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Una iniciativa para honrar a los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende se convierte en polémica en Chile, tras revelarse posibles conflictos de interés en la compra de la casa de Allende por $933 millones. La adquisición, que involucra a la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, violaría la prohibición constitucional de que ministros celebren contratos con el Estado. A pesar de la aprobación de la Contraloría, la oposición exige la remoción de las ministras y critica la falta de profesionalismo en el proceso. El presidente Gabriel Boric se defiende asegurando la integridad de la familia Allende, mientras que algunos sectores defienden la importancia de cuidar la memoria histórica pero reconocen la necesidad de aclarar los aspectos legales antes de proceder.
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Lo que parecía una iniciativa para honrar el legado de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende se desmoronó en apenas cuatro días, luego de una insólita cadena de errores que provocaron duros cuestionamientos a La Moneda por posibles conflictos de interés, manejo ético y desconocimiento de normas legales.
El epicentro de la polémica radica en los $933 millones que el Ejecutivo había acordado por la compra de la casa de Allende, donde dos de las destinatarias del dinero serían la ministra de Defensa y nieta del exmandatario, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS).
Sin embargo, la situación dio un giro aún más controversial cuando se descubrió que la compra de la casa de Salvador Allende contravenía un principio fundamental de la Constitución. Según establece la Carta Magna, “durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado”.
Pese a ello, el pasado 20 de diciembre, la Contraloría dio luz verde al documento de compra por encontrarse “ajustado a derecho”, ya que no establecía una fecha específica para que el fisco adquiriera el inmueble, lo que, en palabras simples, hacía que el decreto fuera legal.
“Nadie está buscando enriquecerse a costa del Estado”
Frente a este escenario, en medio de su expedición al Polo Sur y en compañía de la propia ministra Fernández, el Presidente Gabriel Boric, aseguró que “nadie está buscando hacer ningún tipo de negocios, ni enriquecerse a costa del Estado”.
“Eso jamás lo permitiría. Y no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende. Por lo tanto, cuestionamiento de ese tipo, me parece, escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio”, agregó.
En la misma línea, la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, detalló que la iniciativa forma parte de un proyecto patrimonial incluido en la Ley de Presupuesto 2024. Sin embargo, añadió que “hemos tomado una decisión que pudiera ser precipitada, pero es firme y consciente, porque no hemos llegado aún a la etapa de un decreto aprobatorio, que es lo que finalmente termina de concretar un trámite y de hacer los traspasos de recursos”.
“Las dos ministras debieran ser removidas”
De esta manera, el pie atrás en la compra de la casa de Guardia Vieja generó una ofensiva por parte la oposición, donde parlamentarios de la UDI denunciaron la falta de profesionalismo de parte de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por no advertir estos hechos.
Por ejemplo, el diputado y jefe de bancada gremialista, Gustavo Benavente, señaló que “aquí hay un error garrafal. Eso revela, también, una forma de gobernar, ya bastante común. Yo le llamo una forma adolescente de gobernar. Se satisfacen los caprichos sin importar los requisitos para llevarlos a cabo, y después nadie asume la responsabilidad”.
Asimismo, su par en la Cámara Baja e integrante de la Comisión de Cultura, Eduardo Durán (RN), planteó que “más que un error es una falta a la probidad pública, porque es un trámite que pasó por varias etapas de aprobación e igualmente se insistió con tal de favorecer a la ministra de Defensa”.
“Las dos ministras debieran ser removidas, o que renuncien por su actuar, tratando de burlar la Constitución por un negocio”, siguió.
Esa última idea tomó fuerza dentro de la misma comisión con respaldo tanto de la coalición opositora como de algunos sectores del oficialismo. Sin embargo, algunos integrantes evitaron pronunciarse abiertamente sobre la iniciativa, adoptando una postura más moderada.
La parlamentaria Nathalie Castillo (PC) evidentemente, sostuvo que, “evidentemente, no fue la mejor decisión. Entiendo que esto ya está subsanado (…) En eso creo que hay que tener siempre una disposición un poco mayor a tomar atención en este tipo de hechos que traen coletazos innecesarios”.
Por otro lado, la controversia alcanzó incluso al propio Partido Socialista. En ese sentido, el senador Fidel Espinoza planteó que “demuestran en cada una de sus acciones, el gobierno, su amateurismo permanente. Le dicen que sí a todas las ideologizaciones que se le ocurren (…) Con este tipo de actos manchan la memoria del expresidente Allende”.
A pesar de las críticas, en el bloque oficialista hay quienes defendieron esta compra. La parlamentaria del Frente Amplio, Gael Yeomans, destacó la importancia de cuidar la memoria histórica y el patrimonio del país, subrayando que este tipo de adquisiciones puede ser adecuado en ese contexto.
Sin embargo, Yeomans reconoció que, dadas las circunstancias actuales, no es oportuno continuar con la compra sin antes esclarecer los aspectos jurídicos involucrados. Asimismo, recalcó que el proceso debe ajustarse plenamente a la ley y la Constitución antes de avanzar.