunal Constitucional”.

En la bancada hay quienes cuestionan la viabilidad de concurrir al TC, aludiendo a la “mayoría oficialista” que, consideran, posee el tribunal, apelando por insistir en que se asuman las responsabilidades políticas.

¿La arremetida de la oposición tiene sustento técnico?

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Frente a la interrogante planteada, el académico constitucionalista de la Universidad Finis Terrae, Rodrigo Poyanco, señaló que “la venta de los bienes raíces se reputa perfecta ante la ley cuando se otorga escritura pública”.

“Ya se está cumpliendo la condición constitucional, en este caso un ministro de Estado y una senadora de la república celebraron el contrato”, agregó.

Por su parte, el exministro del TC, Enrique Navarro, planteó que “podría estimarse como una causal de cesación siempre y cuando se tratara de una negociación favorable, desde el punto de vista de patrimonio de ambas partes”.

“Debe tenerse en consideración que al no haberse inscrito la propiedad, no se habría perfeccionado la tradición, que es el modo de adquirir la compraventa, que requiere precisamente la inscripción. Tampoco se habría materializado, por tanto, el perjuicio patrimonial”.