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La reforma de pensiones entra en su etapa final en el Senado, con la Comisión de Trabajo buscando un acuerdo en los próximos 17 días. En disputa están temas como el financiamiento del \\'bono tabla\\' para equiparar pensiones de género, la entrega de 0,1 UF por año cotizado con dilemas sobre años mínimos de cotización, y la licitación de stock para distribución entre instituciones. Se destaca un posible préstamo de trabajadores al Estado para financiar beneficios. A pesar de las presiones y diferencias, se busca despachar la reforma en enero con la posibilidad de votaciones por mayoría o minoría. Incertidumbre respecto al impacto fiscal, la distribución de subsidios y la exclusión de beneficiarios potenciales.
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La tramitación de la reforma de pensiones entró en su fase final en la Comisión de Trabajo del Senado, instancia que esta semana comenzará a trabajar para lograr un acuerdo, el que debe concretarse en los próximos 17 días.
En medio de un incesante ruido externo de presiones oficialistas y opositoras, llegó el mes en que deberá definirse todo. Son tres temas los que aún están en disputa, dos de ellos tienen relación con el seis por ciento de cotización adicional con cargo al empleador.
Puntos en disputa para acuerdo en reforma de pensiones
El primero es el llamado ‘bono tabla’ para igualar la pensión de hombres y mujeres, que sería financiado con un 0,5% del 6%. Sin embargo, en la oposición piensan que hay espacio para financiarlo con el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, conocido como SIS.
El SIS es financiado por los empleadores en la vida laboral de un afiliado y es un seguro que se adjudica mediante licitación. Desde octubre pasado, la tasa vigente es del 1,5% de las remuneraciones y rentas imponibles.
Por otra parte, uno de los pilares de la reforma para el gobierno es entregar 0,1 UF por año cotizado a los afiliados, llegando a un tope de tres UF. La entrega de estos dineros se financiaría, en parte, por un préstamo de los trabajadores al Estado.
Pero, el dilema está en el universo de beneficiarios. ¿Cuántos años mínimos de cotización se pedirán para recibir el beneficio? Actualmente, hay una diferencia aproximada de 500 mil personas en las fórmulas propuestas: La Moneda apunta a poner el límite entre los 5 y los 10 años, y la oposición entre los 15 y los 20.
Por último, el tercer tema es la licitación de stock, es decir, definir entre qué instituciones serán repartidas las carteras de afiliados. Esto es un debate abierto respecto de sí separar o no la industria entre instituciones privadas y públicas, y entre inversoras y administradoras.
“Hay un compromiso de despachar esto en enero”
En medio de este escenario, el senador y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), planteó que “hay un compromiso de despachar esto en enero (…) Con acuerdos, alternativa uno, sino con desacuerdos y con las votaciones de mayoría, minorías, que esto suponga”.
Por otro lado, la mesa técnica de pensiones ya terminó sus labores. Lo que viene ahora es la discusión política y técnica de las opciones, que luego se convertirán en indicaciones que el gobierno deberá ingresar para que sean votadas en la comisión.
Ante esta situación, el senador e integrante de la comisión en cuestión, Gastón Saavedra (PS), señaló que “los tiempos se terminaron”.
“Establecer requisitos para acceder a este beneficio, no tan conservadoramente; mayor cantidad de chilenos que accedan al 0,1 de UF por cada año que han ahorrado en el sistema. Si no hay acuerdo en torno a estos puntos y la mayoría se impone manteniendo el actual sistema, las AFP habría derrotado a un tercer Presidente de la República en la historia de nuestro país”, agregó.
De todas maneras, en el oficialismo no es ningún secreto que la fórmula del 3 y 3, que daba tres puntos a un pilar contributivo o solidario, es algo que ven con mejores ojos en la actualidad, y muchos no se explican porque ese piso de negociación dejó de existir.
En tanto, la senadora Alejandra Sepúlveda (IND) reconoció una inquietud: “El problema es que esto va a ser una deuda que va a tener el Estado de Chile, que al parecer va entre el 3% y 4% del PIB, que hay que pagar al minuto de la jubilación de la persona, cuando se extinga esta garantía del 0,1 UF por año de cotización. Sin dudas, es una deuda considerable para la capacidad actual como futura”, dijo.
Otra discusión que busca instalar el oficialismo es definir entre quiénes se va a dar esa lógica de subsidio. En ese sentido, temen que si todos los afiliados tuvieran que prestar al Estado, quienes tengan pensiones más bajas van a terminar ayudando a quienes tienen pensiones más altas.
Por lo anterior, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) sostuvo que “hay una diferencia de más de 500 mil personas que quedarían fuera de los beneficios del Seguro Social, y esto es particularmente dramático en el caso de las mujeres”.
“Si queremos subir las pensiones de las mujeres y de los actuales jubilados, se requiere un Seguro Social que de garantías. Y también si es progresivo, si estos subsidios cruzados son de los más ricos a los más pobres, de los hombres a las mujeres”, agregó.